2023 ha sido el año de los pactos del PSOE con el independentismo para conseguir que Pedro Sánchez pudiera seguir residiendo en la Moncloa como presidente del Gobierno, una posibilidad que pocos meses atrás parecía remota. 2024, que apenas empieza, será el año que los ponga a prueba. Los pactos del PSOE con Esquerra no son una novedad, se han ido produciendo los últimos cuatro años y los republicanos se abstuvieron en enero de 2020 para que Sánchez fuera presidente. Por eso, muchos eran los que daban por hecho el apoyo de los siete diputados a una eventual investidura del candidato socialista. Con todo, desde el primer momento desde la calle Calàbria advirtieron que el PSOE se tendría que ganar sus votos a través de una ley de amnistía, avances en la autodeterminación en la mesa de diálogo entre gobiernos y medidas que impactaran en el día a día de los catalanes, como el traspaso de Rodalies o el déficit fiscal.

La gran duda era si Pedro Sánchez sería capaz de llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya, partido que en la pasada legislatura se desmarcó de las grandes medidas del gobierno de coalición y fue crítico con la estrategia de Esquerra Republicana, por pactar con el PSOE, según ellos, a cambio de nada. Tras meses de negociación, incluyendo la primera fotografía de un dirigente socialista (el número 3 del partido, Santos Cerdán) con el president en el exilio, Junts y el PSOE firmaron un acuerdo que fue tachado de histórico por parte del partido independentista, en el que también se recogía la ley de amnistía y un espacio de diálogo con verificador internacional incluido entre las dos formaciones, que expresaban en el texto del pacto diferencias muy significativas. Tres meses antes, en agosto, Junts había aceptado dar sus votos para hacer presidenta del Congreso a la mallorquina Francina Armengol a cambio de comisiones de investigaciones y también que el Gobierno llevara a la Unión Europea la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales.

Más mesas de diálogo que nunca

A finales de diciembre de 2019, ERC y el PSOE llegaron a un acuerdo para la abstención de los republicanos en la investidura de Pedro Sánchez. Este incluía el concepto de mesa de diálogo, un espacio donde los gobiernos catalán —entonces liderado por Quim Torra— y español se tenían que reunir para encontrar solución al conflicto político, y que se enmarcaba dentro de la estrategia de Esquerra de dejar a un lado la vía unilateral para conseguir la independencia y apostar por el diálogo y la negociación. Durante la pasada legislatura esta mesa de negociación se reunió solo tres veces: justo antes de la pandemia, en 2021 y en 2022. Unos encuentros muy esporádicos y sin calendario que hicieron que parte del independentismo dejara de verle el sentido. Y aunque la mesa de negociación ha sido a menudo menospreciada por parte de Junts y de la CUP, desde ERC la han seguido defendiendo a ultranza.

Oriol Junqueras fue el encargado de anunciar que la mesa de diálogo continuaba viva tras firmar el acuerdo para la investidura de Sánchez con el ministro Félix Bolaños. En rueda de prensa, el presidente de ERC detalló que este espacio se mantenía y sería el escenario donde se tendría que resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado. El texto recogía "ratificar e impulsar el diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Catalunya mediante el diálogo político e institucional a través de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo". En aquel momento no se fijó ninguna fecha para una reunión entre los gobiernos, pero en el encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès el 21 de diciembre en Palau se pactó que esta tuviera lugar durante el primer trimestre del 2024. Tener un plazo podría parecer una victoria para los republicanos, que habían visto cómo el PSOE había intentado enterrar su gran propuesta en repetidas ocasiones: la última vez que se reunió fue en julio del 2022.

Reuniones entre partidos y entre líderes

El acuerdo entre ERC y el PSOE, sin embargo, también llevaba por escrito la creación de un nuevo espacio de negociación entre partidos, que tiene que contar con la presencia de un verificador internacional. Esta era una de las grandes novedades del pacto y desde Esquerra apuestan por la discreción en este sentido, asegurando que hace años que negocian con los socialistas de forma semanal y que así lo seguirán haciendo. Así, de momento, no ha trascendido que la reunión de estas características haya tenido lugar, a diferencia del caso de Junts. Al principio de diciembre, pocos días después de la investidura de Sánchez, se reunieron en Ginebra representantes de los dos partidos, entre los cuales Francisco Galindo, encargado de hacer de verificador.

Pasaron unos días entre que Jordi Turull, secretario general de Junts, anunció que se produciría una reunión de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, y que Pedro Sánchez confirmara que efectivamente este encuentro tendría lugar cuando se aprobara la amnistía, una ley que se enfrenta a largos trámites parlamentarios, retrasados todavía más por el PP. El presidente del Gobierno, sin embargo, incluyó también al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en esta serie de reuniones que, según él mismo ha confirmado, serán múltiples. Durante las negociaciones para la investidura, Sánchez y Junqueras mantuvieron una conversación telefónica antes de que el socialista se reuniera con Gabriel Rufián y el socialista también se llamó con Pere Aragonès para pactar la ley de amnistía la noche de la Castanyada. Hasta ahora solo ha habido dos fotografías de Sánchez con los líderes independentistas: con Junqueras, cuando el republicano fue al Congreso en mayo del 2019 como diputado y se dieron la mano; con Puigdemont la foto es mucho más reciente, este mismo mes de diciembre, en el Parlamento Europeo.

ERC y el sambenito del "a cambio de nada"

Durante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra insistió en la idea de que el acuerdo no se podía limitar a la amnistía, que daban por descontada por el pacto para la mesa del Congreso, sino que se tenían que tomar medidas que afectaran al día a día de la ciudadanía de Catalunya. En el pacto firmado por los dos partidos también se recogía una condonación de la deuda, que quedaba lejos de poner fin al pacto fiscal, tal como reclamaban los de Junqueras, pero que suponía un ahorro de 1.300 millones de euros en intereses. Aparte de esta condonación, se acordaba también el traspaso de Rodalies, una reclamación histórica, o mejoras de la financiación de los Mossos d'Esquadra.

Con la cruz de haber pactado "a cambio de nada", un lema que se intentaron quitar de encima durante la campaña electoral para el 23-J reclamando los indultos como resultado de su negociación con el PSOE, Esquerra tiene prisa para poder demostrar que este pacto con los socialistas tendrá resultados concretos. De momento, ya se ha pactado la transferencia de 1.600 millones de euros para financiar el cuerpo de policía catalana que se destinará, especialmente, a un incremento de la plantilla ante los problemas de seguridad que hay en el país. Cuando anunció este traspaso, la consellera de Economia, Natàlia Mas, quiso recordar que formaba parte de un pacto de investidura que ya se estaba haciendo tangible. Aparte de la reactivación de la mesa de diálogo, la reunión de Sánchez y Aragonès también sirvió para avanzar en otros aspectos, uno de los cuales es el traspaso de Rodalies. El president catalán anunció que en enero se hará la reunión para establecer el calendario y la constitución de la nueva empresa mixta que tiene que operar el servicio. A finales de noviembre de 2021, la portavoz republicana, Marta Vilalta, explicó en rueda de prensa que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno para el traspaso de Rodalies. El objetivo de este 2024 es evitar que, en un par de años, alguien recupere un vídeo de Oriol Junqueras explicando que en 2023 ERC y el PSOE habían acordado —de nuevo— el traspaso de Rodalies.

Junts, pendiente del catalán en Europa

Por su parte, Junts se ha estrenado este 2023 en el arte de pactar con el PSOE y, por lo tanto, no hay incumplimientos del pasado que se puedan reprocharse unos y otros. Pocas semanas después de las elecciones y entre muchos interrogantes llegó el primer pacto con los socialistas para hacer a Armengol presidenta del Congreso a cambio de poder hablar en catalán en la cámara y que la lengua fuera oficial en la Unión Europea, aparte de la constitución de comisiones de investigación en el Congreso que hasta ahora habían sido vetadas.

Un mes más tarde ya se podía intervenir la lengua propia en la cámara baja, pero la oficialidad europea se encontraba con las trabas de varios países, cuando tenía que ser una decisión tomada por unanimidad. Con todo, aquella misma jornada de agosto en que Junts votó por la candidata socialista, el ministro Albares registró una petición en el Consejo de la Unión Europea para que las lenguas cooficiales del Estado fueran oficiales en las instituciones europeas. Junts, que se había hecho suyo el lema de cobrar por avanzado y hacía referencia a hechos comprobables para llegar a acuerdos, veía en este hecho una demostración que su partido negociaba con el PSOE, pero lo hacía de manera diferente que ERC. Acabada la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la oficialidad del catalán se podría dar en los siguientes meses, cuando sea Bélgica quien ocupe esta posición. Desde Junts avisaron al PSOE este mes de diciembre, después de que el Gobierno lanzara la toalla, que la oficialidad no se podría demorar "mucho más" pero sin hacer mayores reproches al partido de Pedro Sánchez. El día siguiente, cuando Puigdemont y el presidente del Gobierno coincidieron en el Parlamento Europeo, el catalán le advirtió que del "incumplimiento de las promesas surge la desconfianza". El 2024, en este sentido, será una prueba de fuego.