Aunque es muy difícil pronunciarse de manera taxativa y rotunda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pergeñado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y que servirá de base para todas las comunidades autónomas, hay cinco cosas que ya se pueden decir: es bastante mejor que el actualmente vigente y que estaba caducado desde 2014; Catalunya tendrá una financiación singular, específica, ya que hay una valoración de competencias que será bilateral entre la Generalitat y el gobierno español; se respetará el principio de ordinalidad, o sea, que cada comunidad reciba por parte del Estado en el mismo orden que haya aportado a la caja común; no se acerca, ni por asomo, al modelo de concierto económico; y, en último lugar, los 4.700 millones de más para la Generalitat, del montante de 20.000 millones que se inyecta a las comunidades autónomas, no sirve para neutralizar los aproximadamente 22.000 millones de euros de déficit fiscal que calculó el gobierno de Pere Aragonès para el año 2021, lo que representaba en aquellas fechas alrededor del 9,6% del PIB catalán.

A partir de aquí, todo lo demás está en una nebulosa y tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque cada partido defienda posiciones diferentes, y gobierno y oposición, en Madrid y en Catalunya, tengan comportamientos antagónicos. De hecho, en los seis acuerdos de financiación autonómica aprobados por el Congreso de los Diputados —1979, 1987, 1992, 1997, 2002 y 2009—, el consenso se evaporó ya en el siglo pasado. Veamos que sucedió en los dos últimos acuerdos de financiación autonómica: en 2002, bajo la presidencia de José María Aznar en Madrid y Jordi Pujol en Catalunya, el modelo lo aprobaron la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados y los votos de los diputados de Convergència i Unió y Coalición Canaria. En 2009, siendo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y gobernando en Catalunya un tripartito de izquierdas con José Montilla al frente, el PSOE, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, aparte de otros grupos parlamentarios menores, validaron el modelo por un estrecho margen de un diputado, y con CiU, teniendo de portavoz en Madrid al actual presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, votando en contra. Resumiendo, que fueran buenos, regulares o malos los anteriores acuerdos, todos han actuado acorde a sus intereses partidistas.

Junts ha reaccionado con contundencia diciendo que votarían en contra del nuevo modelo, al no ser un acuerdo en forma de concierto económico

Dicho eso, que es indiscutible y solo hace falta ir a las hemerotecas del momento, sí hay una diferencia importante y no menor respecto al pasado: tanto en el acuerdo de 2002 como en el de 2009, la discrepancia era testimonial, ya que las mayorías parlamentarias de aquellas dos ocasiones permitían que el gobierno y sus aliados sacaran adelante el proyecto legislativo, dado que había mayorías absolutas suficientes para que no peligrara su tramitación. Ahora es diferente: el veto de Junts, de mantenerse, hace descarrilar el acuerdo. Tampoco vale una abstención, ya que al ser ley orgánica precisa que sea aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. ¿Con los agentes económicos y sociales en Catalunya defendiendo que es un buen acuerdo, aunque no sea el ideal, la formación de Carles Puigdemont podrá y querrá soportar la presión ambiental que va a existir?  Seguramente por eso han salido con tanta contundencia diciendo que votarían en contra al no ser un acuerdo en forma de concierto económico y como una medida para meter presión a Esquerra.

Pero Oriol Junqueras, que ha cerrado el acuerdo con Pedro Sánchez, se declara enormemente satisfecho tanto por el montante económico como porque, por primera vez, se preserve el principio de ordinalidad, aunque sea en la financiación de las competencias comunes en todas las comunidades autónomas. Aquí, Catalunya es la tercera en aportar y será la tercera en recibir. Las singularidades y especificidades de cada autonomía del régimen común —Mossos o prisiones, por poner dos ejemplos— tendrán un tratamiento económico aparte. Este viernes, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará más detalles, y empezaremos a conocer con mayor precisión la letra pequeña y como se ha llevado a cabo la cirugía para que Andalucía también salga en muy buena posición y no le desaparezcan de golpe sus opciones como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Pedro Sánchez, incluso, ha asegurado que beneficiará al PSOE en las campañas electorales de Aragón y Castilla y León, además de Andalucía.