La patronal CEOE sopesa recurrir ante los tribunales la decisión del Ministerio de Trabajo de permitir a Pimec entrar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivo (CCNCC) otorgando a la patronal catalana el derecho a la representación institucional a nivel estatal, según fuentes de los agentes sociales presentes en la CCNCC. Pimec anunció este martes en un comunicado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social “ha reconocido a Pimec su derecho a participar en la CCNCC, como organización empresarial más representativa de Catalunya y, por lo tanto, con este hecho, se abre la participación de las pymes catalanas a los espacios de participación estatales”. En la CEOE han declinado comentar la información.
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a ON ECONOMIA que Pimec solicitó hace tiempo su inclusión en el CCNCC con base en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores (ET) que regula la representación institucional de los empresarios. A principios del presente mes de febrero, la Dirección General del Trabajo notificó a la patronal catalana el reconocimiento a su petición de participación en el CCNCC al entender que cumple los requisitos exigidos en dicha disposición adicional, aunque en dicha notificación se le comunica que tal representación no tendría validez si entrase otra asociación en la que pudiese estar incluida Pimec, en referencia a Conpymes. A este respecto, la patronal catalana puntualizó en su comunicado que “mantendrá su cooperación con las organizaciones empresariales de ámbito estatal, como Conpymes, para conseguir que las pymes del conjunto del Estado tengan, también, su espacio de participación”.
CEOE no cede un puesto
Una vez comunicado a Pimec su derecho a entrar en la CCNCC, la Dirección General de Trabajo notificó a la CEOE la necesidad de que cediese uno de los puestos que dispone en dicha Comisión para cedérselo a la patronal catalana. La web del Ministerio de Trabajo especifica de manera genérica que “la composición tripartita de esta Comisión se traduce en la integración en la misma de seis representantes de la Administración General del Estado, seis de las organizaciones sindicales más representativas y seis de las asociaciones empresariales más representativas”. Actualmente, los 6 representantes de la Administración del Estado son, todos ellos, altos cargos del Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en el caso de los sindicatos, hay dos representantes de CC. OO., otros dos de UGT, uno del sindicato vasco ELA y otro del gallego CIG. Por parte de los empresarios, hay cinco representantes designados por la CEOE y el sexto por la patronal de pymes Cepyme, integrada en la CEOE, aunque la petición de ceder un puesto se ha dirigido a CEOE.
Pero la CEOE, a pesar de que recibió la notificación de la Dirección General de Trabajo el 6 de febrero, todavía no ha contestado, según confirman fuentes del Ministerio. Jurídicamente, Pimec no puede ocupar su puesto si la patronal que dirige Antonio Garamendi no cesa a uno de sus cinco representantes (Luis Méndez López, Jorge Martín Blanco; Ana Isabel Herráez Plaza, Diego Carril y María José Leguina Leguina), de aquí que tenga prácticamente decidido elevar el conflicto ante los tribunales para que los jueces interpreten si la decisión del Ministerio de Trabajo de validar la petición de Pimec se ajusta a derecho.
La duda jurídica radica, según fuentes conocedoras del conflicto, en la redacción de la disposición adicional sexta, más en concreto, al segundo párrafo: “podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del 15% de los empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal”. Y Pimec está integrada en Conpymes, una confederación patronal de ámbito estatal. Según la web de esta patronal, hay afiliadas a Conpymes más de una decena de confederaciones empresariales de ámbito nacional y algunas de ámbito regional o provincial. Además, cuenta con Uatae, una de las tres grandes asociaciones de autónomos de nivel estatal; Coag, una de las tres grandes asociaciones de agricultores y ganaderos, igualmente estatal, y Fenadismer, de transportistas, también de ámbito estatal. Las dos primeras con una cercanía ideológica, aunque no orgánica, con el sindicato CC. OO. Un argumento jurídico que, previsiblemente, utilice la CEOE para evitar que Pimec abra brecha en su pretensión de representatividad a nivel estatal.
Nunca diálogo social
Al margen de la batalla jurídica, desde ámbitos empresariales cercanos a la CEOE se comenta que se ha generado una cierta confusión, mezclando el derecho a la representatividad institucional con el diálogo social. Lo primero da derecho a participar en organismos de ámbito estatal ligados a determinados ministerios, como la CCNCC o, la más emblemática, el Consejo Económico y Social (CES) de Estado que preside Antón Costas. Tienen una función generalmente consultiva y, en muchos casos, informativa. El diálogo social, sin embargo, es la participación de los agentes sociales en negociaciones tripartitas sobre reformas jurídicas en mesas en las que están presentes el Gobierno español, los sindicatos, exclusivamente CC. OO. y UGT, y las patronales, exclusivamente CEOE y Cepyme.
Estas mismas fuentes señalan que la disposición adicional sexta del ET se limita a la representación institucional de las empresas y, en ningún caso, al diálogo social. De hecho, Pimec ya está presente en el diálogo social de ámbito catalán, y, además, tres de las organizaciones presentes en Conpymes están reconocidas como organizaciones con voz y voto en las mesas negociadores del diálogo social: Uatea en las reformas relativas a los autónomos, la Coag en temas agrarios y agrícolas, y Fenadismer en el ámbito del transporte.
Pimec en su comunicado considera que la decisión del Ministerio de Trabajo da cumplimiento “al requisito del segundo párrafo de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las organizaciones más representativas de ámbito autonómico a participar en el Diálogo Social de ámbito estatal”. No obstante, como queda dicho más arriba, la disposición adicional sexta no hace referencia al Diálogo Social, sino a la representatividad institucional.