El eurodiputado del PP Adrián Vázquez presidió la anterior legislatura, cuando era eurodiputado de Ciudadanos, la Comisión de Asuntos Jurídicos donde se debatió el suplicatorio para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, y se convirtió en uno de los miembros más activos en la Eurocámara para intentar apartar al president en el exilio de su escaño. La ofensiva de Vázquez contra los políticos independentistas sigue en plena efervescencia en esta legislatura y ya desde las filas del PP. El pasado mes de septiembre presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea sobre "reiteradas negativas de Bélgica a ejecutar una orden de detención europea contra un miembro del Parlamento Europeo", en la que reclamaba al ejecutivo comunitario que se pronunciara al respecto.
Pero la respuesta de la Comisión no ha sido posiblemente la que Vázquez esperaba, dado que no ha hecho más que recordarle el principio básico de la separación de poderes y la independencia judicial. "La orden de detención europea es un procedimiento enteramente judicial entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE que se fundamenta en las circunstancias particulares de cada caso concreto en el que se solicita la entrega. Ni la Comisión ni los gobiernos de los Estados miembros pueden interferir o influir en las resoluciones de las autoridades judiciales", argumenta la Comisión.
En su pregunta por escrito, Vázquez recordaba que la orden de detención europea es un "instrumento clave de cooperación judicial en la Unión", que se basa en el reconocimiento mutuo entre Estados miembros. "No obstante, en los últimos años las autoridades judiciales belgas han rechazado en varias ocasiones ejecutar órdenes emitidas por otro estado miembro contra un eurodiputado en situación procesal activa", denunciaba Vázquez, además de recordar que el abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, en 2025 dio por bueno el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados independentistas.
Pregunta sobre la ODE
Por todo ello, Vázquez pedía a la Comisión su valoración sobre "la compatibilidad de estas decisiones con el principio de reconocimiento mutuo que sustenta la OEDE, y si considera que la negativa reiterada de un estado miembro, en referencia a Bélgica, a ejecutar euroórdenes "compromete la confianza mutua y la eficacia de la cooperación judicial en la Unión".
Además de estas dos cuestiones, Vázquez preguntó también sobre las medidas que piensa adoptar la Comisión para asegurar que la orden de detención europea se aplique de manera uniforme, especialmente cuando afecta a miembros de la Unión. En este último punto, la CE señala que seguirá supervisando la transposición por parte de los Estados miembros de la decisión marco relativa a la orden de detención europea "y está dispuesta a tomar medidas en caso necesario, también mediante procedimiento de infracción".