El Gobierno de España se la tiene jurada a los plásticos de un solo uso y, para ello, tiene previsto activar un plan supuestamente infalible: desde el próximo 1 de enero, penalizará a las empresas que los utilicen con un gravamen de 45 céntimos por cada kg que utilicen para sus embalajes. Con ello, el Estado ingresaría hasta 2.000 millones de euros anuales y, lo más preocupante, la cesta de la compra podría subir hasta un 7%, porque las empresas van a trasladar el sobrecoste impuesto al consumidor. Ahora, de repente, ese plan infalible se enfrenta a un problema no previsto: la Comisión Europea no lo ve bien.
Demasiado “ambicioso”
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios considera que el plan del Gobierno de España no está bien elaborado y, por ello, propone eliminar los puntos más “ambiciosos” como, por ejemplo, prohibir el envasado de frutas y verduras frescas y la obligatoriedad de venderlas a granel en lotes de menos de 1,5 kg. Del mismo modo, quiere que se anule la prohibición de incluir sustancias como flalatos o bisfenol A en los envases, ya que la normativa comunitaria de 1994 lo permite y tampoco ve bien que se obligue a las empresas a asumir los costes de retirada de basuras abandonadas en su entorno. Al tiempo, las organizaciones ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, entre otras) acusan al comisario de haberse “vendido” al sector del plástico y recuerdan que en Francia ya se están aplicando medidas similares.
Organizaciones de consumidores
En paralelo, desde las organizaciones de consumidores se advierte que , en contextos inflacionistas como el actual, deben valorarse con detalle todas las medidas que puedan implicar sobrecostes para el ciudadano. El Gobierno, como es habitual, acabará vendiendo todo a peso. Y la medida, mucho más en épocas preelectorales como la actual, serán los votos.