La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto este lunes a disparar contra la flotilla y sus integrantes. Esta vez la ha vinculado con ETA porque la misión humanitaria estaba integrada por dos personas —Itziar Moreno y José Javier Osés— que fueron condenadas por pertenencia a banda terrorista. “No parece la flotilla de la paz”, ha espetado en una rueda de prensa en la que ha destacado que “uno de ellos está condenado por intento de asesinato” a un gendarme en 2011. La semana pasada, la lideresa madrileña se refirió a la flotilla como “asamblea de facultad flotante”. Acusó a sus promotores y activistas de obtener réditos económicos gracias a su iniciativa. “Si creyeran que Israel es genocida no habrían ido, pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya han hecho el agosto”, llegó a decir.

Este lunes Ayuso ha opinado que la flotilla distrae la atención sobre los “problemas reales” de los ciudadanos españoles y “no resuelve nada”. “Estamos en la lírica, mientras los problemas reales están en la calle, en cada familia, escuela y centro de salud”, ha dicho. Lo ha dicho en un mismo discurso en el que ha defendido la libertad de una mujer de querer y poder abortar y también la de un profesional de la salud que se niegue a practicar un aborto por objeción de conciencia. A juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ninguna de estas dos personas debe ser “perseguida y señalada”. Sí que ha dicho, sin embargo, que es “triste” y una demostración del “fracaso de la sociedad española” que “el año pasado, en 2024, se produjeron en España 106.000 abortos”.

Así se ha pronunciado Ayuso después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enviado una carta a los presidentes autonómicos de Madrid, Asturias, Aragón y Baleares pidiéndoles que creen el Registro de Personas Objetoras del aborto, tal como establece la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El máximo líder socialista les advierte de que si no lo crean en un plazo de tres meses, el Gobierno activará “los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”. En 2023 se modificó la ley de manera que actualmente todas las comunidades autónomas están obligadas a crear un Registro de Objetores.

El Gobierno, que ha vuelto a situar en los últimos días el aborto en el epicentro de su batalla política contra el PP y Vox, recuerda ahora que “el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca se puede convertir en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”. En un comunicado, el ejecutivo de PSOE y Sumar reivindica su voluntad de que “este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.