El movimiento del presidente del Tribunal Constitucional recordándole al Senado que, en diciembre, finaliza el mandato de los cuatro miembros nombrados por la Cámara Alta, y se ha de proceder a su sustitución, ha cogido por sorpresa a casi todo el mundo, ya que estas cosas no se suelen hacer en agosto. Cándido Conde-Pumpido ha movido ficha mediante una carta remitida el pasado 22 de julio al presidente de la Cámara Alta y que solo se ha conocido estando ya todo el mundo de vacaciones. Curioso, cuando menos. En ella le recuerda que la renovación a tercios del Constitucional —cada tres años se han de elegir los cuatro representantes en nombre del Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que suman los 12 miembros que lo componen— se debería proceder a acordar en el último cuatrimestre, para renovarse cuando empiece el 2026.

Como la biografía política de Pumpido está repleta de movimientos que a otros les ha costado interpretar cuando los realiza, pero que siempre han tenido una lógica —la suya—, por ahora solo nos podemos situar en el terreno de la conjetura. Porque, de hecho, solo hay algo cierto, y es una fecha: su misiva lleva fecha del 22 del mes pasado, tan solo un día después de que el Tribunal Constitucional dejara para septiembre la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el president en el exilio, Carles Puigdemont, quien ha solicitado una medida cautelarísima —sin escuchar a las partes— que levante la orden de detención impuesta por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El calendario de Pumpido sobre el particular —su posición es clave, ya que aglutina los siete votos autodenominados progresistas frente a los cinco conservadores— es que la primera semana de septiembre se aborde la petición de Puigdemont aunque el curso acabó echando agua al vino, puesto que no es habitual que se concedan, y resaltando que la situación del recurrente no ha cambiado en nada en los últimos ocho años. Esto último, desde luego que no es cierto, ya que la ley de Amnistía está siendo vulnerada permanentemente por el Supremo, con una interpretación alejada de la opinión del legislador, lo que ha acabado convirtiendo a este tribunal más en un órgano político que judicial. Esta insólita situación de bloqueo por parte del Supremo debería llevar al Constitucional a entender que solo las cautelarísimas pueden devolver las cosas a su sitio. Si no, ¿de qué vale la mayoría progresista, si las decisiones que toma son conservadoras?

Pumpido siempre puede alegar que él ya aglutinó los votos para aprobar la constitucionalidad de la ley de Amnistía

Pero Cándido, presidente del TC desde enero de 2023, aunque magistrado desde marzo de 2017, siempre puede alegar que él ya aglutinó los votos para que se aprobara la constitucionalidad de la ley de Amnistía, como siempre se ha dicho que se comprometió, y que eso ya no le toca a él. No son esos los mensajes que se le han hecho llegar a Puigdemont desde el Gobierno o a través del expresidente Zapatero. Aunque también es verdad que los calendarios prometidos se han ido moviendo a medida que el tiempo se agotaba. ¿Por qué no puede pasar otra vez lo mismo? Es ahí donde el movimiento de Cándido abre diferentes opciones. ¿Tiene una carta el Gobierno o puede ir de farol?

¿Ponerse el presidente del TC en valor para un nuevo destino, quién sabe si el Consejo de Estado? ¿Forzar una renovación en la que los progresistas no pierdan la mayoría porque si tras unas elecciones españolas el PP y Vox controlaran los 2 tercios del Senado podrían escoger los cuatro miembros conservadores, lejos del empate a dos actual? Si así fuera, la mayoría progresista de siete a cinco pasaría a ser conservadora de siete a cinco. Hay mucho en juego, ciertamente. Y nada como agosto para hacer cábalas.