Tras la comparecencia en la que Donald Trump ofreció más detalles sobre la insólita operación militar en Venezuela —que ha culminado con la caída de Nicolás Maduro—, quedó claro que uno de los objetivos centrales de la Casa Blanca es aprovecharse de las vastas reservas de petróleo del país sudamericano. Fue el sábado, hacia las seis de la tarde, cuando Trump se puso ante las cámaras para revelar los detalles de un ataque que ha dado lugar a un gobierno provisional bajo la tutela directa de Washington. En aquella misma intervención desde Mar-a-Lago, el presidente estadounidense celebró que el derrocamiento del régimen bolivariano abría la puerta a un reposicionamiento clave de los intereses energéticos de Estados Unidos: “Haremos que nuestras compañías petroleras —las más grandes del mundo— entren allí, inviertan miles de millones, reparen la infraestructura muy deteriorada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó. Que este era uno de los objetivos prioritarios de la operación Resolución Absoluta es indiscutible, pero no es el único. Y quizás, ni siquiera, el más relevante.

La hipótesis sobre el interés directo de Trump en el petróleo venezolano ya había cobrado fuerza el mes pasado, cuando Maduro acusó a Estados Unidos, en una carta dirigida a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de querer apoderarse de las reservas del país. Días después, esta sospecha se vio reforzada con la orden del presidente estadounidense de bloquear los buques petroleros que entraran o salieran de Venezuela, un paso que apuntaba a un control estratégico del flujo energético. Pero, más allá de las declaraciones públicas de Trump, los hechos ocurridos este sábado han acabado de evidenciar el interés de la Casa Blanca en el crudo venezolano. Según reveló *Reuters* poco después de la operación militar, la producción y la refinación de petróleo estatal continuaban operando con normalidad y no habían sufrido daños, de acuerdo con fuentes conocedoras de las actividades de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), lo que sugiere que la operación fue diseñada con la idea de preservar la infraestructura energética.

Ahora bien, ni el petróleo ni la supuesta lucha contra el narcotráfico —a la que Trump ha apelado reiteradamente para justificar el incremento de la presión militar sobre el régimen de Maduro— explican por sí solas la ofensiva contra Venezuela. La operación se inscribe en una agenda geopolítica más amplia, que trasciende la explotación de recursos naturales. Mediante esta intervención, la Casa Blanca pretende desmantelar el eje de regímenes formado por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Caracas ya ha caído, pero si Washington consigue lo mismo con La Habana y Managua, reafirmaría su hegemonía en América Latina y frenaría la expansión de actores como China y Rusia en la región. Todo ello, además, con una clara voluntad de reforzar el liderazgo interno de Trump de cara a su electorado, especialmente en un año clave en el ámbito electoral con las midterm.

Las motivaciones de la administración Trump responden a una estrategia política y geopolítica ambiciosa: recuperar el liderazgo incontestado de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Diversos analistas internacionales coinciden en señalar que el objetivo no solo era derrocar a Maduro, sino proyectar una nueva doctrina de intervención en América Latina para garantizar que ningún aliado de potencias rivales arraigue en la región. Una visión que el mismo secretario de Guerra, Pete Hegseth, reafirmó ayer durante la comparecencia de Mar-a-Lago, cuando aseguró que “los Estados Unidos dominamos el hemisferio occidental”. Este enfoque habría sido determinante para justificar no solo la operación en Venezuela, sino otras acciones recientes de la Casa Blanca, como las amenazas sobre el canal de Panamá, el cambio simbólico de nombre del golfo de México por golfo de América, la presión diplomática sobre Colombia, las sanciones comerciales a Brasil o el apoyo financiero explícito al gobierno de Javier Milei en Argentina. 

Cuba, ¿próximo objetivo?

Con la operación en Venezuela aún en plena efervescencia, el foco de la Casa Blanca podría desplazarse ahora hacia Cuba. La posible ampliación de la ofensiva responde, en gran medida, a la influencia creciente del secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano y pieza clave de la estrategia regional del gobierno de Trump. Para el presidente estadounidense, la caída de La Habana consolidaría la hegemonía de los Estados Unidos en la zona y le reportaría réditos políticos claros entre el electorado latino conservador en Florida, especialmente entre cubanoamericanos y venezolanos exiliados, uno de los bastiones más fieles del trumpismo. Tanto es así que durante la rueda de prensa del sábado, Trump abordó explícitamente la situación en la isla caribeña y estableció paralelismos con el caso venezolano. Definió a Cuba como una “nación fallida”, mientras que Rubio la tildó de “desastre”, y ambos coincidieron en la necesidad de “apoyar al pueblo cubano” y a los exiliados residentes en los Estados Unidos. “Si yo estuviera en el gobierno y viviera en La Habana, estaría, como mínimo, un poco preocupado”, advirtió Rubio, dejando claro que la isla podría ser el siguiente escenario de un nuevo episodio de intervencionismo estadounidense.

Así pues, el objetivo de controlar las reservas de petróleo venezolanas y la voluntad de marcar la agenda geopolítica en América Latina no son, ni de lejos, excluyentes. Al contrario, el dominio del crudo se convierte en una herramienta clave para consolidar la estrategia de Washington en la región. En primer lugar, permitirá ahogar económicamente a Cuba, que depende en gran medida del petróleo venezolano para paliar su crónica escasez de combustible, lo que podría desestabilizar aún más la isla y favorecer el colapso del régimen. En segundo lugar, supondrá un revés para China, principal compradora del crudo venezolano. Aunque Venezuela no forma parte del grupo de los quince principales exportadores de petróleo hacia Pekín, sus exportaciones hacia el gigante asiático se dispararon un 200% entre 2023 y 2024

Este análisis no se basa en suposiciones, sino en hechos objetivos y en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca a principios de diciembre.