Estados Unidos publica cada año una retahíla de informes que sirven para analizar la situación de los derechos humanos en casi 200 países. Este martes, la administración de Donald Trump ha hecho pública la versión de este año, que destaca por su drástico cambio de enfoque: minimiza o elimina las referencias a vulneraciones de derechos en países aliados del presidente norteamericano a la vez que pone el foco sobre aquellos gobiernos que recientemente se han enfrentado a él. Concretamente, el informe colectivo es especialmente laxo con los abusos persistentes en El Salvador, Hungría, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel, todos ellos socios próximos a la actual administración republicana. Por el contrario, es especialmente crítico con países como Brasil o Sudáfrica, con los que Washington ha tenido ciertas discrepancias. El informe, además, no hace ninguna mención a la discriminación contra las mujeres, contra los miembros de la comunidad LGBTQ o por motivos de raza, cuestiones tratadas en las ediciones anteriores.
Durante décadas, el informe del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos se ha utilizado como modelo de referencia para la defensa de los derechos globales. Esta última edición se tendría que haber publicado hace meses, pero Trump decidió modificar de raíz el borrador del año anterior para "adaptarlo a los valores del America First", según Al Jazeera. El departamento se ha referido al nuevo informe como "simplificado", y ha explicado que "se encuentra en línea con las órdenes ejecutiva de la administración". Varios grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado el documento, alegando que "falla intencionadamente" a la hora de recoger los abusos contra los derechos humanos en varios países, hecho que muestra una voluntad explícita de la actual administración norteamericana para no capturar las amenazas y vulneraciones promovidas por ciertos gobiernos.
Brasil y Sudáfrica, los grandes señalados
El nuevo informe defensa figuras políticas de derechas próximas a Trump y afirma que algunos países violan los derechos de libertad de expresión de los partidos y organizaciones conservadoras. La sección dedicada al Brasil asegura que el gobierno ha estado "suprimiendo de manera desproporcionada la libertad de expresión de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, así como de periodistas y políticos electos, a menudo en procedimientos secretos que no tenían las debidas garantías". Bolsonaro tiene un juicio abierto al Tribunal Supremo por su intento de anular violentamente la derrota electoral del 2022 contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Trump se ha referido al caso como una "caza de brujas" y, como castigo, ha impuesto un arancel del 50% en los productos brasileños.
El otro gran damnificado por el informe es Sudáfrica. El gobierno de Cyril Ramaphosa ya recibió acusaciones el año pasado por discriminación hacia los afrikáners —una minoría blanca descendente de los primeros colonos europeos— y, a ojos de la actual administración republicana, el estado de la cuestión ha empeorado significativamente. "Sudáfrica ha dado un paso sustancialmente preocupando hacia la expropiación de tierras de los afrikáners y más abusos contra las minorías raciales en el país", lee el documento. Trump, a principios de este año, emitió una orden ejecutiva para reasentar a los afrikáners, describiéndoles como "víctimas de una política racista por parte de las autoridades del país", acusaciones que se hacían eco de unas afirmaciones de la extrema derecha local.
Complicidad con Israel y El Salvador, cortesía con China
En la otra cara de la moneda, el Departamento de Estado ha reducido notablemente su tono con algunos países sobre los cuales pesan acusaciones por vulneraciones de derechos humanos. Con respecto a Israel, el informe del año pasado afirmaba que la guerra en Gaza había provocado decenas de miles de muertos y muchos más heridos, además del desplazamiento forzoso de la gran mayoría de gazatíes y una grave crisis humanitaria. La edición de este año, en cambio, no menciona nada de eso, y tampoco hace referencia a las 61.000 personas que han perdido la vida en la Franja desde octubre de 2023. Un escenario similar sucede con El Salvador, país que actualmente recibe 6 millones de dólares anuales de EE.UU. para alojar migrantes deportados en una megaprisión de alta seguridad. "No hay informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos", asegura el estudio, a pesar de las numerosas acusaciones que pesan sobre el gobierno de Nayib Bukele por las condiciones extremas en que viven sus reclusos.
Un caso particular es el de China. Durante el primer mandato de Donald Trump, el informe determinó que existían indicios de un genocidio cometido por el Partido Comunista contra los musulmanes de etnia uigur que habitan el país. Ahora, si bien se menciona tímidamente esta conclusión anterior, el resumen de la situación de derechos humanos es mucho más corto, y se han eliminado referencias a las "interferencias sustanciales con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación" y otros abusos. El mes pasado, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se reunió con su homólogo chino, en un intento de la administración republicana por construir puentes de cooperación con el gigante asiático. Después del encuentro, Rubio aseguró visiblemente satisfecho que trataría de organizar una cumbre entre Trump y Xi Jingping para este año.
Una agenda que se ha centrado en los abusos incorrectos
Según los asesores de Donald Trump, los gobiernos de "mentalidad liberal" han estado impulsando una agenda de derechos humanos que se ha centrado en los abusos incorrectos. La actual administración no acostumbra a hablar de cuestiones relativas a los derechos humanos, omisión que también afecta a las vulneraciones sobre colectivos LGBT o hacia las mujeres. Rubio anunció recientemente importantes recortes en el Departamento de Estado, al que acusaba de estar sometido a "ideologías radicales", y dijo que trabajaría para alinearlo de nuevo con el enfoque de política exterior del presidente Trump. De momento, el máximo responsable de la diplomacia norteamericana ya ha desmantelado oficinas encargadas de supervisar los derechos humanos, la democracia, y ha despedido a varios empleados que trabajaban en estos asuntos en Washington. Curiosamente, cuando ejercía como senador republicano en Florida, Rubio era un persistente crítico de los abusos contra los derechos humanos en el mundo. Una vez bajo las órdenes de Trump, como máximo responsable del Departamento de Estado y consejero de seguridad nacional, se ha abstenido completamente de hacer cualquier referencia a estas cuestiones.