Termina en el Parlament la primera parte del debate de política general. Ya han intervenido el president de la Generalitat, con su anuncio de más y más viviendas para el país, y la respuesta de los grupos de la oposición, que, evidentemente, han asistido a la cámara cargada de críticas contra Salvador Illa, aunque por motivos muy diversos entre ellos. Este miércoles por la tarde, los partidos registrarán sus propuestas de resolución con las que quieren marcar perfil en este nuevo curso político, donde, en principio, no debe haber ninguna convocatoria electoral que afecte a las formaciones catalanas. Las propuestas reflejan las prioridades de los grupos, muy diversas, aunque en algunos casos también son coincidentes. Estas son algunas de las más destacadas.
El PSC propone un pacto contra los discursos de odio
El partido del president Salvador Illa ha presentado todo un conjunto de propuestas alineadas con su postura durante el debate. En materia de vivienda, tras los grandes anuncios del president, reclaman un acuerdo de país para la vivienda, con la intención de activar todos los planeamientos en toda Catalunya. En línea con una de las peticiones de Esquerra, proponen un Plan de Rehabilitación 20230. Ante el crecimiento de la ultraderecha y tras aprobar el Pacto Nacional por la Lengua, el PSC quiere un Pacto Nacional contra los discursos de odio. Una de las grandes crisis del primer año del Govern tuvo lugar a raíz del escándalo de la DGAIA e incorporan en sus propuestas el despliegue de la DGPPIA, la fórmula que encontró la consejera de Derechos Sociales para intentar resolver el tema de raíz. No se han olvidado del catalán, con varios planes para fortalecer la lengua y la intención de duplicar las convocatorias anuales de pruebas oficiales para certificar niveles. Ante los nervios de ERC por la falta de avances en la financiación, ponen por escrito la promoción del nuevo modelo y un fortalecimiento de la ATC pero sin ninguna referencia concreta.
Junts busca que Illa avale la negociación de un referéndum
Junts per Catalunya quiere alinear al PSC con el acuerdo de Bruselas para revertir el “doble discurso” entre los socialistas catalanes y los socialistas españoles. Para ello, llevan a votación a través de una moción la literalidad del acuerdo de Bruselas o todo el listado que consideran como incumplimientos, entre los cuales está la ley sobre la ley sobre la multireincidencia, la ley contra las ocupaciones o los datos de ejecución presupuestaria. Sin embargo, el punto más conflictivo es sobre el referéndum, y es que los de Carles Puigdemont buscan que Illa avale la negociación de un nuevo referéndum en Suiza, a pesar de que en el acuerdo de Bruselas simplemente aparezcan las posiciones de cada parte. Asimismo, también llevan a votación la delegación de las competencias en inmigración, que incluye una denuncia del comportamiento de partidos “anticatalanistas” haciendo referencia a Podemos, o la oficialidad del catalán en la Unión Europea. También llevan a votación la propuesta de un concierto económico, la renuncia del déficit fiscal o por el requisito de un padrón de diez años para poder aspirar a viviendas públicas. Además, llevan la reprobación de Maurici Lucena, president de Aena, por rechazar una cogobernanza de los aeropuertos catalanes.
Más allá del acuerdo de Bruselas, las propuestas de resolución incluyen planteamientos como la incorporación de Catalunya como miembro asociado de la UNESCO; el reconocimiento oficial de las selecciones catalanas; un listado de todos los acuerdos políticos pendientes de cumplimiento, o una iniciativa que "constata la debilidad del Govern" al no disponer de presupuestos, gobernar "a golpe de decreto" y haber sido reprobado por el Parlament. Sobre la opa hostil del BBVA al Sabadell, la propuesta de resolución reclama al Govern que "inste al gobierno español, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España a suspender cualquier validación definitiva de los efectos y a establecer el requisito de que la operación solo pueda prosperar si cuenta con el apoyo de al menos el 50% del capital social. A su vez, plantea medidas concretas, como la deflactación del IRPF, la supresión del impuesto de sucesiones, la creación de un salario mínimo catalán o unas pensiones adaptadas a la realidad del coste de vida catalán.
ERC propone más rehabilitación de viviendas
Desde ERC, las propuestas de resolución van en línea con lo que durante los primeros 14 meses de legislatura han situado como grandes prioridades, en línea, también, con lo que ya recogía el acuerdo de investidura con los socialistas. Aparte de las que ya se habían anunciado, como los comedores y extraescolares gratuitos para los niños, no faltan medidas en defensa de la vivienda. Josep Maria Jové ya ha advertido a Illa que más allá de la construcción, hacían falta medidas en rehabilitación y por eso, plantean un plan en este sentido, como también hacen los mismos socialistas. También quieren subir el IBI de manera progresiva a partir de la segunda vivienda por persona. En cuanto a la lengua, ERC quiere que el conocimiento del catalán sea un requisito para los jueces, más plazas en los cursos y una fiscalización del pacto nacional por la lengua. Y por el conflicto político, sobre el cual han situado el foco, los republicanos reclaman un "entendimiento de país" en defensa de la democracia y los derechos de los pueblos para avanzar en la soberanía nacional y social. No se han olvidado de su gran caballo de batalla, la financiación, reclamando una justa.
El PP quiere constatar la debilidad de Illa
En cuanto al Partido Popular catalán, más allá de llevar a votación la relación entre Junts per Catalunya y el PSOE, quieren que el Parlament repruebe al Govern por su "debilidad" e "incapacidad de aprobar presupuestos". También critican "el abuso de los decretos ley" por parte del ejecutivo durante el primer año de mandato. Entre las medidas más destacadas, el PPC insta al Govern a crear una ley antiocupación para proteger y amparar a los propietarios, así como incrementar el número de efectivos de los Mossos para combatir la multireincidencia. También reclaman al Govern presentar antes de finalizar octubre el proyecto de ley de presupuestos con la antelación suficiente para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2026. En cuanto a la inmigración, el PP insta al Govern a "asociar la percepción de ayudas sociales" al "cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana". Para ello, proponen crear un registro administrativo de ayudas sociales que unifique datos, evite duplicidades y pueda detectar los fraudes en el empadronamiento. También reclaman implementar un "plan integral de orden y convivencia" que incluya la creación de unidades mixtas de patrullaje entre los Mossos y las policías locales para identificar a personas "que viven de forma irregular" y "mejorar el sistema de traslado de esta información" a la delegación del gobierno español. Asimismo, el partido quiere que el Govern solicite ante el gobierno español hacer efectivos los convenios con terceros países para "acelerar el retorno" a sus países de origen a los menores no acompañados que hayan cometido delitos o que hayan demostrado "una nula voluntad de integración" en Catalunya.
Los Comunes se centran en vivienda
No es una sorpresa que los comunes tengan entre sus prioridades la vivienda. Concretamente, reclaman que el Govern estudie e implemente los "cambios legales necesarios" para prohibir la compra especulativa de viviendas en un momento en que acceder a un hogar se ha convertido en un gran dolor de cabeza para los catalanes. Los de Albiach quieren que antes de que termine noviembre el Govern apruebe el proyecto de ley de modificación de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo y 150.000 casas en siete años que se sumen al parque de vivienda protegida.
La CUP lleva la ruptura de relaciones con Israel
El debate de política general ha estado marcado, en parte, por el regreso de la diputada Pilar Castillejo después de ser retenida en Israel como miembro de la Flotilla por la Libertad. En este sentido, llevan a votación una ruptura inmediata de las relaciones con el gobierno de Netanyahu para hacer que el PSC y Junts se posicionen al respecto. No es el único punto de los cupaires que hace referencia a la situación en Gaza. Como ya ha avanzado el diputado Xavier Pellicer desde el hemiciclo, los anticapitalistas proponen también una reducción de sueldo de los diputados en un momento de mucha fragilidad social en el país. La rebaja propuesta es de un mínimo del 14% y dejar de percibir una asignación en concepto de gastos y desplazamientos.
Aliança Catalana quiere acabar con las subvenciones a partidos
Aliança Catalana, tal como ha dicho su líder Sílvia Orriols, ha presentado una propuesta de resolución para acabar con las subvenciones a partidos políticos. Así lo explicita en sus propuestas, donde dice: "Suprimir las subvenciones a los grupos parlamentarios y partidos políticos otorgadas por los presupuestos del Parlament de Catalunya (3,9 millones de euros 2024) y el Departament de Presidencia (9 millones de euros 2024) respectivamente". También proponen eliminar el plus de productividad para los trabajadores del Parlament cifrada en 900.000 euros de su presupuesto. A la vez, proponen que los Mossos formen parte como policía propia de Catalunya de la Interpol o Europol, así como hacer más dispositivos Kanpai. En cuanto a vivienda, piden crear un registro de arraigo territorial, así como priorizarlas a los jóvenes. En política exterior, los de Sílvia Orriols instan a impulsar la reapertura de la delegación del Govern de la Generalitat en el Estado de Israel, con el fin de restablecer las relaciones institucionales y económicas. También proponen eliminar el lenguaje inclusivo de los centros educativos y en la administración pública, como parar la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones. Finalmente, también piden el traspaso de la gestión de los aeropuertos y, sobre inmigración, una moratoria en la entrada de migrantes.