Endesa ha presentado una reclamación económica contra el Ministerio para la Transición ecológica por un importe de 454 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por el aumento de la tasa Enresa, con la que se financia la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento de las plantas nucleares.

De esta forma, Endesa se suma a Iberdrola, que en febrero reclamó por vía judicial 324 millones de euros por el mismo motivo. En total, las dos grandes eléctricas españolas suman reclamaciones por 778 millones de euros.

El Gobierno aprobó el año pasado un incremento del 30% en la tasa que pagan las centrales nucleares para la gestión de los residuos radiactivos. Así, esta tasa (aunque, en realidad, es una prestación patrimonial) pasó de 7,98 euros por megavatio hora a 10,36 euros. Pero las dos eléctricas consideran que Enresa, la encargada de gestionar los residuos radiactivos, ha incumplido los protocolos acordados y por este motivo también se dirigen contra esta empresa en sus reclamaciones.

Los planteamientos de Endesa e Iberdrola se valorarán en el Consejo de Estado y, en el más que probable caso de que sean rechazados, a las eléctricas todavía les quedará la vía judicial.

Estas reclamaciones llegan en pleno debate sobre el calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares españolas. Las eléctricas tienen muy en cuenta la tasa Enresa para abordar este calendario. Recientemente, enviaron una carta al ministerio de Sara Aagesen para extender su vida útil, pero, de momento, no han conseguido este objetivo.

Entre las centrales nucleares que plantean extender su vida útil se encuentra Ascó I, para aplazar su cierre previsto en 2030 a 2032, cuando debe cerrar Ascó II, o clausurarlas ambas en 2033.

Endesa e Iberdrola llevan meses pidiendo la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares, con Almaraz, entre 2027 y 2028, a la vuelta de la esquina. Han hecho varias propuestas, y la última es alargar la vida útil de cinco reactores, cuyo cierre está previsto hasta 2030 o, como en el caso de Ascó II, en 2032.

Esta propuesta de las eléctricas no supone una revisión total del calendario de apagón nuclear ni pone en cuestión el fin total de las nucleares en 2035, vista la posición totalmente reacia del Gobierno de Pedro Sánchez. Las mismas fuentes han precisado que, aunque las compañías han presentado la propuesta, no han recibido respuesta por parte del ministerio de Transición Ecológica y no existe un diálogo con la vicepresidenta Sara Aagesen ni con el ministerio acerca de este asunto.

Las dos energéticas quieren negociar las fechas de cierre de cinco reactores: Almaraz I y II (Cáceres), cuyo fin está previsto para 2027 y 2028 y debe tomarse una decisión de forma inminente; Ascó I, que debe cerrarse en 2030, y Ascó II, con la clausura prevista para 2032, y Cofrentes (Valencia), en 2030. En el caso de Almaraz, la propuesta de las compañías es que se cierren en 2030, mientras que para Cofrentes es que lo haga en 2034. Endesa es la propietaria del 100% de Ascó I y del 85% de Ascó II, en la que tiene a Iberdrola como socia.