La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este jueves una reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente del país y amplía la duración del mandato de cinco a seis años. El cambio, impulsado por Nuevas Ideas —el partido del presidente Nayib Bukele— con el apoyo de sus dos socios de gobierno, modifica cuatro artículos de la Constitución que, hasta ahora, prohibían que un jefe de Estado pudiera presentarse de manera consecutiva. Con esta maniobra legislativa, Bukele podrá volver a optar a la Presidencia de manera indefinida, consolidando todavía más su poder en un país donde ya había sido criticado por su deriva autoritaria y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
"Lo más importante es darle el poder total al pueblo", ha defendido la diputada oficialista Ana Figuero, principal promotora de las reformas constitucionales que permitirán la reelección indefinida de Bukele. Durante su intervención, recogida por el diario salvadoreño El Mundo, ha justificado la reforma de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución asegurando que la reelección es una práctica histórica en el país, vigente para casi todos los cargos de elección popular. "Los alcaldes se pueden reelegir tantas veces como quieran, los diputados también", ha añadido, poniendo el acento en lo que considera el elemento fundamental del proceso: "el apoyo de la gente". Con este argumento, la mayoría parlamentaria ha impulsado una reforma clave que, según los críticos, consolida la concentración de poder en manos del presidente.
Con 57 votos a favor de los 60 diputados del Parlamento —donde solo seis miembros no forman parte del bloque de Bukele—, la Asamblea Legislativa ha aprobado de manera contundente las reformas necesarias para eliminar la prohibición constitucional de la reelección inmediata e indefinida del presidente, así como para ampliar la duración del mandato presidencial de cinco a seis años. Esta modificación, además, permitiría a Bukele presentarse a las elecciones del 2027 —aunque su mandato actual se extiende hasta el 2029— si decide hacer coincidir los comicios presidenciales con los legislativos y municipales. Además de estas medidas, el paquete de reformas incluye otro cambio relevante: la supresión de la segunda vuelta electoral en caso de que ningún partido o coalición alcance la mayoría absoluta, un paso más hacia la concentración del poder político en manos del oficialismo.
"Hoy ha muerto la democracia"
Los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos han expresado un rechazo frontal a la reforma constitucional impulsada por el bloque gubernamental. La diputada Marcela Villatoro ha sido especialmente contundente: "Hoy ha muerto la democracia en El Salvador", ha denunciado durante la sesión parlamentaria, acusando al gobierno de haber aprobado el paquete de medidas "sin consulta, de manera burda y cínica". "Se han quitado las máscaras", ha añadido, en referencia a la coalición liderada por Bukele. Todo ello queda ahora pendiente de una ratificación por parte de la misma cámara, un trámite que previsiblemente prosperará gracias a la mayoría abrumadora de Nuevas Ideas. En esta misma sesión, el Parlamento también debatirá la 41.ª prórroga consecutiva del régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022. El presidente Bukele, que ha defendido reiteradamente este estado de excepción como una herramienta clave para combatir el crimen organizado, ya advirtió el junio pasado: "Me da igual que me llamen dictador". Entonces, cargó contra los valores democráticos: "Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho... suenan bien, pero son términos que solo se utilizan para tenernos sometidos".
Bukele, que en más de una ocasión se ha referido a sí mismo como "el dictador más genial del mundo", sigue disfrutando de una enorme popularidad en su país, en gran parte gracias a su política de mano dura contra las bandas delincuentes que durante décadas han sembrado el terror en El Salvador. A pesar de las críticas de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos, una gran parte de la población ha estado dispuesta a ignorar o relativizar las pruebas que apuntan a que su gobierno —como ya hicieron otras administraciones antes— habría negociado en secreto con las mismas bandas. Esta aparente contradicción ha quedado eclipsada por una narrativa oficial que ha vinculado la paz relativa en las calles con el estado de excepción instaurado en 2022, el cual ha permitido suspender garantías constitucionales y llevar a cabo detenciones masivas. En este contexto, decenas de miles de personas han sido encarceladas sin garantías judiciales, en el marco de una ofensiva que Bukele presenta como un éxito rotundo en materia de seguridad.