El abogado Gonzalo Boye ha pedido a la magistrada que investiga a los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que acompañaron al president en el exilio, Carles Puigdemont, en su visita relámpago a Barcelona, el 8 de agosto pasado, que desestime todas las declaraciones de altos cargos institucionales catalanes, que ha solicitado la formación ultra Hazte Oír, que es acusación popular. ¿Por qué? El penalista sostiene que las diligencias solicitadas por la asociación son "inútiles, impertinentes y desviadas" para aclarar los hechos y solo quiere convertir la causa penal en “un espacio de litigio político”. Por eso, el penalista defensor de los tres agentes, investigados por el delito de encubrimiento, pide a la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona que rechace las declaraciones y diligencias pedidas por Hazte Oír para no convertir el caso en "una persecución ideológica o de interferencia en el funcionamiento de instituciones democráticas", según el escrito al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles.

La formación españolista —que es acusación popular, junto con Vox— ha pedido que declare como testigo el president del Parlament, Josep Rull,  que acompañó a Puigdemont, que   hizo su intervención política en Arc de Triomf, acompañado de otros cargos de Junts y miles de ciudadanos, que impidieron que fuera detenido, tal como exigía y mantiene el juez Pablo Llarena por la causa del 1-O. También pide la declaración del entonces president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, así como del entonces conseller de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), y la cúpula de Mossos. Solo el comisario Eduard Sallent tiene que ir a declarar al juzgado el 30 de junio porque era el responsable y firmó el informe sobre el operativo policial del 8 de agosto.

Relato especulativo

Además, la acusación pide que la policía catalana informe de los turnos de vacaciones, destinos y baja laboral desde enero de 2024 que tuvieron los tres mossos investigados. "Lejos de contribuir al esclarecimiento de hechos concretos, las diligencias interesadas se orientan a construir un relato especulativo, sin base indiciaria suficiente, que socava derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la presunción de inocencia," manifiesta el penalista en el escrito.

Cinco agentes de Asuntos Disciplinarios de los Mossos declararon este lunes como testigos sobre los informes que hicieron, a partir de las imágenes de las cámaras de la zona y la identificación de coches y de los agentes investigados.

Señalar políticos catalanes

En el escrito —firmado por Gonzalo Boye, Isabel Elbal y Jordi Cabré en nombre de los mossos investigados Xavier Manso, David Goicoechea y Jordi Rodrigo— se expone que la solicitud de Hazte Oír se fundamenta "en hipótesis genéricas (“pudieran haber visto”, “pudieran conocer” —igual que los miles de personas que el 8 de agosto de 2024 se encontraban en Arco de Triunfo, sus limítrofes o en camino hasta Waterloo, Bélgica—) que no garantizan la obtención de datos relevantes para el esclarecimiento del objeto del procedimiento". 

Añade que las diligencias interesadas "se sitúan en la órbita de lo político e institucional, apuntando más a personas por su relevancia pública que por su posible e incierta implicación en los hechos".  Y precisa que "citar a testificar a autoridades de primer nivel, como el president del Parlament o el conseller de Interior, sin que se establezca su participación o conocimiento directo de los hechos procesales, revela un uso desviado del proceso penal".

Por todo esto, la defensa de los mossos investigados pide a la magistrada Maria Antònia Coscollola que rechace todas las diligencias solicitadas por Hazte Oír.