El caso de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia tras un intento de suicidio en 2022, que pidió una eutanasia alegando un sufrimiento constante e irreversible, vive un nuevo episodio judicial. La cruzada Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha conseguido que el juzgado número 20 de Barcelona haya admitido a trámite la querella de esta asociación ultracatólica contra los dos miembros que forman el comité que autorizó la eutanasia de la joven, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación. La magistrada Eva Moltó ha abierto diligencias penales de investigación contra el doctor F.M. y la jurista M.M.P. que forman parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC) por considerar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos de delito de falsificación documental por funcionario (y) prevaricación prevista y penada en el vigente Código Penal”, por lo que procede admitirla a trámite y “acordar la práctica de aquellas diligencias que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y personas responsables”, según el auto al que ha tenido acceso ElNacional. Con esta decisión judicial, Abogados Cristianos consigue que el caso salte de la vía contencioso-administrativa (donde se avaló la eutanasia) a la penal, y supone un nuevo obstáculo para la aspiración de Noelia a tener una muerte digna.
El doctor y la jurista elevaron el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que en agosto de 2024 consideró que cumplía los requisitos legales según la Ley de Eutanasia. Pero el padre de la joven, con el abogado José María Fernández Abril, de la fundación española Abogados Cristianos, consiguió pararlainterponiendo recursos legales para impedir la muerte asistida, argumentando que ella no tenía plena capacidad para tomar esta decisión debido a trastornos mentales previos. La justicia catalana desestimó estos recursos, entendiendo que Noelia sí está en plenas facultades mentales para decidir sobre su vida y que el derecho a una muerte digna le corresponde exclusivamente a ella, no a su familia. Aquel se convirtió en el primer juicio en el Estado español en el que se detiene una eutanasia por parte de un tercero, su padre, y no de la persona solicitante, como prevé la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó la autorización para la eutanasia el pasado septiembre, que el padre había conseguido paralizar in extremis hace un año, pero también reconoció el derecho de su padre a presentar un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Abogados Cristianos, sin embargo, se ha sacado este as judicial de la manga con la querella penal que ahora la jueza ha admitido a trámite.
La asociación ultra alega conflicto de intereses y simulación en los informes de la comisión. Según la querella, ambos, en su condición de médico y jurista designados como la dupla evaluadora de la CGEC, “reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe del 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión”. Esta simulación, para Abogados Cristianos, supone falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar completamente el curso legal previsto en la ley. En un comunicado, la asociación ultracatólica considera que si el informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia "está viciado desde el origen, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, no se puede aplicar la eutanasia de Noelia con mínimas garantías jurídicas". Abogados Cristianos insiste en que “la actuación de los miembros de la Comisión no ha dado más garantías a la paciente, si no a la misma Administración, blindando la decisión y dificultando su control judicial”. Por ello, la fundación reclama que “se suspenda cualquier ejecución de la eutanasia mientras se investiga la posible comisión de los delitos de falsedad documental y prevaricación.”
Así, Abogados Cristianos ha conseguido prolongar la suspensión de la eutanasia de Noelia con la admisión de esta querella que, si bien no prejuzga la culpabilidad, permite citar a declarar a los investigados y recabar pruebas antes de decidir si se archiva el caso o la jueza lo eleva a juicio. El auto ordena como primera diligencia, con carácter previo a decidir si toma declaración a los dos querellados, que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones clave de los querellados. La presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos (foto principal), asegura que “no se puede acabar con la vida de una persona sobre la base de un procedimiento nulo y construido sobre una mentira. Si quienes debían garantizar la ley reconocen que falsearon un informe, la eutanasia de Noelia no puede seguir adelante. Vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo”.
Los padres de Noelia perdieron la custodia de la menor cuando ella tenía 13 años por falta de recursos económicos, lo que llevó a su ingreso en un centro sociosanitario. Sin embargo, el padre ha intervenido legalmente desde 2024 para paralizar el proceso de eutanasia, representado por Abogados Cristianos, argumentando problemas mentales de la joven y presentando pruebas médicas.
