La agenda política vuelve al Tribunal Supremo. El movimiento del magistrado Ángel Hurtado enviando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a juicio por un presunto delito de revelación de secretos devuelve de manera significativa la agenda política española a los tribunales. Sucede justo en un momento sustancialmente diferente al de antes de las vacaciones de verano: Alberto Núñez Feijóo ha dado muestras en las últimas semanas de una cierta fatiga, perdiendo el hilo de lo que debe ser el papel de jefe de la oposición y bien posicionado para ganar las próximas elecciones españolas. Ese traspié de Feijóo había sido bien leído por un agónico Pedro Sánchez que, lejos de amedrentarse por todo el enjambre de problemas judiciales que le rodean, había tratado de coger el control de la agenda política: colocar los presupuestos generales del Estado como un objetivo alcanzable, criticar a las autonomías gobernadas por el PP su gestión de los incendios, aprobar la condonación de la deuda con el FLA, una vieja reivindicación de Junqueras, y, simultáneamente, la celebración de una reunión del president Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas.

Mientras Sánchez trataba de mantener vivo un relato de que no estaba acabado políticamente, Feijóo se enredaba con intervenciones desafortunadas cantando canciones en un karaoke, involucrando al Rey en su ausencia de la inauguración del año judicial y demostrando que las hechuras de hombre de Estado eran más blandas de lo que se le podía presuponer. Fruto de ello, había una cierta coincidencia en las encuestas publicadas a finales de agosto y en este inicio de septiembre: la amplia distancia entre el PP y el PSOE a favor de los conservadores se iba reduciendo, no así el bloque de posibles diputados que sumarían PP y Vox. La formación de Abascal se iba a máximos históricos y encapsulaba al partido de Feijóo, incapaz de presentarse como una formación de centroderecha de amplio espectro, capaz de seguir absorbiendo voto socialista menos izquierdista y, a su vez, de levantar un muro al trasvase de PP a Vox. Ni lo primero ni lo segundo lo tiene ni mucho menos asegurado y está lejos de afianzarlo.

La confianza en la justicia de García Ortiz pasa por dar un paso atrás y no por utilizar las prebendas de la Fiscalía en beneficio propio

Pues bien, en este contexto, el Supremo, que no tenía una fecha predeterminada para el juicio al fiscal general del Estado, se ha dado prisa en marcar de nuevo la agenda y anunciar que iba a ser juzgado, con las acusaciones particulares pidiendo entre cuatro y seis años de prisión. El magistrado le impone una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias y le da cinco días para presentarla. Si no lo hace, se le embargarán bienes para garantizarla. Ya he dicho más de una vez que es absolutamente insólito e inaceptable que García Ortiz no se haya apartado del cargo y que ello no presupone una muestra de culpabilidad. Lo hubiera tenido que hacer por la posición que ocupa y para preservar el prestigio de la Fiscalía General del Estado. Justo lo contrario de lo que ha venido sosteniendo, la última vez en la apertura del año judicial. Su confianza en la justicia pasa por dar un paso atrás y no por utilizar las prebendas de la Fiscalía en beneficio propio.

El magistrado sustenta la decisión de sentar a García Ortiz en el banquillo de los acusados en la “solidez de la base indiciaria acumulada durante la instrucción” y argumenta que “existen suficientes indicios” para enviarlo a juicio después de que la investigación haya aportado “materia delictiva suficiente”. Las previsiones del Supremo son juzgar al fiscal general del Estado en noviembre con un tribunal de mayoría conservadora. La experiencia que hemos ido acumulando estos años lleva a pensar que García Ortiz no lo tendrá nada fácil. Es más, el mantenimiento en el cargo y la defensa a ultranza del gobierno socialista, empezando por el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, son para el fiscal, seguramente, de agradecer, pero resultan caramelos envenenados, dada la enemistad manifiesta de las togas doradas españolas con el PSOE y, particularmente, con Pedro Sánchez.