¿Tiene Donald Trump un control real de la situación en Venezuela o solo había un único objetivo en la operación Resolución Absoluta que era lanzar una intervención quirúrgica en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, llevarlo detenido a Nueva York y ponerlo a disposición de la justicia? Las primeras horas, las declaraciones que se están produciendo y los silencios del conglomerado militar de apoyo al presidente depuesto dan una idea más de lo segundo. Por ejemplo, la advertencia a Delcy Rodríguez, que este lunes jurará como nueva presidenta del país, de que si no hace lo correcto pagará un precio mayor que Maduro va aparentemente en esta dirección. Más si se tiene en cuenta que en su comparecencia pública del sábado había dicho que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a hacer lo que EE. UU. considerara necesario para que Venezuela volviera a ser grande.

Algo, igual, no está saliendo como Trump pensaba. Por eso es prematuro afirmar hacia dónde se dirigirá la crisis actual. La política venezolana no se despliega en línea recta, sino como un campo de equilibrios tensos entre legalidad, fuerza institucional y control territorial. Lo que algunos describen hoy como vacío puede transformarse, según quien imponga el marco narrativo y jurídico, en una reconfiguración interna del mando o en una transición estrictamente administrada. El primer hecho relevante es inmediato: este lunes se instala la nueva Asamblea Nacional. No se trata de un rito menor, sino de una reafirmación institucional del núcleo del poder. La instalación del Parlamento el 5 de enero pertenece al repertorio de continuidad del Estado, marca normalidad, transmite jerarquía y exhibe la voluntad del régimen de presentarse ante sí mismo y ante el exterior como si nada esencial se hubiera quebrado, que es precisamente lo que buscan los sistemas que atraviesan un shock en la cúspide.

El segundo hecho es aún más decisivo y explica la lógica de contención. La previsión constitucional de que, ante ausencia del presidente, asume la vicepresidencia y se convocan elecciones en treinta días (art. 233), no opera del mismo modo cuando la ausencia es forzada —secuestro o detención— y así lo ha sostenido la interpretación del órgano constitucional. Ese matiz tiene un impacto político enorme: desplaza la crisis fuera de la mecánica electoral automática y la inserta en la lógica de continuidad administrativa del Estado, permitiendo un gobierno encargado sin activar necesariamente el reloj de una elección inmediata. En términos de poder real, el chavismo intenta convertir un evento disruptivo en un evento jurídicamente absorbible: no resolver el conflicto, sino administrarlo; no abrir una salida rápida, sino controlar el ritmo y el terreno sobre el que se decidirá cualquier desenlace.

El tercer elemento confirma por qué muchos análisis españoles suelen fallar: la nomenklatura chavista permanece intacta, cohesionada y juramentada a seguir. En momentos de crisis, lo determinante no es tanto lo que opine la calle como lo que decidan las redes internas de control estatal: fuerzas armadas, tribunales, administración pública, partido, aparato territorial, gobernaciones y sistema de distribución. España —y buena parte de Europa— tiende a imaginar la política como competencia de partidos y oscilación de opinión pública; Venezuela, en cambio, funciona desde hace años como una estructura de poder que integra Estado, partido y seguridad, y que se mantiene mientras no se fracture desde dentro. Por eso, aunque la detención de Maduro abre escenarios inéditos, el dato decisivo es que la cadena de mando, el relato y las instituciones clave siguen articuladas. Y mientras eso siga siendo así, la historia no será la del “final” tantas veces anunciado, sino la de una mutación controlada de la continuidad: con nuevas figuras, nuevas alianzas y quizá nuevas fórmulas de legitimación, pero no necesariamente con ruptura inmediata.

En Venezuela, el poder no se define por gestos o declaraciones, sino por la capacidad de preservar la cohesión de los pilares internos frente a una crisis que amenaza con tensarlos

A partir de esa estructura, gana puntos la hipótesis de que Delcy Rodríguez puede mantener puentes con las autoridades norteamericanas, pero no actúa en connivencia con Estados Unidos, sino en coordinación con la cúpula política y militar que sostiene el sistema. No es una cuestión de intenciones personales, sino de racionalidad institucional: en Venezuela, el poder no se define por gestos o declaraciones, sino por la capacidad de preservar la cohesión de los pilares internos frente a una crisis que amenaza con tensarlos. La elección de encuadrar el conflicto como continuidad institucional —y no como una salida electoral mecánica— revela una operación de contención destinada a absorber el shock dentro del régimen. En ese marco, Delcy funciona como bisagra: administra la continuidad pactada por los centros reales de poder y solo puede sostenerse mientras la arquitectura interna permanezca firme.

De ahí que España yerre cuando simplifica el escenario como un tablero moral o interpreta cada sobresalto como colapso inminente. Lo decisivo no es lo que Occidente desea, sino lo que el poder interno puede sostener. Y lo que hoy se aprecia es un chavismo aún estructurado, disciplinado y comprometido con la permanencia: una nomenklatura que, ante la incertidumbre, prioriza blindarse antes que ceder. Esto no excluye contactos discretos con Washington —habituales en cualquier crisis bajo sanciones—, pero los sitúa en su verdadera dimensión: instrumentos tácticos subordinados a un objetivo central de supervivencia, garantías y control del proceso. En consecuencia, el desenlace dependerá menos de lecturas externas o pronósticos mediáticos que de la evolución del equilibrio interno y de si, en algún momento, se abre una fractura real en un bloque que, por ahora, continúa unido.

España ha observado a Venezuela durante veintiséis años como si mirara un espejo deformado: no para comprender un país real, sino para proyectar en él sus propias obsesiones. Esa distorsión no ha sido accidental, sino el resultado de un hábito cultural y mediático profundamente español: sustituir el conocimiento por la caricatura, la complejidad por el eslogan y el análisis por el reflejo ideológico. Venezuela dejó de ser, para la opinión pública española, un objeto de estudio y pasó a convertirse en un recurso doméstico, una metáfora con la que discutir sobre la izquierda, el populismo, el miedo o la decadencia. De ahí deriva una cadena de diagnósticos errados: se ha confundido el chavismo —una coalición estatal, militar y popular, asentada territorialmente y con densidad burocrática— con una simple camarilla; se ha interpretado cada crisis como preámbulo del derrumbe, y cada protesta como anuncio de transición. Se ha ignorado, en suma, una regla elemental de la política comparada: los regímenes no caen únicamente por impopularidad; caen cuando se fracturan los pilares que sostienen el poder. Cosa que, por lo que podemos deducir, aún no ha pasado. Al menos, en este momento.