Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, una agrupación que incluye los arzobispados de Tarragona y Barcelona, así como los obispados de Girona, Lleida, Vic, Tortosa, Urgell, Solsona, Terrassa y Sant Feliu, han reiterado este jueves la postura favorable a una "regularización extraordinaria" de inmigrantes "atendiendo el bien común". Se trata de un acuerdo que el ente tarraconense ya adoptó a la reunión que los clérigos mantuvieron del 9 al 11 de julio y en la cual hicieron un llamamiento a "orientar las conciencias según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia". El comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense llega en medio de un contexto muy convulso por los últimos episodios de violencia contra inmigrantes y contra centros religiosos musulmanes, pero también después de la polémica por el reparto de menores inmigrantes no acompañados, propuesto por el gobierno de Sánchez y rechazado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Tal como señala el ente, entre estos principios de la Doctrina Social de la Iglesia, está el "derecho a migrar de forma segura, el derecho a no tener que migrar y el rechazo a los discursos de odio o las propuestas de deportaciones masivas". Precisamente, este último punto ha estado en el centro del debate político, a raíz de los disturbios en el municipio murciano de Torre-Pacheco, hasta donde se desplazaron ultras de extrema derecha de toda España, que llamaban a la "cacería del inmigrante", en respuesta a la agresión a un anciano del municipio. Estos discursos y estas propuestas "no son conformes con el Evangelio" ni con la "postura de la Iglesia expresada en el magisterio de los últimos papas", han expresado.

En Catalunya, la semana pasada, Piera volvió a ser objeto de la violencia. En este caso contra la nueva mezquita del municipio, que fue incendiada la madrugada del sábado pasado, de manera intencionada, con productos que aceleran las llamas. Este ataque llega menos de dos meses después de otro acto de violencia al municipio de Anoia: unos desconocidos atacaron y provocaron daños en el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Castell de Fang de Piera, después de días de tensión en el municipio entre los vecinos y un grupo de jóvenes que vive en este centro de menores de la DGAIA.

El reparto de menores inmigrantes no acompañados enfrenta las autonomías del PP y el gobierno del PSOE

Aparte de estos episodios de violencia, las comunidades autónomas y el gobierno español se encuentran inmersos en la polémica sobre el reparto de menores inmigrantes no acompañados. De hecho, las autonomías gobernadas por el PP han plantado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la reunión del Consejo Sectorial de Infancia y Juventud, que tenía que tener lugar este jueves y tenía que servir para poner sobre la mesa la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde las Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría en Andalucía, la Comunidad de Madrid y el País Valencià.