La mayoría de los magistrados de la sal penal del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una inhabilitación especial de dos años en el cargo por un delito de revelación de secretos, por haber enviado a los medios de comunicación un correo electrónico de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También deberá pagar una multa de 7.500 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión no ha sido unánime: las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García han emitido dos votos particulares contrarios a esta condena del fiscal del Estado, que no tendrá efectos hasta que no se emita una sentencia.
El tribunal (que está formado también por Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, que ha asumido la redacción de la sentencia, que inicialmente tenía que hacer Polo) es de mayoría conservadora y ha avanzado su decisión una semana después de que el juicio quedara visto para sentencia. Fue un juicio histórico; la primera vez que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo de los acusados. Se juzgó la filtración y publicación en los medios de comunicación de los correos electrónicos en los que González Amador reconocía haber cometido un delito fiscal y pedía al Ministerio Público llegar a un acuerdo. La publicación del email desmentía un bulo difundido por el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y publicada en el diario El Mundo: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido este pacto, cosa que después se demostró que era mentira. Durante el juicio, múltiples testigos defendieron la inocencia de García Ortiz, especialmente los primeros periodistas que publicaron la noticia. No destaparon su fuente, pero aseguraron que esta no era el fiscal general.
Solo puede ir al Constitucional
Una vez reciba la sentencia, la defensa de García Ortiz solo podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que el Supremo es la última instancia jurisdiccional, y como en el caso de los independentistas catalanes, lo ha juzgado una sala reforzada, formada con siete magistrados. Según juristas consultados por ElNacional.cat, el fiscal general puede pedir al Constitucional una medida cautelarísima —sin comunicar a las partes- o una medida cautelar- con consulta de todas partes- para que suspenda de forma excepcional su condena, es decir su inhabilitación, hasta que resuelva el fondo del recurso sobre vulneración de derechos. Este extremo parece descartado, puesto que fuentes del Gobierno han anunciado que se iniciará, "en los próximos días" el procedimiento para sustituir García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que siempre ha defendido su inocencia. No obstante, si García Ortiz quiere presentar el su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene que agotar los recursos internos en el Estado español, y por eso, tendría que presentar un recurso de amparo al TC.
La condena descoloca al Gobierno, que nombrará a un nuevo fiscal general
El juicio a García Ortiz duró dos semanas. Tras la primera, en una entrevista a El País, Pedro Sánchez defendió la inocencia del fiscal general. Ahora, esta condena deja descolocado al presidente del Gobierno. Fuentes de la Moncloa manifiestan que "respetan" la decisión del Supremo, pero que "no la comparten". El ejecutivo se compromete, sin embargo, a "poner en marcha en los próximos días el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". El Gobierno destaca el trabajo hecho por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad".
El PP pide la dimisión de Sánchez
A raíz de las declaraciones de Sánchez en las que defendía la inocencia del fiscal, el PP ha pedido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno. "Debe pedir disculpas a los españoles, dimitir y convocar elecciones; no hay más", ha manifestado en Twitter (X) la portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz. La exsecretaria general y actual vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que "quien debe perseguir delitos, los ha cometido". "La verdad se ha impuesto", ha sentenciado.
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, por su parte, también ha pedido nuevas elecciones "por dignidad y vergüenza". Una de las caras más visibles del partido que más crece en todas las encuestas ha acusado al Gobierno de Sánchez de "colonizar y asaltar" todas las instituciones del Estado.
Podemos ve un "asesinato civil" en un caso de "golpismo judicial"
Esta condena —que se hace pública en el cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco— es, según Podemos, un "asesinato civil" al fiscal general. Así lo ha manifestado en esta misma red social la secretaria general del partido, Ione Belarra, que ha acusado a "la derecha judicial y mediática" de "tapar la corrupción de Ayuso y su novio". "Es puro golpismo judicial; basta ya; ¿qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", se ha preguntado en esta publicación.