El catalán se encuentra en horas bajas. No es ningún secreto que el uso social de la lengua está en un retroceso sin freno y que cada vez se va debilitando más, mientras los expertos alertan de una situación de "emergencia lingüística". Ante esta realidad, la actitud de las instituciones tiene un gran peso a la hora de dibujar las perspectivas de futuro. Pero no todas están encarando esta la crisis con la misma preocupación; de hecho, a pesar de los avances de algunas administraciones públicas, otros han apostado por golpear el catalán cuando ya está en el suelo. Y, si nos fijamos con atención, son los diversos acuerdos de investidura que se han construido a lo largo de 2023 los que han determinado el futuro de la lengua, que avanza y retrocede al mismo tiempo.
En Madrid, ERC y Junts doblegan al PSOE
Este año, las principales victorias por el catalán han llegado, paradójicamente, desde Madrid. Es gracias a los acuerdos suscritos entre el PSOE con ERC y Junts que el independentismo ha conseguido impulsar medidas de alta relevancia. Los resultados de las elecciones españolas el 23-J situaron un escenario inédito, en el que el partido de Pedro Sánchez dependía de los republicanos y los juntaires si quería mantenerse en el poder. Al final, las dos fuerzas nacionalistas supieron imponer su fuerza y abrumar al PSOE, obligándolo a aceptar las condiciones inéditas, algunas de las cuales han sido relacionadas con la defensa de la lengua.
Es el caso del pacto que permitió nombrar a la socialista mallorquina Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados. A cambio de esta cesión, Sánchez aceptó convertir el catalán —junto con el euskera y el gallego— en lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado, incluida la cámara baja. Con este objetivo, se modificó el reglamento del Congreso el mes de septiembre, cosa que permitió inaugurar la lengua en sesión plenaria a pesar de los intentos de obstrucción del Partido Popular y Vox. Eso sí, su implementación no ha sido inmediata, y todavía afloran algunas dificultades para que los diputados catalanes puedan pronunciarse en su lengua en algunos espacios de la cámara. La misma semana pasada, se retiró la palabra a una diputada de Junts durante la sesión de una comisión parlamentaria porque todavía no se han extendido los mecanismos de traducción simultánea.
En las instituciones europeas, también ha habido avances, si bien con un cierto regusto amargo. El mismo acuerdo para la presidencia del Congreso fue acompañado del compromiso del PSOE de llevar el catalán, el euskera y el gallego a la Unión Europea. El ministro José Manuel Albares no esperó ni cinco minutos a registrar delante del Consejo Europeo la petición para reconocer las tres lenguas, un paso que no se había dado nunca y que permitiría blindar y reforzar su prestigio internacional. Ahora bien, a pesar de las prisas iniciales, el proceso está alargándose más de lo que preveía. Las reticencias públicas de algunos de los estados miembros, sumadas a los patinazos del Gobierno —que en algunas ocasiones no se ha esforzado lo suficiente—, han hecho que se acabe 2023 sin ninguna perspectiva inmediata. Ahora bien, el Estado se ha comprometido a sufragar los costes de la medida y a darle un carácter de exclusividad para contentar los dudosos, mientras que está la esperanza puesta que Bélgica vuelva a llevar esta cuestión sobre la mesa cuando tenga la presidencia de la UE a partir de enero.
Como último apunte, la semana pasada se celebró una reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès —enmarcado en la continuidad de la estrategia de diálogo que fijó ERC en el acuerdo de investidura con el PSOE— que también dio resultados para la lengua. El presidente español anunció el impulso de una Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo en el primer periodo de sesiones del Congreso, con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes en sus relaciones con la Administración General del Estado. Aragonès añadió que esta norma también tendrá que servir para "acompañar con medidas concretas todas las iniciativas para preservar el modelo lingüístico de la escuela catalana" y para garantizar la presencia de la lengua a los medios públicos estatales. Con todo, fue tan solo el último avance notable por|para el reconocimiento institucional del catalán.
En el País Valencià, el inicio del retroceso
En la otra cara de la moneda hay las experiencias que se están viviendo actualmente en el País Valencià y en las Islas Baleares. En estos dos lugares de territorios de habla catalana, las elecciones autonómicas del 28-M supusieron un descalabro político, con la derrota del PSOE —Ximo Puig y Francina Armengol eran los presidentes, respectivamente— y el ascenso de la derecha. En los dos casos, el Partido Popular consiguió la presidencia autonómica gracias al apoyo explícito de Vox, sin el cual no sumaban mayoría absoluta. Los efectos de esta preocupante alianza no han tardado en hacerse ver: entre los puntos del acuerdo de investidura figura, explícitamente, la desprotección del catalán y la promoción del castellano.
En el País Valencià, donde se estableció un ejecutivo de coalición entre PP y Vox, el pacto de gobierno evidenciaba esta apuesta decidida. Una de las prioridades fue "eliminar las subvenciones a las entidades o asociaciones que promueven los Países Catalanes", situando en el punto de mira asociaciones como Acción Cultural del País Valencià, que potencian y protegen el uso social del valenciano y la unidad lingüística con el catalán. También proponía aprobar una Ley de Señas de Identidad con el objetivo de "proteger los valores, costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la riqueza plural de España".
La educación ha sido uno de los principales campos de batalla españolista liderado por el presidente Carlos Mazón. En el mismo pacto de gobierno ya se hacía referencia a la apuesta por "la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos lenguas en todas las etapas educativas", dejando entrever que se eliminaría el modelo plurilingüe, el cual establecía un mínimo de contenidos en catalán. Este paso ya se ha dado efectivo en ocho comarcas del interior del territorio —aquellas en que el catalán es testimonial o residual— y donde el anterior gobierno liderado por Ximo Puig había situado la obligatoriedad de cursar un 25% de clases en catalán como lengua vehicular. Y en el campo de la salud pública, el consejero de Sanidad también anunció su voluntad de degradar el requisito de saber catalán para los profesionales sanitarios.
La lengua ha vivido otras ofensivas en el País Valencià en varios municipios, fruto también de los pactos de investidura locales entre los populares y la ultraderecha. En Borriana, la alianza hizo que el Ayuntamiento cancelara las suscripciones en cinco revistas por el solo hecho de ser catalanistas, con el argumento de dejar de promover el "separatismo". En Elche, los dos partidos vetaron un concierto veraniego previsto del grupo valenciano Smoking Souls, conocido por su defensa de la lengua. Y en el pueblo de Xirivella, la misma alianza obligó a celebrar la tradicional Muestra de Payasos exclusivamente en castellano.
Horas oscuras en las Islas Baleares
Mientras tanto, en las Islas Baleares el PP gobierna en solitario, pero no sin un pacto por el cual Vox da estabilidad al ejecutivo de Marga Prohens, que no tiene mayoría absoluta. En el acuerdo programático que permitió la investidura de la popular, se especifica la intención de perseguir la lengua catalana y promover "la identidad y la cultura" española. Para hacerlo, una de las primeras medidas fue la eliminación de la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos y su sustitución por la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, dirigida por Vox con la intención de luchar contra "la imposición del catalán".
En el mismo acuerdo de investidura, también se explicitaba la voluntad de reducir el catalán en la función pública. El primer gran paso, aprobado a finales de verano, fue suprimir el requisito de saber la lengua para poder trabajar a la sanidad isleña, con el argumento que así se podría captar y fidelizar" profesionales, y el PP no ha cerrado la puerta a ir más allá, llevando la misma iniciativa al resto de sectores de la administración pública. En el campo educativo, la misma estrategia: el PP, con el apoyo de Vox, puso fin en el modelo lingüístico para poner en marcha un "plan piloto voluntario" para que los padres pudieran escoger la lengua vehicular de la enseñanza y esquivar el porcentaje obligatorio de clases en catalán. La propuesta se aplicará a partir del próximo curso a infantil y primaria, y de cara a 2025-2026, también los alumnos de secundaria. Inicialmente, esta cuestión había generado enfrentamientos entre populares y ultras, pero finalmente Vox salió con la suya, e incluso ha conseguido que Prohens acepte destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán.
Hay más casos anecdóticos que también han supuesto un retroceso de la lengua en el ámbito cultural. Así, la mayoría absoluta de PP y Vox en el Consejo ha permitido descatalanizar definitivamente la Diada de Mallorca, cambiando la fecha oficial de la fiesta nacional para obviar el carácter catalanista del 31 de diciembre. En Palma, el gobierno municipal popular, sostenido por los ultras, vetó una obra de teatro en catalán sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y en el pueblo de Calvià, la festividad de Sant Jordi se sustituyó por el Saint George con la intención de "agradecer la fidelidad del turismo inglés durante de los años", una excusa bien torpe.