El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves instar al Govern a elaborar, antes de que finalice el primer trimestre de 2026, un paquete de medidas para regular la compra de viviendas con finalidades especulativas. La iniciativa ha prosperado a partir de dos mociones calcadas presentadas por ERC y la CUP, que han obtenido el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha desmarcado con una abstención. Las mociones reclaman al Ejecutivo que trabaje estas propuestas en colaboración con los grupos parlamentarios y que haga pública, antes de cerrar 2025, la evaluación interna que ya está realizando sobre el impacto y la viabilidad de la futura regulación. El objetivo principal es poner freno a operaciones especulativas que, según los grupos favorables, tensionan el mercado y dificultan el acceso a una vivienda habitual y permanente.
La idea de establecer limitaciones a la compra de vivienda en zonas de alta presión especulativa ha ganado peso político en los últimos meses. El detonante ha sido un informe del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), que apunta que la medida podría tener encaje jurídico, un elemento hasta ahora discutido. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ya expresó a finales de octubre su disposición a estudiar la propuesta, a raíz de una pregunta de la CUP en el pleno. Este noviembre ha reforzado el compromiso, asegurando que el Govern la está analizando “a fondo” y que ha solicitado nuevos informes jurídicos al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
Esta línea de trabajo también ha sido defendida por ERC y los Comuns. Estos últimos han ido un paso más allá presentando una proposición de ley e impulsando, conjuntamente con el Ejecutivo, un grupo de trabajo que prevé hacer público un informe “a principios de enero”. De hecho, la propuesta presentada por los Comuns pretende modificar la Ley catalana de urbanismo para introducir en el artículo 9 la prohibición de comprar viviendas en áreas declaradas como zonas de mercado tensionado, excepto si se utilizan como residencia habitual en un plazo máximo de doce meses después de la compra, con algunas excepciones.
Reproches entre partidos
Durante el debate parlamentario, los grupos proponentes han argumentado que la regulación es compatible con el ordenamiento vigente y que ya se aplica en diversos países europeos. La diputada de ERC Mar Besses ha rechazado frontalmente que se trate de una injerencia en la propiedad privada y ha girado el argumento en sentido contrario: “El verdadero ataque a la propiedad privada es que un fondo buitre pueda comprar un edificio entero, expulsar a los vecinos y multiplicar sus beneficios”. En la misma línea, la cupaire Laure Vega ha asegurado que la especulación inmobiliaria se ha convertido en una preocupación extendida entre la ciudadanía y que despierta un “rechazo popular evidente”. Según ella, la acaparación de viviendas por parte de actores financieros es el verdadero factor que amenaza la estabilidad residencial.
Por parte del PSC, la diputada Eva Candela ha celebrado que cuatro formaciones políticas con tradiciones y sensibilidades diferentes hayan sido capaces de tejer consenso en una cuestión que considera central. Al mismo tiempo, ha criticado lo que interpreta como el miedo de la derecha a regular el mercado inmobiliario. Desde los Comuns, Susana Segovia ha remarcado que la falta de mecanismos de control en la compra de viviendas ha permitido que los precios se dispararan de manera sostenida. Ha defendido que la regulación evitaría que los compradores particulares compitan en desigualdad de condiciones con fondos e inversores que pagan en efectivo, un fenómeno que ya representa más del 30% de las adquisiciones.
Críticas desde la oposición
Al margen del bloque favorable, Junts y el PP han cargado contra la medida. La diputada de Junts Glòria Freixa ha criticado que las dos mociones presentadas fueran idénticas y ha puesto el acento en lo que considera el verdadero problema: la falta de inversión pública. Según ha dicho, Catalunya debería construir 9.200 pisos de protección oficial cada año durante dos décadas para satisfacer la demanda actual. El PP, por boca de la diputada Àngels Esteller, ha ido aún más allá denunciando que la propuesta “contradice el marco jurídico español y europeo” y acusando a las fuerzas de izquierda de utilizarla como instrumento para atacar la propiedad privada. “Es su obsesión: ir contra la economía, contra la propiedad y contra todo el sistema hasta destruirlo”, ha afirmado.