Sin cambios en el apoyo cerrado del Gobierno al fiscal general del Estado a pesar de que esté a un paso del banquillo de los acusados. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento de Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero esto no varía ni un ápice la posición de la Moncloa. Como ha mantenido desde que en octubre se abrió la causa penal, Pedro Sánchez ha vuelto a alinearse con él: “Respaldamos la acción del fiscal general del Estado”, ha manifestado desde Palma después del tradicional despacho con Felipe VI en el Palacio de Marivent. “Creemos en su inocencia y cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”, se ha limitado a añadir. Y nada más. Hace unas horas, desde la sala de máquinas de la Moncloa, mantenían el mismo relato. “Nos tenemos que remitir a lo dicho hasta ahora”, contestaban fuentes del ejecutivo. “Siempre hemos confiado en su inocencia y máximo respeto a la justicia”, insistían. De momento, Álvaro García Ortiz no se plantea dimitir.

📝 El Supremo deja a un paso de juicio al fiscal del Estado por revelación de secretos de la pareja de Ayuso

 

 

La última vez que el presidente español se pronunció sobre esta causa fue el 11 de junio durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. “Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a delincuentes”, verbalizó en respuesta a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo, que lo acusó de ser un “peligro para la democracia”. Hoy, el líder del PP, ha vuelto a reclamar la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz: “Es sencillo, quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”, ha manifestado en X. “No puede seguir ni un minuto más”, ha añadido.

Sánchez, en diciembre: “¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general?”

Unas de las palabras que más se recuerdan del presidente español sobre la investigación del Supremo fueron en diciembre, después de que se supiera que la Guardia Civil no había encontrado ningún mensaje en el móvil de Álvaro García Ortiz. Posteriormente, la misma UCO acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes el mismo día que el Supremo le abrió la causa. A pesar de los intentos del juez, los mensajes no se han podido recuperar. “Es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables. […] La desaparición de la información tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación”, esgrime hoy la Sala de Apelación del Supremo. “¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general?”, se preguntó Sánchez en aquel momento. “Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación”, añadió en una rueda de prensa después de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

“Resulta que hoy en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general”, insistió el presidente español, que presentó el caso como una “inmensa cortina de humo que se está esfumando”. En este sentido, exigió a los que acusaron “sin pruebas” al fiscal general del Estado que “pidan disculpas y asuman su responsabilidad” alegando que la “infamia” y la “acusación sin pruebas” no puede salir “gratis” en una democracia. “Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno en el fiscal general, después del informe de la UCO, aún más”, había verbalizado previamente. Fue en una comparecencia en la Moncloa, en la que expresó la “confianza del Gobierno en su fiscal general”, una expresión que levantó las críticas de las asociaciones de fiscales.

“¿Cuándo el PP va a exigir responsabilidades a Ayuso?”

Dos meses antes, después de que el Supremo abriera la causa, Pedro Sánchez también defendió la actuación del fiscal general del Estado: “Ha hecho su trabajo y ha hecho lo que debía hacer: perseguir al delincuente y combatir un bulo”. Y esta ha sido la línea argumental de la Moncloa desde entonces. El primero que trazó el camino había sido el ministro Félix Bolaños, que mostró el “respaldo total” del ejecutivo hacia el fiscal general del Estado: “Cumplió con su deber de proteger la verdad”.

En ese momento, Pedro Sánchez señaló directamente a Isabel Díaz Ayuso: “El origen de todo esto es que el jefe de gabinete [Miguel Ángel Rodríguez] de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón, pareja de un delincuente confeso, propaga desinformación para situar la mentira del lado de la Fiscalía”, argumentó. “Como sociedad, tenemos que preguntarnos cuándo el Partido Popular va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, añadió. “Lo que nos falta es que el señor Feijóo exija las responsabilidades políticas a su jefa, a la señora Ayuso, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, apostilló.

Álvaro García Ortiz, hace un mes y medio: “No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”

Después del procesamiento, fuentes de su entorno replicaron que el fiscal general del Estado reiteraba su inocencia y se reafirmaba en su “compromiso de seguir defendiendo la actuación y la integridad de la institución”. “No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”, defendió él mismo días más tarde. “Si yo no permaneciera en mi puesto, el siguiente fiscal que me fuera a sustituir iba a ser una figura débil”, añadió. Y el Gobierno cerró filas con él: el ministro Félix Bolaños mantuvo su “confianza” en él y lo definió como un “servidor público ejemplar” y la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, lamentó que “algunos jueces hacen cosas difíciles de entender”, acusando veladamente al magistrado de prevaricación.