Donde dije digo, digo Diego. Acostumbra a pasar que los acuerdos políticos entre partidos, a medida que se concretan, vayan perdiendo aquel entusiasmo con que se vendieron originariamente. El acuerdo que hace un año firmaron PSC y ERC para garantizar el voto de los republicanos a la investidura de Salvador Illa no es una excepción. Aquel pacto se cerró en medio de una situación de enorme tensión dentro de la formación republicana, en plena guerra fratricida en las filas de Esquerra y donde un escenario de repetición electoral aparecía como el peor posible. En aquel contexto, el acuerdo se explicó prácticamente como una salida de Catalunya del régimen común de financiación. Un año después, tanto el diagnóstico que planteaba aquel pacto sobre el déficit histórico que sufre la financiación en Catalunya como las exigencias para el nuevo sistema an mucho más allá de lo que se ha acabado formulando a la comisión bilateral reunida este lunes en el Palau de la Generalitat.
Del traspaso total a la cesta de impuestos
El acuerdo firmado el 7 de agosto pasado entre socialistas y Esquerra hablaba de una nueva financiación "basada en la negociación bilateral con el Estado" que garantizara que "sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación con el Estado y la Unión Europea". Este acuerdo establecía que la Generalitat haría una aportación al Estado por el coste de los servicios que presta en Catalunya; que esta aportación se establecería a partir de un porcentaje de participación en los tributos; que habría también una aportación a la solidaridad, que definía como explícita, transparente y condicionada a que también hubiera un esfuerzo fiscal similar por parte del territorio receptor. Aquel pacto dejaba claro que esta solidaridad está limitada por el principio de ordinalidad que figura en el Estatut, según el cual Catalunya no puede perder posiciones en el ranking de rentas después de hacer la contribución al sistema, y que en caso de que no se respetara tendría que haber una compensación. La referencia al ordinalidad aparece en diferentes ocasiones en este texto.
En cambio, en el acuerdo de la comisión bilateral, el compromiso de garantizar la ordinalidad solo aparece de manera genérica en el preámbulo. La comisión que hoy se ha celebrado entre el Estado y la Generalitat sustituye el compromiso de "recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar" toda la contribución fiscal de los catalanes, por una cesta de impuestos -el mismo término que aparece en el actual sistema de financiación- en que la corresponsabilidad fiscal queda definida a partir de la participación de las dos administraciones en la recaudación de los tributos. Es decir, que una parte de este porcentaje quedará en manos del Estado como contribución de Catalunya al sostén de sus gastos, mientras que el resto de los ingresos se destinarán a sufragar las competencias que ejerce la Generalitat, en concreto, aquellas competencies que ostenta de manera homogénea al resto de comunidades autónomas. Una parte de este porcentaje que corresponde a la Generalitat se destinará a la nivelación y solidaridad con otras comunidades autónomas. Eso sí, el acuerdo deja claro que se tendrá que hacer de manera transparente. Además, la Generalitat recibirá una financiación adicional para las competencias singulares que tiene asumidas, como Mossos o prisiones, y que otras comunidades autónomas no tienen.
Del ATC al modelo en red
El acuerdo de agosto entre PSC y ERC dejaba claro que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) era la responsable de asumir la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos, excepto los impuestos de naturaleza local. Se concretaba que la asunción de estas competencias requiere el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos, aparte de un aumento sustancial de la capacidad normativa de la Generalitat. Esta asunción "progresiva" de funciones por parte del ATC tenía que empezar con el IRPF, con "los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución a lo largo del 2026". Desde un primer momento, ERC interpretó este punto como el compromiso que en el 2026 la campaña del IRPF quedaría en manos de la Generalitat, lo cual el Govern no había desmentido, hasta hoy en qué, fuentes del Govern ha admitido que esta asunción es inviable para la campaña del próximo año dado que requerirá una capacidad legal, material y de personal de la cual la Generalitat carece.
Por lo que respecta a la hacienda catalana, la comisión bilateral ha acordado trabajar en su despliegue, "impulsando los cambios legislativos pertinentes con el objetivo de que la ATC asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF", sin perjuicios de futuros acuerdos en otros tributos "dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario, con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas del juego que aseguren que el sistema tributario se gestiona de forma eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude". A partir de la prueba piloto que se ha hecho con el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el texto plantea avanzar "hacia un modelo de gestión compartido", para asumir progresivamente "tareas de gestión en el impuesto a fin de que las dos administraciones, debidamente coordinadas, gestionen y controlen el tributo". Este modelo añade que se puede aplicar al IRPF y a otros impuestos "para que el ATC pueda asumir progresivamente competencias, en especial en el control de la normativa autonómica en el IRPF, con atención preferente a las deducciones aprobadas por el Parlament de Catalunya".
Capacidad normativa
El acuerdo de agosto hacía también referencia a la necesidad de aumentar sustancialmente la capacidad normativa de la Generalitat en materia impositiva. El texto de la comisión bilateral recoge este compromiso, pero con un inciso, para advertir que se tendrán que respetar los límites de la normativa europea y "con la introducción de mecanismos adicionales en los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja", en una referencia dirigida en este caso a la Comunidad de Madrid, reiteradamente acusada de dumping fiscal.
Por descontado, tampoco hay un acuerdo entre los dos textos en el diagnóstico de la situación de la financiación en Catalunya. El capítulo de financiación incluida en el acuerdo de investidura denuncia que Catalunya sufre un "infrafinanciación sostenida en el tiempo" y una insuficiencia financiera crónica, que requiere una relación bilateral con el Estado compatible con la participación en órganos multilaterales, cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos lo requiera. El acuerdo de la comisión bilateral de este lunes remite todos los problemas al hecho de que hace 11 años que caducó el actual sistema, no hace ninguna referencia al déficit de financiación de Catalunya y recuerda que dado que Catalunya se sitúa entre las comunidades con más recursos, tiene que contribuir a la solidaridad.