La Generalitat se ha personado como acusación particular en la causa de las fundaciones Cellex y Mir Puig, que investiga a los tres ejecutores testamentarios del empresario químico y filántropo de la ciencia catalana Pere Mir, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado ElNacional.cat este miércoles. La decisión llega después de que el Departament de Justicia asumiera el control de las fundaciones científicas Cellex y Mir Puig por mandato de la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, que es quien investiga el caso de estas dos entidades y cuatro empresas asociadas. La causa está abierta por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Los tres albaceas investigados son el oncólogo Josep Tabernero, Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas, cuya defensa niega cualquier irregularidad.
La magistrada Myriam Linage ordenó, el abril pasado, que la Dirección general de Derecho y Entidades Jurídicas se encargara de forma inmediata, mediante un protectorado, de la administración judicial de Cellex, dedicada al ámbito sanitario, y de Mir Puig, de apoyo a personas necesitadas para paliar enfermedades. Además, la Generalitat también asumió las cuatro sociedades mercantiles vinculadas a ambas fundaciones: Simex, Mil Veinte, Sociedad Anónima de Intereses y José Pàmies. Agentes de los Mossos d'Esquadra registraron las viviendas de los tres investigados y ahora evalúan si los tres investigados se quedaron joyas y propiedades, como una casa en Baqueira, que inicialmente se tenían que vender y destinar a la investigación. Los tres investigados se negaron a declarar en la primera comparecencia, al desconocer el fondo de la investigación.
Denuncia previa
Pere Mir murió en el 2017 y el año siguiente su esposa, Núria Pàmias. Se indica que Mir expresó que dejaba su herencia a acciones sociales y de investigación, gestionada por la fundación Cellex, aunque el testamento de 2011 se cambió en el 2013 y se desconoce todo su contenido.
Àngel Surroca Surroca -exconseller delegado de Derivados Forestales, grupo empresarial del sector químico con origen en Sant Celoni y fuente del patrimonio del mecenas y amigo de Mir- ya alertó en marzo de 2023 de supuestas irregularidades en la ejecución del testamento. En un escrito dirigido a la Generalitat, a través del abogado Pep Cruanyes, se detallaban las propiedades conocidas de Mir en Catalunya, Argentina y Suiza, donde fue a vivir allí. Surroca pedía una investigación a fondo, con el fin de averiguar como se ha gestionado y que se aclare la situación del destino de la fortuna de Pere Mir que, con los depósitos bancarios exteriores, se cifraba en unos 400 millones de euros en el momento de su muerte.