El modelo de financiación singular ha quedado embarrancado. Esquerra Republicana pactó con los socialistas ahora hace poco más de un año que Catalunya pasaría a "recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar" toda la contribución fiscal de los catalanes, a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Y, con el tiempo, el Ministerio de Hacienda que capitanea a la vicepresidenta primera del Gobierno ha ido desacatando el pacto y echando agua al vino. María Jesús Montero, que también es cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones en Andalucía, se opone ahora a entregar íntegramente el IRPF a la Generalitat. La tensión ha ido escalando hasta el punto de que el partido de Oriol Junqueras ha desafiado a la ministra-candidata y ha registrado en solitario en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la LOFCA y que este importante tributo quede únicamente en manos catalanas. Mientras tanto, Pedro Sánchez se mantiene en el silencio; ningún gesto del presidente del Gobierno, ninguna declaración más allá de garantizar que su ejecutivo siempre "cumple" los acuerdos de forma genérica y jugársela advirtiendo a los socios que no dimitirá aunque le tumben los presupuestos.

Vamos por partes. El Gobierno ha ido segando la hierba del acuerdo alcanzado con los republicanos en 2024 poco a poco. Este pasado julio, por ejemplo, la comisión bilateral Estado-Generalitat borró del mapa uno de los puntos clave de aquel pacto; el artículo que hablaba de un modelo que garantizara que "sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya". Y ahora ya se habla de una cesta de tributos en la que la responsabilidad fiscal queda definida a partir de la participación de las dos administraciones en la recaudación; además de haber relegado el principio de ordinalidad. En privado, fuentes del entorno más próximo a Montero se aferran a estos cambios para justificar los palos en las ruedas que está poniendo a las negociaciones de la financiación singular. "Hemos firmado lo que hemos firmado", manifiestan mientras se quejan de la supuesta "posición de máximos" de Esquerra Republicana. Añaden que "el problema es el cómo y el qué", que "tiene que ver con los plazos y la manera de hacer la cesión".

Otras fuentes del Ministerio de Hacienda, por otra parte, siembran dudas sobre qué significado le dan a la Moncloa a las palabras cesión, traspaso o totalidad. "El problema no es ceder el 100% del IRPF, sino que tiene que haber siempre coordinación entre agencias tributarias; nosotros decimos que no a darlo todo y que después el Estado no pinte nada allí", resumen. Apelan al "realismo" y a la "progresividad". Este último concepto no choca con los republicanos, que tienen asumido que la asunción de la gestión del tributo tiene que ser "gradual".

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda trabaja para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del régimen común. Pero las fuentes consultadas por ElNacional.cat advierten que no será una iniciativa "alternativa" a la presentada por Esquerra Republicana. La voluntad es presentarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el órgano en el que Montero se reúne con sus homólogos autonómicos. Si la tensión sigue escalando, por cierto, el Gobierno podría llegar a vetar la tramitación parlamentaria de la iniciativa de ERC. La Constitución contempla que el ejecutivo pueda fulminar medidas registradas en el Congreso que afectan a los recursos del Estado.

ERC denuncia la incapacidad negociadora de Montero por la doble condición de ministra-candidata

La financiación singular ya chocó este verano con una importante piedra en el camino. Aunque el pacto PSC-ERC contemplaba que la Generalitat desarrollara la Agencia Tributaria de Catalunya para empezar a recaudar y gestionar el IRPF a partir de 2026, el Gobierno alejó este hito hasta 2028. Los republicanos no hicieron demasiada sangre del Plan Director presentado por la Conselleria d'Economia, pero sí que denuncian que entre las cosas que retrasan la puesta en marcha de esta financiación se encuentra, principalmente, la doble condición de Montero como ministra y candidata. El pasado julio, en un acto de partido en Cádiz, por ejemplo, aseguró que no permitirá "nunca" que haya "privilegios de unos territorios contra otros". También este mismo sábado aseguró que es "mentira" que la nueva financiación beneficie más a Catalunya. En un nuevo mitin, ya en un marco preelectoral, insistió que con la condonación de la deuda autonómica el Gobierno "perdona más a Andalucía que a otros territorios"

El PP gobierna Andalucía con mayoría absoluta y el mandato de Juanma Moreno al frente de la Junta acaba en verano de 2026. La intención de Montero, así lo asegura su círculo de confianza, es enrocarse en el Ministerio hasta que quede poco para las elecciones y no tenga más remedio que dedicarse completamente a la campaña andaluza. Las fuentes consultadas por este periódico alejan la posibilidad de que en las próximas semanas o meses se produzca un gesto por parte de Montero o del mismo Sánchez. "Quien se piense que echar a la vicepresidenta facilitará conseguir antes la financiación singular se equivocará", advierten.

Paralelamente, Salvador Illa tiene que hacer equilibrios porque el Govern se encuentra atrapado entre las exigencias de ERC y la dilación del Ministerio de Hacienda. Este miércoles, el president de la Generalitat negó que exista ningún tipo de "choque" o "enfrentamiento" entre los gobiernos catalán y español por la financiación. Evitó desacreditar a Montero, a quien definió como un "gran activo que ayuda" en un trabajo que es "complicado e intenso". Confió en que en los próximos meses habrá un "resultado positivo" en esta carpeta.

Sin financiación no habrá presupuestos, pero sin presupuestos tampoco habrá elecciones en España

Si no llega próximamente ningún resultado positivo, tanto Illa como Sánchez saben cuál es la advertencia de Junqueras: ERC no aprobará ni los presupuestos españoles ni los catalanes. El inquilino de la Moncloa, que está completamente en silencio con respecto a la carpeta de la financiación singular, se limita a asegurar que cumplirá con los acuerdos de su investidura; aunque ya ha superado el ecuador de la legislatura. Pasa lo mismo con Junts per Catalunya, que advierte que no le aprobará las cuentas si no hay avances en los pactos que todavía continúan en números rojos. El movimiento de Sánchez ha sido advertir a todos sus socios que este 2026, después de dar marcha atrás en 2024 y en 2025, sí que presentará los presupuestos generales del Estado. Y el aviso es que no dimitirá y no convocará nuevas elecciones generales aunque el Congreso le tumbe las cuentas.