El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dimitido tras la condena del Tribunal Supremo. En una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso este periódico, el fiscal ha reclamado su cese a petición propia sin esperar a que se le notifique la sentencia que lo condena a dos años de inhabilitación. Su renuncia llega cuatro días después de la decisión del alto tribunal de tumbarlo y hacerle pagar una multa y una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; y al día siguiente de que Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde Sudáfrica, volviera a defender que el fiscal es inocente. El Gobierno ya anunció que en los próximos días nombraría a un nuevo fiscal general. Mientras no se produce el relevo, las funciones las ejercerá la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presentar mi renuncia como fiscal general; es un acto que le debo no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", dice la misiva que García Ortiz ha enviado a Bolaños.
El fiscal, a pesar de tomar la decisión de dimitir tras ser condenado, asegura en esta carta que tiene "la convicción de haber servido fielmente a la institución" con "una vocación inequívoca de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional". "Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento; la confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el veredicto, es el momento de abandonar el ejercicio de una responsabilidad tan alta", afirma el fiscal general en su carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El primer fiscal general del Estado condenado
El pasado jueves, la sala de lo penal del Tribunal Supremo condenó al fiscal general a una inhabilitación especial de dos años en el cargo por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.500 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La decisión no fue unánime: las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García emitieron dos votos particulares contrarios a esta condena, que no debía tener efectos hasta que no se emita la sentencia.
El tribunal (que está formado también por Manuel Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, que ha asumido la redacción de la sentencia, que inicialmente debía hacer Polo) es de mayoría conservadora. Ha sido un juicio histórico: la primera vez que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo de los acusados.