Poco después de las once de la mañana del jueves 17 de agosto, el Congreso de los Diputados nombraba a Francina Armengol como nueva presidenta. La socialista balear era elegida por mayoría absoluta con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) y lo conseguía después de que el partido hubiera cerrado algunos acuerdos para obtener apoyos de otros grupos. Los socialistas necesitaban el 'sí' clave de Junts per Catalunya para conseguir la presidencia de la cámara baja española y el acuerdo se cerró cuando llegaron los hechos comprobables. Aquella mañana, muy temprano —tal como adelantó ElNacional.cat—, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, registraba ante el Consejo de la Unión Europea la petición para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del club comunitario, un paso que no se había dado nunca. Una vez el equipo del president en el exilio, Carles Puigdemont, tuvo constancia que esta solicitud ya había entrado en el registro, el apoyo a Armengol se desbloqueó. Este hito supone un cambio de paradigma para el estatus de la lengua catalana en un contexto de retroceso del uso social de esta y de las invectivas que desde varias instancias estatales buscaban minorarla. Ahora, esta nueva pantalla puede blindar y reforzar el prestigio internacional del idioma y dotarla de un rango equiparable a las otras 24 lenguas oficiales de la UE. Dicho de otra manera, el catalán se situará —si todo sale tal como está previsto— al mismo nivel que el inglés, el francés o el alemán. Ahora bien, ¿en qué más se traduce este estadio insólito para el catalán?

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Las fases para que la oficialidad del catalán sea una realidad

Para que la oficialidad de la lengua catalana sea más que un hecho, todavía faltan algunos requisitos. El primero ya es constatable: el documento que certifica que el Gobierno remite a la presidencia del Consejo de la Unión Europea —que durante este segundo semestre del año la tiene, precisamente, el Estado— y a la secretaria general de esta instancia la solicitud para reformar el régimen lingüístico del club comunitario con el objetivo de incluir el catalán, el euskera y el gallego en este. Para hacerlo, Albares, el titular de Exteriores en funciones, pide la modificación del reglamento 1/1958 —el que regula el marco lingüístico en la UE— para que se puedan incorporar a las 24 lenguas oficiales restantes. Se tiene que especificar, en este sentido, que se adhieran como lenguas oficiales y de trabajo. En la misma misiva, el Gobierno pide "el inicio de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo" y que se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que tendrá lugar el 19 de septiembre.

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El documento de la solicitud que el ministro Albares presentó al Consejo de la Unión Europea.

El mismo jueves, desde el Consejo de la UE confirmaban que ya están examinando la petición y así abordar el proceso para que alcancen el estatus completo de oficialidad. La fecha clave será el 19 de septiembre, que será cuando se debata esta cuestión con los 27 estados miembros. Para que pueda prosperar, es necesario que la propuesta se apruebe por unanimidad. Este es un aspecto que puede resultar complejo, pero lo cierto es que no hay ningún precedente de petición de oficialidad que se haya rechazado. La reforma del reglamento lingüístico ya se ha hecho en siete ocasiones y no ha habido ningún impedimento. Además, la presidencia del Consejo la tiene ahora España, de manera que puede ejercer un poder negociador ante el eventual caso de que hubiera quien viera con recelo que el catalán, el euskera o el gallego sean idiomas oficiales de la Unión Europea. De hecho, la Plataforma per la Llengua señala que, en caso de que hubiera una negativa por parte del Consejo Europeo alegando que hay "impedimentos legales", el Estado tiene la vía para recurrir y elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

La última lengua que se incorporó fue el gaélico. De hecho, en el año 2007 ya consiguió el estatus de idioma oficial de la Unión Europea, pero la falta de recursos tecnológicos y humanos que entonces tenía el club comunitario para poder traducir todo el volumen de documentos al gaélico hizo que se aprobara una derogación temporal especial hasta el 2022, que limitaba la cuantía de textos que se tenían que traducir. Con todo, el año pasado ya adquirió el estatus completo.

¿Qué supone que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea?

El reglamento que regula el régimen lingüístico en la Unión Europea ya concreta algunos de los aspectos que implica la oficialidad de una lengua en el contexto comunitario. De entrada, este estatus para el catalán implicaría que los textos que un estado miembro o una persona que vive en alguno de estos pueda enviarles a las instituciones europeas en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea y, además, la respuesta de las instancias de la UE tendrán que ser con la lengua que use el remitente. En paralelo, los reglamentos, tratados, directivas, sanciones y actos jurídicos diversos también podrán constar en catalán. Un claro ejemplo sería el Diario Oficial de la Unión Europea.

Todavía con respecto a las instituciones europeas, la incorporación del catalán a las lenguas oficiales supondría que los diputados pudieran hacer intervenciones en el Parlamento Europeo en este idioma, así como el hecho de que las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea se interpreten en todas las lenguas oficiales. También las actas y textos oficiales de estas instituciones estarían disponibles en catalán, euskera y gallego. En la Eurocámara, el reglamento concreta en el artículo 167 que todos los documentos "tendrán que estar redactados en las lenguas oficiales" y que todos los diputados "tendrán derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección". Paralelamente, el órgano legislativo se dota de herramientas de interpretación simultánea en cada una de las lenguas oficiales, elementos de los cuales también se dispone en las reuniones de comisiones y delegaciones.

Más allá de eso, y volviendo a la documentación, también abre la puerta a dotarse de una mayor protección legal que se plasma, por ejemplo, en la posibilidad de que se pueda exigir por ley el etiquetado en catalán de los productos alimenticios, según apunta la Plataforma per la Llengua. De hecho, eso también contemplaría los productos sanitarios o que el carnet de conducir europeo incluya el catalán. Sin duda, un salto trascendente para la lengua que el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, valoraba en un tuit: "La oficialidad del catalán en la UE será una muy buena noticia. Que todavía no lo sea es una anomalía europea. Que se consiga, muestra de la fuerza del independentismo, no una gracia del Estado".

La oficialidad del catalán en la Unión Europea tiene un amplio consenso entre los catalanes

El escenario de la oficialidad de la lengua catalana en la Unión Europea aúna un amplio apoyo entre la ciudadanía de Catalunya. Así lo constata, a modo de ejemplo, la última encuesta ómnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del año 2022. Preguntados por esta cuestión, el 60% se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con la inclusión del catalán en este rango en el régimen lingüístico europeo. Solo un 26% se declaraba en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que un 11% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lengua propia de los encuestados, el grueso de catalanohablantes favorables de esta vía es muy sustancial (82%) y también es notorio entre los bilingües (68%). De hecho, la mitad de los castellanohablantes que viven en Catalunya también lo ven con buenos ojos.

Según simpatía de partido, los próximos a las formaciones independentistas y de los comunes superan con creces el 50% de partidarios de declarar el catalán lengua oficial de la Unión Europea. Entre los simpatizantes de Junts, lo avalan el 98% de ellos; seguidos de los de la CUP, con un 95%; y de Esquerra Republicana, con un 88%. En el caso de los comunes, el porcentaje también es bastante elevado (79%), mientras que con respecto al PSC solo un 48% está de acuerdo o muy de acuerdo. Ahora bien, igualmente superan la suma de los simpatizantes socialistas que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta opción, ya que juntos friegan el 40%.