Alberto Núñez Feijóo promueve una nueva batalla jurídica entre el Congreso y el Senado. El Partido Popular ha impulsado un nuevo conflicto de atribuciones (el quinto de la legislatura y de la democracia) entre la Cámara Baja y la Cámara Alta y llevará al Tribunal Constitucional el bloque sistemático que hace la Mesa del Congreso de las proposiciones de ley que han sido impulsadas por el Senado. “El Congreso está hurtando al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno. Y, ante esta situación, es evidente que no vamos a cruzarnos los brazos”, ha proclamado el líder del PP. “No estamos ante un pequeño déficit democrático, hablamos de grandes anomalías que atentan contra la base de nuestra convivencia, que es nuestra Constitución. […] No es ni siquiera un rodillo parlamentario, como el que tantas veces se denuncia en democracia, es muchísimo más grave”, ha verbalizado en un acto en la Cámara Alta con senadores del PP. Es el que hace meses que Miguel Tellado, cuando era portavoz del PP en el Congreso, bautizó como el “congelador” de Francina Armengol.
A partir de aquí, empezará a carburar la maquinaria parlamentaria que podrá culminar con el choque institucional entre el Congreso y el Senado. Es lo mismo que el PP anunció a bombo y platillo durante la tramitación de la ley de amnistía, denunciando que la Cámara Baja había impulsado una “reforma encubierta” de la Carta Magna. Ahora bien, en esa ocasión acabó pisando el freno y no llegó a consumarlo. El pistoletazo de salida lo dará el grupo parlamentario del PP, que tendrá que impulsar una iniciativa para requerir a la Cámara Alta a actuar. A continuación, la Cámara Baja tendrá capacidad de respuesta y, cuando permanezca en silencio o niegue que haya ninguna irregularidad y defienda su actuación (como es presumible), el Senado tendrá vía libre para dar luz verde a llevar la cuestión hasta el TC.
“Intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad al Senado. [...] No tengo ninguna duda de que se hace porque el presidente del Gobierno lo manda. Es, en definitiva, una total perversión del sistema. Es un sinsentido y, en mi opinión, es un fraude”, ha denunciado Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol: “Pesa más su partido que su país”. Y también ha amenazado a los cinco miembros de la Mesa del Congreso del PSOE y de Sumar: “Deben ser conscientes que sus decisiones son arbitrarias, partidistas, injustas e incurren sistemáticamente en fraude de ley”. “Existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato”.
Cuarenta leyes del PP, cuatro de Junts y dos de ERC
“¿Por qué se pervierte completamente al poder legislativo?”, se ha preguntado Alberto Núñez Feijóo. Y ha señalado que el Congreso está bloqueando 31 leyes impulsadas por el Senado. La Cámara Alta tiene capacidad legislativa e, igual que los grupos parlamentarios o los parlamentos autonómicos, puede impulsar proposiciones de ley. Si superan el primer examen en el Senado, las iniciativas son remitidas al Congreso y empiezan allí la tramitación parlamentaria habitual. “Diecisiete de ellas saldrían adelante en el Congreso si se mantiene el voto favorable de los grupos que la aprobaron en el Senado”, ha destacado el líder del PP.
Son, por ejemplo, normas para bajar el IVA a las peluquerías, para calificar a los funcionarios de prisiones de agentes de la autoridad, para adelantar la jubilación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, para mejorar la gestión de los incendios forestales, para obligar al Gobierno a que toda la ayuda militar al extranjero sea aprobada en las Cortes Generales o para endurecer las penas contra los narcos que embisten a la Guardia Civil. Además, la Mesa del Congreso también está obstaculizando la tramitación de nueve leyes presentadas por el PP en la Cámara Baja.
Ahora bien, no solo el PP se encuentra con leyes paralizadas. Junts y ERC también lo sufren. Los juntaires han impulsado cuatro leyes (tres en el Congreso y una en el Senado) que continúan aparcadas: contra la multirreincidencia, contra las ocupaciones, para rebajar la presión fiscal a pymes y autónomos y para aplicar el IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia. Por su parte, los republicanos han promovido una ley para que jugar en la selección española sea voluntario y una para regular los alquileres de temporada que continúan esperando que llegue su turno.
Los otros cuatro choques impulsados por el PP en el Senado
Es la quinta vez que el PP anuncia un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso. El primero (que fue también el primero de la historia de la democracia) fue a raíz de la tramitación de la ley de amnistía. El PP lo activó cuando la norma del olvido penal llegó al Senado recogiendo el guante de los letrados de la Cámara Alta, que habían dibujado la hoja de ruta a seguir. En ese momento, estalló un conflicto sin precedentes entre ambas cámaras que las sumió a un intercambio de informes y reproches. El Congreso denunció una “clara injerencia” del Senado con un conflicto “improcedente” y respondió al choque negándose a retirar la amnistía. Posteriormente, el Senado pasó al ataque contra el Congreso acusando a la Cámara Baja de estar “entorpeciendo” su “derecho a plantear” un conflicto de atribuciones, pero el PP acabó enterrándolo y no llegó a elevarlo al Constitucional.
Posteriormente, el PP sí que llevó al TC tres conflictos de atribuciones. El primero que planteó fue el rechazo a la ley que beneficiaba a presos de ETA. Fue una norma que se había aprobado por unanimidad y que permite contabilizar en España los años de condena en otros países de la Unión Europea, cosa que reduce el tiempo que algunos presos de ETA están en prisión. El PP votó a favor en la Cámara Baja, pero, después de que trascendiera que había etarras que podían salir beneficiados, maniobró en el Senado para evitar que entrara en vigor. El PP retorció el Reglamento del Senado para asegurar que una votación por mayoría absoluta equivale a un veto y devolvió la norma al Congreso, que no aceptó el veto y envió la ley al BOE, que la publicó cuatro días más tarde.
El PP impulsó otro conflicto después de que el PSOE vetara en el Congreso las enmiendas aprobadas en el Senado para proteger las plantas de purines y rebajar el IVA de los alimentos básicos. Esto provocó un lío en el Congreso, con quejas de PP, ERC y Junts por la maniobra de los socialistas. Y llevó a los populares y los juntaires a tumbar la Agencia Estatal de Salud Púbica, que se votó en ese mismo pleno. El último conflicto fue por una corrección de errores a la Ley Orgánica de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia cuando se publicó en el BOE para añadir cambios salariales a jueces. El PP denunció que era “fraudulenta” porque la norma se aprobó sin recoger los complementos salariales por destino de un subgrupo y un grupo de jueces, que se incluyeron a posteriori.