Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado que será juzgado. Once meses después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el juez que lo ha estado investigando, Ángel Hurtado, ha decidido enviarlo a juicio. El fiscal general del Estado está acusado de haber filtrado un correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que había cometido dos delitos fiscales. El magistrado lo procesó hace tres meses y, después de que la Sala de Apelaciones avalara la decisión (con un voto discrepante), da el último paso para sentar a Álvaro García Ortiz en el banquillo de los acusados. Ahora bien, el magistrado ha rechazado la petición que le hizo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscals de suspenderlo cautelarmente y, por lo tanto, podrá continuar en el cargo. Además, le impone una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias y le da cinco días para presentarla. Si no lo hace, se le embargarán bienes para garantizarla. “No es tolerable ninguna divulgación a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación pudiera verse perjudicada por esta revelación”, sostiene al juez.

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El magistrado se sustenta en la “solidez de la base indiciaria acumulada durante la instrucción” y argumenta que “existen suficientes indicios” para enviarlo a juicio después de que la investigación haya aportado “materia delictiva suficiente”. “Revelar algo tan sensible entraña una merma para el derecho de defensa, con eventual repercusión en el derecho a la presunción de inocencia, y un claro deterioro para el sistema mismo de conformidad penal”, esgrime el auto. Hace un mes y medio la Sala de Apelación del Supremo ratificó que la “apreciación conjunta de todos los elementos indiciarios” permite concluir que la filtración fue una “actuación coordinada e impulsada personalmente” por el fiscal general del estado.

La previsión del Supremo es juzgar al fiscal general del Estado en noviembre con un tribunal de mayoría conservadora. El viernes pasado, en la apertura del año judicial, él se defendió delante de la judicatura y de los jueces del Supremo que lo tendrán que juzgar: “Si estoy aquí es porque creo en la justicia, en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad”, verbalizó. Fuentes fiscales consultadas por ElNacional.cat responden hoy que no hay ningún cambio sobre su posición: “Respeto al tribunal y confianza en la justicia”. Las mismas voces denuncian que la fianza impuesta por el juez es “intimidatoria para cualquier fiscal”.

“Información sensible relativa a aspectos personales sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad”

“A una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”, esgrime el auto. Ángel Hurtado recuerda que Álvaro García Ortiz entró en una “dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales” para “preparar una respuesta” frente a una noticia de El Mundo y “dejar bien claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo” a Alberto González Amador, que es lo que había difundido el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El juez recuerda que el correo contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano” sujetos a los criterios de “reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía”.

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Asimismo, descarta que el hecho de que algunos medios de comunicación hubieran informado sobre el intercambio de correos anule el delito: “En ningún caso, aquella otra información desactivaba el deber de reserva y confidencialidad sobre datos personales y secretos, para quien, por razón de su cargo, tuviera el deber de guardarlos y que quiebra con la filtración que de ellos hace a algún medio”. Finalmente, argumenta que la filtración del correo ha puesto en cuestión el “prestigio de la institución”, con el “menoscabo” que ello implica: “Si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.

 

La Moncloa mantiene la “confianza” en él y Feijóo denuncia una “degradación institucional insoportable”

La noticia se ha conocido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Máximo respeto y les diré que el Gobierno mantiene la confianza en su inocencia”, ha contestado la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría. “El fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido un delito”, ha añadido. En cambio, Alberto Núñez Feijóo ha cargado con mucha dureza contra el Gobierno: “La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable”, ha sostenido en un post en X. “Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, lo acompañará hasta el banquillo”, ha expresado. “Es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno”, ha remachado.

El juez descarta suspenderlo de sus funciones como pedía la asociación de fiscales que está personada

A finales de julio, después de que el Supremo confirmara el procesamiento del fiscal general del Estado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó un escrito pidiendo al juez que suspendiera a Álvaro García Ortiz de funciones. El Estatuto del Ministerio Fiscal estipula que el fiscal general del Estado “acordará” la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal cuando “se dicte auto de apertura de juicio oral por delito cometido en el ejercicio de sus funciones”. Ahora bien, como no prevé la vía para hacerlo en caso de que sea él mismo el que sea enviado a juicio, la APIF instaba al juez de instrucción a adoptar medidas cautelares que “resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso”. La defensa del fiscal general del Estado replicó que era una vía “jurídicamente inadmisible al no encontrarse prevista en la legislación penal”.

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Y Ángel Hurtado cierra la puerta a ello: “Sin perjuicio de que pueda considerarse un contrasentido que sea él mismo quien resuelva su propia suspensión cautelar, no por ello debe convertirse en un argumento como para transmutar la naturaleza administrativa del acto y régimen a seguir, y derivar la competencia para adoptar tal decisión a este instructor”, contesta. El juez reconoce que hay un “vacío legal” sobre una investigación al fiscal general del Estado, pero subraya que esto “no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro”. “No cabe que en este proceso penal nos planteemos la hipótesis de si se trata de un simple olvido o de una decisión consciente del legislador que se haya dejado de contemplar un caso tan específico como el que nos encontramos”, añade.

Las acusaciones populares piden entre cuatro y seis años de prisión

El pasado mes de junio, después de que el juez procesara el fiscal general del Estado, las siete acusaciones populares que están personadas presentaron sus escritos de acusación.

  • Alberto González Amador solicitó cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros, una indemnización de 300.000 euros y tres años de suspensión de trabajo.
  • La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclamó seis años de prisión y doce de inhabilitación (también por prevaricación).
  • Manos Limpias pidió cuatro años de prisión y una multa de 216.000 euros.
  • El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la acusación acumulada formada por Vox, Hazte Oír y la Fundación Foro Libertad y Alternativa (por separado) solicitaron cuatro años de prisión.

“Creo en la Fiscalía como institución fuerte, sólida y confiable”

Hace tres días, Álvaro García Ortiz aprovechó su discurso en la apertura del año judicial para defenderse: “Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales”, verbalizó justo al principio de su intervención. “Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley”, recalcó. “Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”, apostilló.

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Hace tres meses, después de que el Supremo lo procesara, fuentes de su entorno aseguraron que él reiteraba su “inocencia” y se reafirmaba en su “compromiso de seguir defendiendo la actuación y la integridad de la institución”. Días después, él mismo se defendió: “La Fiscalía tiene que ser fuerte y tiene que parecer fuerte, no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”, subrayó. Y justificó que la institución “sale reforzada” con su continuidad. La semana pasada, en la entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez le reiteró su apoyo: “Es inocente, creo en su inocencia. Yo siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchan contra la corrupción y persiguen al delincuente”, manifestó.