El ámbito laboral, coto de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, vuelve a coger la delantera en este segundo Gobierno de coalición gracias a la actividad normativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En los últimos meses, el departamento de Díaz ha aprobado varias normas, en especial la reforma del subsidio del paro, pero también la subida del SMI; otras están ya en la mesa de negociación y algunas más están anunciadas, pero sin concretarse. También está activa la segunda pata laboral, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, de Elma Saiz, con varios puntos de negociación sobre la jubilación.

No obstante, el campo de juego ha cambiado respecto a la anterior legislatura. La CEOE, aunque se sienta en todas las mesas, está poco proclive a acuerdos. De momento se ha quedado fuera del subsidio de desempleo y de la subida del SMI, ha anunciado que no firmará el Estatuto del Becario, y se ha mostrado reacia a negociar la jornada laboral. También ha cambiado el entorno parlamentario. Aunque el Gobierno puede contar con mayorías suficientes, la separación de Podemos de Sumar ha complicado las cosas, cómo ha quedado patente con el subsidio de desempleo, al igual que el poder adquirido por Junts. Aun así, el tesón y la capacidad de trabajo de Díaz, como declaró su número dos, Joaquín Pérez Rey, a ON ECONOMIA, son infinitas.

Medidas aprobadas

Subsidio de desempleo: Trabajo se comprometió con Bruselas a aprobarla en 2023, pero se ha retrasado por las elecciones generales y la oposición de Podemos. Esta semana ha sido aprobada y está en vigor. El subsidio se destina a trabajadores en desempleo que han agotado sus prestaciones contributivas. Se ha aumentado la ayuda para los doce primeros meses y se mantiene el resto, hasta 30. Igualmente, se aumenta en unas 400.000 personas el colectivo amparado por el subsidio. La reforma se ha consensuado con los sindicatos.

Compatibilizar empleo y paro: Dentro de lo anterior, se ha aprobado un complemento de ayuda al empleo que permite compaginar 6 meses un trabajo con el cobro de parte del subsidio y de la prestación contributiva. En el caso del paro, se podrá compaginar con un empleo que no supere los 2.250 euros brutos mensuales.

Subida del SMI: Se ha subido el salario mínimo interprofesional en 2024, pero el gobierno español pretende que las subidas se fijen en el Estatuto de los Trabajadores.

Despido por incapacidad sobrevenida: Aprobado esta semana, se prohíbe que una empresa despida a uno empleado por haber adquirido una incapacidad permanente. La empresa, antes de despedir, debe intentar recolocarlo en otras funciones o adaptar su puesto de trabajo para que pueda continuar desempeñando sus funciones.

Cotizaciones atrasadas de los becarios: La medida, del Ministerio de la Seguridad Social, cubre el vacío de cotización de los becarios que, aunque cobrasen un salario, no se pagaron cuotas por ellos. La medida no ha gustado a los afectados, que deben abonar de su bolsillo las cuotas atrasadas.

Estatuto del becario: El ministerio de Díaz trabajó mucho en la anterior legislatura para aprobar la primera regulación de los becarios en Europa. Pero chocó con el PSOE, las universidades y los empresarios. Ahora, aunque los socialistas estarían dispuestos a apoyar el texto consensuado con los sindicatos, no cuentan con el apoyo del PNV, EH Bildu ni ERC para aprobarlo en las Cortes. Pero Trabajo no quiere reabrir la negociación, por lo que está en vía muerta.

Convenios de ámbito autonómico: Sin incidencia para la mayoría de los trabajadores, la aprobación esta semana de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los provinciales y nacionales, no ha gustado ni a empresarios ni a sindicatos. La medida, una imposición del PNV, se descartó en los debates la reforma laboral y supone, según los agentes sociales, una injerencia en su libertad de negociación de los convenios.

Reformas en negociación

Jornada laboral:  La reducción legal de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025, es una de las grandes bazas de Yolanda Díaz en esta legislatura. A tal fin, ha abierto una mesa de negociación específica, pero sindicatos y empresarios han creado una segunda paralela de ámbito bipartito. Los empresarios consideran una farsa una negociación que viene determinada por la imposición de rebajar la jornada a 37,5 horas. No obstante, se podrían modular según sectores.

Salud laboral: La modificación de la normativa de salud en el trabajo se inició en la anterior legislatura, cuando se disparó la siniestralidad laboral.

Derechos laborales del colectivo LGTBI: También de la anterior legislatura, hay un foro con los agentes sociales para proteger al colectivo LGTBI en los centros de trabajo. Se trabaja sobre un reglamento que está muy avanzado.

Jubilación parcial y anticipada: De la mano de la Seguridad Social, empresarios, sindicatos y gobierno español trabajan para reformar la jubilación parcial, que permite que un empleado mayor de 62 años reduzca su jornada, cobrando una parte de la pensión, a cambio de que su empresa contrate a un trabajador que le vaya a relevar. Igualmente, se busca ampliar la jubilación anticipada a colectivos con un trabajo penoso.

Ampliación de la representación empresarial: Aunque no afecta a los trabajadores, el Gobierno ampliará la participación de organizaciones empresariales de ámbito autonómico en las instituciones estatales. CEOE y Cepyme consideran que es un pago a los socios políticos, especialmente los catalanes, pues abre la puerta a que Pimec entre en el CES y otros organismos de concertación social. Aunque no era una de la prioridad, el anuncio en plena campaña catalana ha supuesto una sorpresa.

Reformas anunciadas

Despidos e indemnización: Tras la reforma de la jornada, esta será la reforma de mayor calado laboral. Quedó pendiente en la reforma laboral y los sindicatos la han forzado denunciando a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social Europea. En principio, está en discusión la indemnización por el despido improcedente (el más usado en España), pero los sindicatos quieren abrir el melón del despido en su conjunto. Algo improbable por el débil equilibrio en esta materia entre los dos socios de Gobierno y la oposición radical de la CEOE.

Estatuto SXXI: Díaz ha reiterado que el Estatuto de los Trabajadores está ya superado y no sirve para el actual mercado laboral. Sin embargo, es un proyecto muy complejo y en el Ministerio aclaran que se va haciendo por partes. De hecho, ya se ha abordado el teletrabajo, la relación laboral de las plataformas digitales —ley Rider—, la propia reforma laboral. No parece, pues, que se vaya a abrir una negociación específica.

Democratización en las empresas: Otras de las medidas largamente anunciadas por Trabajo, pero sin concretar.

Ley rider para las empleadas de hogar: Es el último anuncio de Yolanda Díaz. Pretende ampliar la legislación de la ley rider a las empleadas del hogar.