Junts lleva la lucha contra la multirreincidencia al Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario liderado por Míriam Nogueras ha registrado este jueves una proposición de ley, tal como ya hicieron en la anterior legislatura, para incluir modificaciones legislativas que combatan lo que desde el partido denuncian que genera "alarma social en términos de inseguridad". En este sentido, proponen cambios en los delitos relativos a los hurtos (artículo 234 y 235 del Código Penal) para penalizar más la multirreincidencia; condenas de uno a tres años de prisión por el robo de móviles; que el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya pase de 35 a 70 o dotar a los ayuntamientos de la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la que le corresponda a la Fiscalía. En un comunicado, los juntaires señalan la multirreincidencia como "uno de los problemas más importantes en materia de seguridad para los ciudadanos y los alcaldes y alcaldesas".
En la exposición de motivos de la proposición de ley, Junts expresa que "desde el año 2021" los alcaldes denuncian esta situación: "Se refieren al hecho de que, en sus municipios, un reducido grupo de personas sean autoras de oleadas de delitos poco graves, especialmente hurtos y, a veces, peleas, que el sistema —sea policial, administrativo o judicial— no siempre es capaz de evitar". En concreto, apuntan a datos de los Mossos d'Esquadra: "El año 2022, se cerró con 283 personas multirreincidentes detenidas 2.270 veces en Barcelona, implicadas en 5.602 hechos delictivos, principalmente robos violentos y hurtos. Los cinco multirreincidentes más activos en Barcelona fueron detenidos 117 veces, y entre todos acumulaban 178 antecedentes".
Aunque en agosto de 2022 se hizo una reforma del Código Penal para "dar solución a la insuficiente respuesta ante los hurtos multirreincidentes no superiores a 400 euros, porque los otros ya tenían pena de prisión", Junts cree que "la situación en las calles sigue empeorando gradualmente". "El trabajo policial, en muchos casos, no es efectivo hasta que una sentencia firme condenatoria con pena de prisión obligue al ingreso de los delincuentes a la prisión, proceso que puede durar años o, incluso, puede no producirse", añaden. En esta línea, el cambio que proponen es que el hurto sea castigado con la pena de prisión de uno a tres años cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por "tres delitos menos graves o graves", de manera que se puedan incluir los que no superan los 400 euros. En paralelo, proponen incluir entre los delitos que se condenan con uno a tres años de prisión a los que roben "objetos que sean dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos".
Actuación de los ayuntamientos
Los alcaldes de Junts en el Maresme han denunciado las pocas herramientas que tienen para poder actuar contra la multirreincidencia. En otros puntos del territorio también se ha compartido esta queja, como han hecho algunos concejales de seguridad de municipios del Baix Empordà. En esta línea, Junts incorpora en la proposición de ley que se añada al Código Penal que "las entidades locales puedan ejercer la acción penal que nace de los delitos de hurto". Por otra parte, sobre la información que hay en los registros del sistema de justicia, reclaman que se facilite "el acceso al texto íntegro de la sentencia" y que se incluya "el importe sustraído o el valor" de los hurtos.