Última semana de julio. Inicio de las vacaciones parlamentarias en España. Los líderes de los grandes partidos comparecen para hacer balance del curso político. Ha sido un curso claramente marcado por la corrupción. Ninguno de los dos habla de ello, ni Sánchez ni Feijóo. Los líderes de PSOE y PP optaron por el cinismo. Uno explicó que presentará nuevos presupuestos para 2026 —a pesar de haberlos pospuesto dos veces previamente— y que cuenta con agotar la legislatura hasta el año 2027 sin tener que adelantar elecciones. El otro pidió a su partido que se ponga en modo electoral porque cree que habrá elecciones anticipadas, planteó las prioridades de los 100 primeros días de gobierno del PP y anunció una lista de “leyes sanchistas” para derogar. Toda una demostración de hipocresía, de desvergüenza y de desprecio hacia las normas éticas básicas que deben guiar una sociedad democrática. Parece que el Estado está corrompido estructuralmente y lo que interesa a todos es no hablar de ello.
La galería de presuntos corruptos del PSOE y del entorno presidencial que deja este curso —unos con más presunción de inocencia que otros— está formada, entre otros, por Koldo, Ábalos y Cerdán (partido) y Begoña Gómez y David Sánchez (familia). También aparece Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a quien Pedro Sánchez mantiene su apoyo después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por presunta revelación de secretos relacionados con la pareja de Ayuso. Cualquier observador podría preguntarse: ¿y de todo esto el jefe de la oposición no quiso hablar cuando hizo la comparecencia de valoración del curso político? Pues no. También quiso centrarse en hacer propuestas de complicado cumplimiento. Si lo que propone Sánchez —aprobar presupuestos y no adelantar elecciones— es de gran dificultad, lo que propone Feijóo —la derogación rápida de todo el marco legislativo del actual Gobierno— lo es aún más, ya que ni gobierna ni hay elecciones.
¿Por qué lo hizo? Porque, aunque el fiscal general del Estado esté procesado por presunta revelación de secretos, eso no quita que la pareja de Ayuso pueda ser culpable de fraude fiscal. Y porque hace cuatro días se ha destapado el caso Cristóbal Montoro. La imputación de quien fuera ministro de Hacienda en el gobierno de M punto Rajoy por siete delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, ha hecho saltar por los aires toda la narrativa anticorrupción del PP y además ha comprometido a la Agencia Tributaria. Por si esto no fuera suficiente, el próximo otoño —una de las metas volantes a las que quería llegar Sánchez para librarse de la presión por corrupción— habrá movimiento judicial en casos de corrupción que el PP tiene pendientes: Púnica, Gürtel, Lezo, etc.
El paisaje de la política española es devastador
El paisaje de la política española es devastador. Casi en quiebra institucional —policía patriótica, jueces insumisos, instituciones corruptas— ninguno de los principales partidos, llenos de corrupción, es una alternativa que pueda ofrecer confianza. Se han instalado en el “y tú más”, en la corrupción como mal menor porque la alternativa es peor y en culpar a la ciudadanía si tienen tentaciones de dar una oportunidad a opciones populistas de derecha e izquierda. Algo lamentable, ciertamente. Con este panorama no están para regañar a nadie, ni para ofrecerse como mal menor, ni para cubrirse de cinismo para fingir que la corrupción no existe. Ni los de allí ni los de aquí, porque esto afecta tanto a los responsables como a quienes les dan apoyo. No hace falta que vendan medidas que todos sabemos que son imposibles. Ni que definan cada acuerdo como histórico —una semana más de baja por maternidad y el no traspaso de Cercanías. Que empiecen por abandonar la corrupción y el cinismo.