Ayer, con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el periodista Xavier García Luque escribió en X que "se recuerda mucho el «Españoles, Franco ha muerto» y no interesa tanto recordar el «todo está atado y bien atado»". También ayer, 20N, pocas horas después de este tuit, el Tribunal Supremo comunicaba a algunos periodistas la condena al fiscal general del Estado antes de que la sentencia estuviera redactada. Antes de que hubiera pasado una semana del juicio.

El Tribunal Supremo viene de lejos. Durante el franquismo convivió con tribunales franquistas como el de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP). A pesar de esta convivencia de más de 30 años, durante la Transición no se produjeron cambios en el Tribunal Supremo. La práctica totalidad de los jueces del Supremo franquista continuaron en sus cargos hasta bien entrada la democracia. De hecho, no hubo depuración judicial, no se revisaron trayectorias, sentencias ni vinculaciones políticas con el franquismo. Todos los jueces y magistrados mantuvieron su carrera automáticamente, incluidos los del Supremo.

El TOP fue sustituido por la Audiencia Nacional. La mayoría de sus jueces franquistas pasaron directamente a ser miembros de la Audiencia Nacional. Algunos fueron a otros tribunales y algunos incluso llegaron al Supremo. Es cierto que en 1985 hubo una nueva ley orgánica y que algunos magistrados se fueron jubilando. Pero ya habían pasado diez años de la muerte de Franco y parece que la cultura de la administración franquista se consolidó.

La verdad es que el Estado español cada vez tiene más dificultades para considerarse democrático y de derecho

Tras el anuncio del Supremo, el ministro de Justicia pidió que, aunque no se compartiera la sentencia, se confiara en la justicia. Pero la verdad es que el Estado español cada vez tiene más dificultades para considerarse democrático y de derecho. La unidad de España, impuesta como fundamento del derecho, es la base de todo el Estado. Este principio prevalece sobre cualquier criterio democrático o de justicia. Por más que se intente disimular, muestra la persistencia de la herencia franquista. Tampoco en el ejército se realizó una depuración real. Solo después del 23F de 1981, con el intento de golpe de Estado, fue necesario hacer una limpieza parcial, reorganizar mandos y apartar a los elementos más reaccionarios.

La Corona es otro símbolo franquista vigente. En 1969, Juan Carlos juró fidelidad a Franco, a los Principios del Movimiento Nacional y respeto a las Leyes Fundamentales. Fue elegido heredero de Franco y el Caudillo decía “atado y bien atado”. En 1975, con la muerte de Franco, Juan Carlos —heredero de Franco— toma posesión como rey y vuelve a jurar las Leyes Fundamentales y los Principios del Movimiento. La continuidad franquista no se interrumpe, solo se viste de formalidad democrática. La Constitución de 1978 consolida la herencia: el heredero del franquismo es jefe del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El régimen, formalmente transformado, mantiene el control simbólico y real sobre las instituciones clave. Justicia, Corona, ejército… pero también administración, policía, servicios secretos y grandes empresas. El “pacto sin ruptura” o “de la ley a la ley” permitió que el franquismo sobreviviera, camuflado bajo la apariencia democrática.

Es muy posible que los demócratas hicieran todo lo que pudieron. Y que muchos se jugaran mucho. Pero cincuenta años después no podemos bautizar este periodo como años de plena libertad. La herencia franquista sigue condicionando el poder y la sociedad. Hay que estar alerta ante un franquismo que vuelve a mostrarse desacomplejado. Y cincuenta años después de la muerte del dictador, tomar conciencia de que seguimos siendo un país ocupado. ¿Se vive mejor? ¿Hay más libertades? Sí, pero siempre que se respete que todo está “atado y bien atado”.