El despliegue del Toyota Mirai en California, uno de los mercados más activos en movilidad alternativa, se ha convertido en un caso paradigmático sobre los retos de introducir nuevas tecnologías sin una infraestructura plenamente consolidada. Cientos de propietarios del modelo de hidrógeno de Toyota han presentado una demanda colectiva en la que acusan al fabricante japonés de haber vendido el vehículo sabiendo que los clientes quedarían atrapados en préstamos para un producto que no pueden utilizar de forma habitual.

El detonante principal ha sido el colapso de la red de repostaje de hidrógeno en determinadas zonas del estado, unido al fuerte encarecimiento del combustible. Esta combinación ha provocado una situación límite para numerosos usuarios que, pese a seguir abonando las cuotas de financiación de sus vehículos, no pueden usarlos debido a la falta de estaciones operativas o a la imposibilidad de repostar en condiciones viables. En este contexto, Toyota ha decidido cesar la comercialización del Mirai en áreas como Sacramento, donde los problemas son más agudos.

 

Los demandantes alegan que las soluciones propuestas por el fabricante –vehículos de alquiler o créditos de servicio– son insuficientes. Además, acusan a Toyota de fraude, negligencia y vulneración de las leyes de protección al consumidor. La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y busca sentar un precedente frente al uso de tecnologías cuya viabilidad depende de factores externos no resueltos al momento de la compra.

Una crisis que trasciende al fabricante

Uno de los casos más citados en esta acción legal es el de Sam D’Anna, quien adquirió un Toyota Mirai nuevo en julio de 2022 por 75.000 dólares. A las pocas horas de estrenarlo, comprobó que el depósito estaba prácticamente vacío y que no podía repostar debido a que la estación más cercana estaba fuera de servicio. La siguiente opción se encontraba a 40 kilómetros, pero el vehículo apenas marcaba 35 km de autonomía. La situación, según relata, le obligó a conducir con el climatizador apagado para ahorrar combustible, en una experiencia que califica de frustrante e injusta.

Lo llamativo en este caso es que la demanda no solo se dirige contra Toyota, sino también contra otros actores implicados en el ecosistema del hidrógeno en California: el operador de estaciones FirstElement Fuel, la Asociación de Pilas de Combustible de Hidrógeno y el propio gobernador Gavin Newsom. El objetivo es denunciar una supuesta falta de planificación y de garantías que ha dejado a los usuarios sin una solución efectiva a corto plazo.

 

En paralelo, el fabricante coreano Hyundai ha afrontado situaciones similares con su modelo Nexo, lo que evidencia que el problema no se limita a un único vehículo, sino que afecta al conjunto de la estrategia de movilidad basada en hidrógeno. En este sentido, la demanda contra Toyota pone en cuestión la viabilidad práctica de esta tecnología en mercados donde la infraestructura de recarga sigue siendo limitada.

La situación del Toyota Mirai en California refleja los desafíos que plantea la transición energética cuando las promesas de movilidad limpia se enfrentan a realidades técnicas, logísticas y económicas aún por resolver. La presión legal sobre los fabricantes y operadores podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de futuras tecnologías de propulsión alternativa.