La empresa municipal de aguas de Terrassa, TAIGUA, está a punto de formalizar la operación más controvertida de su breve historia: la venta de las infraestructuras de captación y tratamiento de agua, es decir, la Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Abrera, en el Ens d’Abastament Ter-Llobregat (ATL) por 6,15 millones de euros. El resultado inmediato es demoledor: el coste de compra de agua pasará de 1,86 millones de euros anuales en 2025 a 8,19 millones en 2026, un incremento del 341%.

La presidenta de la sociedad pública y concejala de Cicles de l’Aigua, Patricia Reche, justificó esta decisión la semana pasada afirmando que “desde hace años, la Generalitat pide la reversión porque Terrassa es una excepción. El Govern catalán quiere cumplir la ley y gestionar esta planta”. Sin embargo, la ley catalana de aguas deja muy claro que la red Ter Llobregat, a pesar de ser de interés de la Generalitat, no afecta ni a la titularidad ni a la gestión de la planta potabilizadora de Abrera, de manera que el Ayuntamiento de Terrassa puede continuar operándola hasta que se agote la vigencia de la concesión de aprovechamiento del río Llobregat, que según la ley estatal de aguas vence en el año 2060. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Terrassa no tiene ninguna obligación de ceder su titularidad y gestión hasta entonces.

¿Por qué se produce, pues, esta venta?

La planta potabilizadora que, de momento, todavía gestiona TAIGUA formó parte de las instalaciones que el Ayuntamiento de Terrassa recibió de forma gratuita del anterior gestor del servicio en 2018. Durante estos años, la compañía pública ya tenía en su hoja de ruta deshacerse de toda esta infraestructura que precisaba de inversiones para adecuarse a la nueva normativa en materia de calidad del agua. Sin embargo, aunque hasta 2024 los terrassenses han pagado una tarifa por el servicio de suministro de agua que debía permitir a TAIGUA realizar inversiones en la potabilizadora de Abrera, que forma parte de lo que se denomina “red en alta”, no se tiene constancia de que estos recursos se hayan destinado a esta infraestructura.

Incluso, los documentos de TAIGUA revelan que durante el 2025, la empresa habría ejecutado un 33,6% menos de la inversión prevista en el sistema de captación y tratamiento. Esta decisión de reducir el mantenimiento y la mejora de un patrimonio público justo cuando se está negociando su traspaso sugiere una negligencia en la conservación de unos activos que, hasta el último día, pertenecen a todos los terrassenses y terrassenses.

La respuesta más razonable es que TAIGUA no tiene capacidad de financiación para mantener adecuadamente estas instalaciones. De esta manera, transfiere a ATL, "la responsabilidad" de los incrementos tarifarios que comportarán estas inversiones. Unas inversiones que TAIGUA podría haber llevado a cabo y que habrían tenido menor repercusión en las tarifas que paga la ciudadanía dado que podía haber optado a subvenciones de la Agència Catalana de l’Aigua, entre otras. La obtención de caja inmediata para hacer frente a las inversiones en la red de distribución en baja denota que la compañía pública no ha sido capaz de mantener el esfuerzo inversor que el servicio requería.

La trampa del contrato: una cuota fija sin margen de maniobra

El nuevo acuerdo con ATL esconde una cláusula especialmente gravosa: de los 8,19 millones anuales, más de 5 millones corresponden a una "cuota fija de reserva" que TAIGUA deberá pagar independientemente del volumen de agua que realmente consuma. Esta rigidez contractual elimina cualquier capacidad de ajuste y traslada todo el riesgo de una posible bajada del consumo directamente al erario municipal.

Aunque con la venta de estas instalaciones TAIGUA ahorrará 1,2 millones en personal y 1,83 millones en energía, los ahorros no compensan el brutal incremento que supone la compra de agua.

¿Qué hará TAIGUA con los ingresos de la venta?

La respuesta la encontramos en el presupuesto de 2026, y resulta alarmante: estos ingresos extraordinarios se destinarán a financiar gastos corrientes y el plan de inversiones ordinario de 5,7 millones de euros.

Esta decisión representa un manual de mala gestión financiera. Si el dinero que generan las tarifas no es suficiente para mantener la red en condiciones básicas, significa que la empresa está vendiendo patrimonio público para cubrir gastos ordinarios que deberían financiarse con los ingresos recurrentes.

Un socio público cuestionado: los riesgos de depender de ATL

La operación no solo implica un cambio de modelo económico, sino que liga el futuro del agua de Terrassa a un socio cuya gestión ha sido severamente cuestionada por un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Entre los elementos que señala este informe, del 2022, es que las tarifas de ATL no cubrían sus costes operativos, un desequilibrio que solo podía corregirse con futuras subidas agresivas. De hecho, ATL aplicó subidas del 30% en 2024 y tiene prevista otra del 7,5% para 2026, con más aumentos anuales por venir.

La paradoja del cajón lleno: una deuda innecesaria que paga la ciudadanía

La contradicción más flagrante de la gestión de TAIGUA reside en su gestión de la tesorería. La empresa prevé que cerrará 2026 con 8,2 millones de euros en caja. Pese a esta cómoda posición, mantiene activo un préstamo con una entidad bancaria por 3,2 millones de euros que genera un gasto anual en intereses de 384.000 euros, financiado a través de la factura del agua de cada hogar y negocio

Amortizar el préstamo de forma anticipada con la liquidez disponible no solo es posible, sino que debería ser una obligación de buena gestión para eliminar un coste superfluo. La pregunta es inevitable: ¿por qué una empresa pública con superávit prefiere pagar intereses a un banco en lugar de eliminar una deuda que perjudica a la ciudadanía?

Menos patrimonio, más riesgo y ninguna ventaja

El presupuesto de TAIGUA para 2026 dibuja una estrategia perjudicial para Terrassa: se mantiene una deuda innecesaria, se vende patrimonio público clave y se liga la ciudad a futuras subidas de tarifas que decidirá un tercero. Es un círculo vicioso donde la ciudadanía pierde en cada paso: paga intereses innecesarios, pierde patrimonio, asume más riesgo y no obtiene ninguna ventaja a cambio.

Y todo esto en un proceso marcado por la opacidad, la falta total de transparencia con la propia ciudadanía y con los ayuntamientos vecinos de Viladecavalls, Ullastrell y Matadepera, poblaciones beneficiarias del agua de las concesiones de agua del Ayuntamiento de Terrassa en el río Llobregat, que también se verán impactados por esta operación.