La prohibición de la compra especulativa de la vivienda está marcando la agenda de las negociaciones entre el Govern de Salvador Illa y los partidos a su izquierda (ERC, Comuns y CUP). Los Comuns ya han advertido que pondrán esta cuestión sobre la mesa en las negociaciones de los presupuestos con el ejecutivo catalán, mientras que la CUP fue la primera en levantar el dedo en una sesión de control al president Illa, quien aseguró que lo estudiaría a raíz de un informe de la AMB que lo avalaba con condiciones. Dicho y hecho, el ejecutivo lo estudiará a través de una comisión constituida este miércoles y que debe presentar un informe jurídico antes de que acabe el año. El encuentro de este miércoles lo ha presidido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha ido acompañada de los otros miembros de la comisión que estudiará el informe de la AMB: el director del Área de Vivienda y Ciudad del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, y los juristas Fuensanta Alcalà, Rosa Fornas y Pablo Feu, entre otros.

De hecho, ante la grave crisis de la vivienda, el Parlament de Catalunya ya pidió la semana pasada que el Govern presente medidas para regular la especulación inmobiliaria a principios de 2026 con los votos favorables del PSC, ERC, Comuns y CUP. De hecho, también pedía al ejecutivo que, antes de que acabe 2025, presente las conclusiones de las evaluaciones que está haciendo sobre la regulación de la especulación inmobiliaria. La consellera Paneque ha explicado este miércoles que se han reunido con este grupo de expertos para “hablar sobre herramientas urbanísticas que pueden ayudar en la regulación”. Según la consellera, el informe debe fijar “qué aplicación puede tener o no, qué recorrido normativo requeriría, qué calendarios y qué efectos puede tener sobre el mercado de alquiler”. Una vez acabado, el ejecutivo hablará con los grupos parlamentarios. 

¿Qué dice el informe de la AMB?

Según este informe de la AMB, el Estado, la Generalitat o los ayuntamientos podrían acordar esta restricción en zonas calificadas de “mercado residencial tensionado”. El informe se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, que reconoce la posibilidad de intervenir el mercado inmobiliario en situaciones “excepcionales”, cuando está en juego el derecho a la vivienda para una gran parte de la población. Sin embargo, el informe también prevé diversas excepciones para asegurar que la medida sea proporcionada y compatible con el derecho de propiedad. Entre ellas: la compra de edificios enteros sería posible siempre que todos los pisos se destinaran a alquiler habitual (no turístico ni temporal), y con contratos estables (por ejemplo, de 5 o 7 años según la naturaleza del propietario).

También se permitiría la compra de una segunda vivienda como segunda residencia, si es en un municipio diferente del de la residencia habitual, siempre que el uso fuera personal y no para inversión o alquiler. Además, la restricción debería aplicarse con carácter excepcional, territorial (solo en zonas tensionadas) y temporal, en línea con las condiciones aceptadas por la jurisprudencia para limitar derechos de propiedad.

Los Comuns presionan a Illa

Los Comuns, en una atención a los medios antes de la reunión, han advertido a Illa que ahora "llega la hora de la verdad" y consideran que ahora se constatará si el ejecutivo se toma "en serio" la prohibición de la compra especulativa. "El Govern dice que no le temblarán las piernas, hoy lo veremos", ha insistido la diputada Susana Segovia. De hecho, los Comuns ya registraron en el Parlament de Catalunya una propuesta de ley, que este miércoles han vuelto a proponer en la reunión que sea por lectura única. El objetivo es modificar la ley de Urbanismo, y adoptar medidas de contención de la especulación en las zonas de mercado residencial tensionado, con las excepciones que aparecen en el informe. Los Comuns ofrecen esta "caja de herramientas" para que el Govern aplique la prohibición de la compra especulativa. El grupo de Albiach y David Cid defiende que los informes blindan que la medida ya se puede aplicar en Catalunya.