Pacto definitivo en las Islas Baleares entre PP y Vox. Las dos formaciones han anunciado este miércoles que el partido de extrema derecha se abstendrá en la investidura de Margalida Prohens para que esta pueda gobernar en solitario y construir un gobierno balear monocolor. Así, las dos formaciones han firmado un acuerdo programático ligado a una comisión de seguimiento de este pacto. El acuerdo se fundamenta en los siguientes ejes: persecución de la lengua catalana, "promoción de la identidad y la cultura" españolista, bajada de impuestos, repensar el sistema público de salud para acabar con las "ineficiencias", y abordar la "violencia intrafamiliar".
Se trata, todo, de un programa que tiene como finalidad, según las dos formaciones firmantes, "preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de las Balears, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se benefician del tráfico de seres humanos". Si el PP cumple con todos los acuerdos alcanzados con la formación de extrema derecha, Vox se compromete a dar "estabilidad" al ejecutivo de Prohens.
Medidas para la "libertad"
El pacto incluye una lista de cuatro puntos relativa a medidas sobre la "libertad". Y contienen la "defensa de la unidad de España", así como de la Constitución española. "Reivindicaremos la historia de España y de las Islas Baleares y garantizaremos la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de los que intentan utilizarla para dividir a los españoles", añade uno de estos puntos. De la misma manera, prometen "acabar con las políticas que promueven el enfrentamiento y la división", así como las que ataquen "la unidad de la nación".
Persecución de la lengua catalana
El pacto incluye una persecución de la lengua catalana: ya no será un requisito para entrar en la función pública y se eliminará la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, que será sustituida por la nueva Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística "para acabar con las devastadoras políticas socialistas y separatistas". Es decir, que eliminará un ente dedicado a proteger el catalán para crear otro en la dirección de aniquilar la lengua propia del territorio e instalar el supremacismo lingüístico del castellano.
Así, se promete "acabar con "el adoctrinamiento ideológico" en las aulas de las escuelas de las Islas Baleares", así como "modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales". Ahora bien, solo el conocimiento de catalán deja de ser un requisito para acceder a la función pública. Así pues, prometen también dar libertad a los padres para que estos puedan escoger el centro escolar de sus hijos.