Alberto Núñez Feijóo ha quedado desplazado de la guerra cultural en la que se han sumergido Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en el último mes. El presidente del Gobierno y la jefa del ejecutivo autonómico de la Comunidad de Madrid han polarizado debates sobre Gaza y el aborto y han trazado una línea que ha dejado en fuera de juego al máximo líder del PP. Las encuestas sobre futuras elecciones generales, además, pronostican que quien más se dispara es la fuerza polarizadora de Vox. En paralelo, Feijóo intenta tapar el primer aniversario de la DANA valenciana citando a Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo. Los populares están convencidos —o ya lo saben— de que está a punto de llegar un informe de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Mientras tanto, los socialistas reactivan la comisión que investiga en el Congreso las negligencias de la catástrofe meteorológica, en la misma cámara donde semana tras semana queda patente su fragilidad parlamentaria, ahora con un Podemos obstinado en convertirse en el socio más espinoso del PSOE con vetos y exigencias en carpetas que solo afectan a Catalunya.

Mientras Gaza acaricia un período de paz debido al acuerdo entre Israel y Hamás propuesto por Trump, Sánchez ha encontrado un nuevo terreno donde desplegar su batalla cultural, el aborto. Y ha encontrado a su adversario favorito, Ayuso. Todo empezó con la decisión del Ayuntamiento de Madrid que gobierna el popular José Luis Martínez-Almeida de informar a las mujeres que vayan a interrumpir su embarazo de un supuesto "síndrome postaborto" que ha sido cuestionado por expertos; una iniciativa que impulsó Vox. La respuesta del Gobierno fue subir la apuesta y cumplir con uno de los puntos en el ideario del PSOE, que en el congreso federal del pasado diciembre aprobó inspirarse en la Francia de Emmanuel Macron y blindar el derecho al aborto en la Constitución. Para conseguirlo hace falta una amplia mayoría en el Congreso. Es decir, un pacto con el PP. Pero Feijóo se niega a ello. Seguidamente, el Gobierno envió un requerimiento a los presidentes autonómicos de Madrid, Baleares, Aragón y Asturias en el que les exigía que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, tal como determina la ley.

Ayuso, que también está salpicada por el presunto caso de fraude fiscal de su pareja, no hace de la corrupción su principal caballo de batalla contra Sánchez. A pesar de que en algunas de sus declaraciones menciona los casos de Begoña Gómez o la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo, su carril principal es el de confrontar su concepto etéreo de ‘libertad’ con la autocracia que, a su parecer, quiere implementar el presidente del Gobierno. Por eso, así como Sánchez ha hablado de “genocidio” de palestinos, ha cerrado filas con los manifestantes que boicotearon La Vuelta ciclista a España, ha impulsado el embargo de armas y ha enviado un barco para apoyar a la Flotilla; ella ha vinculado el grupo de barcos humanitarios con ETA, se ha fotografiado con los ciclistas de Israel-Premier Tech y ha prohibido las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños. Y lo mismo con el aborto. La respuesta de la lideresa madrileña ha sido negarse a implementar el registro de objetores de conciencia. “Váyanse a otro sitio a abortar”, manifestó este jueves durante la sesión de control a su ejecutivo en la Asamblea de Madrid.

Génova 13, en fuera de juego

La dirección estatal del PP, situada en Génova 13, queda en fuera de juego en toda esta película. Feijóo vio en un primer momento cómo algunos de sus barones se desalineaban de su tesis y proclamaban que la matanza indiscriminada de civiles palestinos por parte de Israel es, efectivamente, un genocidio. El líder del partido hacía equilibrios para no entregarse a la cruzada propalestina como Sánchez pero tampoco quedar como un defensor de Netanyahu como Ayuso o José María Aznar. Y lo mismo le ha pasado ahora con el aborto.

El jueves al mediodía se vio obligado a reaccionar ante las declaraciones de Ayuso y publicó una carta en Twitter (X) muy ambigua en la que hacía contorsionismo lingüístico para no situarse ni en un lugar ni en otro. “No utilizaré causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad; garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción del embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica psicológica, de acuerdo con las leyes”, señalaba en una misiva en la que abogaba por acabar con las adversidades económicas que actualmente frenan a muchas mujeres jóvenes a tener hijos. Sánchez atizó al líder del PP con una respuesta seca: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”.

Feijóo gasta una bala de oro para intentar silenciar el primer aniversario de la DANA

La astracanada de Ayuso sobre el aborto, además, ha conseguido esta semana silenciar completamente el disparo que ha efectuado Feijóo a Sánchez. El líder del PP hizo uso el miércoles de la bala de oro que se ha guardado durante meses y anunció que su partido citará como compareciente al presidente del Gobierno en la comisión del caso Koldo en el Senado la segunda quincena de octubre, con el objetivo de hacer pasar desapercibido el primer aniversario del escándalo de la DANA. Sánchez, socarrón, le respondía con un lenguaje que recuerda al imaginario del caso Bárcenas: “Ánimo, Alberto”. 

 

Pero no pasaba desapercibida una de las preguntas —sin contestar— que le lanzó Feijóo a Sánchez: si ha pedido explicaciones al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre él que se prevé que se publique en los próximos días. El entorno más próximo a Feijóo lo niega, pero el rumor que corría a más velocidad aquella mañana por los pasillos del Congreso es que algún miembro de la UCO ha filtrado al PP que el informe está al caer.

Podemos se disputa la categoría de socio más espinoso con vetos y exigencias que solo afectan a Catalunya

Mientras parte de la batalla política se centra en cuál de los dos principales partidos de la política española carga con más casos de corrupción a sus espaldas, hay ciertos discursos que ya se dan por superados. Ya se ha acabado asumiendo la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez en esta legislatura. Obstinado en agotar el mandato y gobernar al menos hasta 2027, el ejecutivo del PSOE ha normalizado las derrotas en la cámara baja y ya hace tiempo que no apela a la esperanza de llegar a acuerdos en el último minuto, un escenario que sí se repetía en más ocasiones en la anterior legislatura.

Los populares, por ejemplo, ya no se ensañan tanto con los pactos de los socialistas con los independentistas. También se ha acabado normalizando que Junts per Catalunya no forme parte de ningún bloque en el Congreso, después de que sus votos se hayan sumado a los de PP y Vox en varias ocasiones. Ahora, además, Podemos intenta erigirse en el socio más espinoso del Gobierno. En el último mes lo ha hecho, además, invadiendo carpetas que solo afectan a Catalunya, a pesar de que ninguno de los cuatro diputados que hay en el cámara baja de esta formación sean catalán. Tumbaron la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, y este miércoles permitieron la aprobación de la ley de movilidad sostenible a cambio de sus exigencias sobre el aeropuerto de El Prat. Los morados se jactaban de haber “paralizado hasta 2031” las obras de la ampliación, a pesar de que ya se preveía que no empezaran hasta entonces. Sí que han conseguido, no obstante, un mayor compromiso por parte del Ministerio de Transportes sobre las exigencias medioambientales.