18 de abril del 2022. Lunes de Pascua. Los padrinos catalanes entregarán las figuras de chocolate a sus sobrinos después de que haya estallado una noticia que puede hacer sacudir el panorama político al país y del Estado. Aquel día de la Mona, el portal de investigación canadiense Citizen Lab hizo pública la lista de 65 independentistas catalanes espiados entre el 2017 y el 2020 con dos software, Pegasus y Candiru, que solo pueden comprar los estados. Se trata del caso conocido como Catalangate. Han pasado más de un millar de días y este caso de espionaje masivo, el mayor en Europa, es en los tribunales (en dos casos ya ha llegado a la justicia europea), mientras los partidos más afectados (ERC y Junts) no han dejado de negociar con quien lo autorizó: el Gobierno de Pedro Sánchez, con Margarita Robles (ministra de Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) como sobrevivientes en sus cargos a pesar del escándalo. En palabras de la portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras: "Podemos negociar con el PSOE y que al mismo tiempo nos espíen."
Entre la larga lista de 65 nombres de independentistas espiados había tres presidents de la Generalitat, Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas, además de personas muy próximas a ellos y también a Carles Puigdemont, como su mujer, Marcela Topor; quien era su jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, o su abogado, Gonzalo Boye. La lista también incluye a la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, la expresidenta del Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, o Marcel Mauri (exvicepresidente de Òmnium Cultural y su cara visible con el encarcelamiento de Jordi Cuixart), o cargos de EH Bildu, entre muchos otros. Meses antes que estallara el CatalanGate, ya se había detectado el software Pegasus en el teléfono del expresidente del Parlament, Roger Torrent.
Evidencias que apuntaban al Gobierno
En su informe, Citzen Lab advertía que si bien no podía atribuir las operaciones a una entidad o un gobierno en particular, había "fuertes evidencias que sugerían un nexo con las autoridades españolas" y Amnistía Internacional pedía al Gobierno que aclarara si había comprado los softwares y porque los había utilizado. Aquella jornada estuvo marcada por las reacciones de las víctimas de este espionaje, que denunciaban lo que tildaban de un "ataque directo contra la democracia, los derechos y las libertades fundamentales".
Al día siguiente, el 19 de abril, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en una de las pocas fotografías que hay juntos de los dos líderes del 1-O desde octubre del 2017, comparecieron juntos a la Eurocámara. También había Carles Riera, entonces líder de la CUP y espiado con Pegasus, como Elisenda Paluzie (ACN) y Xavier Antich, por parte de Òmnium. Los cinco comparecieron juntos en el corazón de Europa y Puigdemont explicó que su intención era llevar el caso a instancias superiores, dirigiéndose directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien le pidieron que actuara para que rindieran cuentas. Puigdemont no formaba parte de la lista de espiados (porque utilizaba Android) pero sí que había otros eurodiputados que habían visto sus derechos vulnerados (Toni Comín, Diana Riba y Jordi Solé, gracias al cual empezó la investigación de Citizen Lab) hecho que comprometía la comunicación de toda la institución.
Al día siguiente que estallara el escándalo, desde la Comisión Europea dejaban claro que "cualquier intento por parte de los servicios de inteligencia de los gobiernos de acceder ilegalmente a los datos de los ciudadanos es inaceptable" y se puso en marcha la primera comisión para investigar Pegasus y otro software en el Parlamento Europeo. Con todo, Bruselas siempre advirtió que investigar quién había espiado a los 65 independentistas era cosa del Estado.
¿El Gobierno, de lo "nada que ocultar" al "qué teníamos que hacer"?
Mientras tanto, en Madrid, la entonces portavoz del Gobierno negaba la mayor. Isabel Rodríguez aseguraba que el ejecutivo de Pedro Sánchez no tenía nada que ver ni "nada que ocultar", el PSC posicionaba al lado del PSOE (Salvador Illa, en aquel momento jefe de la oposición, decía que el Estado no espía sino que dialoga) mientras que su socio minoritario, en aquel momento, Unidas Podemos, reclamaba que se investigara la cuestión a fondo. Ante esta situación, se planteó la duda de cuál tenía que ser la relación entre el independentismo y el Gobierno. En abril del 2022 el único partido que formaba parte del grupo de socios habituales en el congreso era ERC, mientras que Junts y la CUP no negociaban y reprochaban a los republicanos que sí que lo hicieran. En este contexto, Puigdemont reclamó consecuencias políticas para el Gobierno, subrayando que no podía hacer ver "que no había pasado nada". A su lado, Oriol Junqueras, seguía apostando por el diálogo y la negociación con el Estado, aunque este no se la mereciera. Tres años más tarde y con unas elecciones generales de por medio, Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno con los votos de los partidos que lideran tanto Puigdemont como Junqueras.
Una semana más tarde, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), admitió finalmente que había utilizado Pegasus para espiar el independentismo, a pesar de que solo a unas 18 personas y con autorización judicial, del juez de control del CNI, del Tribunal Supremo. Fue la misma ministra de Defensa, Margarita Robles (que hoy continúa también al cargo) quien acabó justificando el espionaje: ¿"Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se declara la independencia o anima desórdenes públicos? Qué tiene que hacer cuando tiene contactos con quien ha invadido Rusia"?. Una Robles que ha mantenido su tono desafiante contra el independentismo y no se ha detenido aquí: ¿"Qué pasa cuando se hackean webs como la del SEPE o móviles de ministros? Ustedes ahora son víctimas porque les conviene", reprochó Robles ante las preguntas de la CUP. Desde aquel momento, el independentismo situó a la diana de sus críticas a la ministra de Defensa, sin éxito.
¿De verdugo a víctima?
Al fin y al cabo hizo que el Gobierno pareciera, al menos durante unos días en la cuerda floja, ante las amenazas de ERC retirarle el apoyo parlamentario primero ante unas explicaciones que consideraban insuficientes y después por las incendiarias palabras de Robles en sede parlamentaria. Hubo reuniones entre el gobierno catalán y el español, que también resultaron poco satisfactorias, y por eso, se redujo al mínimo su interlocución. Un mes más tarde, Sánchez dio explicaciones ante el Congreso de los Diputados, durante prácticamente una hora, aunque estas tampoco acabaron de convencer a nadie. Aquel día, Sánchez se comprometió a reformar la ley de secretos oficiales, una promesa que volvió a hacer a Aitor Esteban ahora, tres años más tarde, el día de su despedida. A partir de este momento, la situación se fue judicializando y las víctimas empezaron a presentar querellas ante los juzgados, con el foco cada vez más lejos de la vertiente política de los hechos, que suponen el caso de espionaje más grave en Europa.
Además, dos semanas después del Catalan Gate se filtró que los móviles oficiales del presidente Pedro Sánchez, y de los ministros Robles y Grande-Marlaska también habían sufrido una infección con el software Pegasus, y se apuntaba al gobierno de Marruecos, extremo que todavía investiga un juez de la Audiencia Nacional. ¿El Gobierno se convertía de la noche a la mañana de verdugo a víctima? Y en esta crisis, el gobierno socialista cesó a la directora del CNI, Paz Esteban, pero no por el espionaje a los adversarios catalanes, sino para falta de seguridad en el Estado.
Las comisiones de investigación sin resultados
Por otra parte, en julio del 2022 se constituyó finalmente la comisión de investigación sobre estos hechos, tanto en el Parlament como en el Congreso. En la primera, fueron llamados a declarar numerosos políticos del Estado, como el mismo Pedro Sánchez, la ministra Robles, el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Estas incomparecencias fueron trasladadas a la Fiscalía, pero no han ido a más. La excepción que confirma la norma fue Pablo Iglesias, que respondió a las preguntas de los diputados a través de una videollamada y aseguró que no sabía nada de nada, pero lamentó que estos espionajes a los políticos no es la excepción sino la norma en el Estado español. La comisión se deshizo con la convocatoria electoral y si bien hay un acuerdo para constituirla de nuevo (juntándola con la que investiga las infiltraciones policiales al movimiento independentista), esta todavía no se ha puesto en marcha, entre fuertes críticas de la CUP.
Investigación empantanada en una decena de juzgados
Si el mayor espionaje contra rivales en Europa y en democracia no provocó ninguna dimisión política de primer nivel en el Estado español, la vía judicial también ha sido frustrante para las víctimas. Tres años después, las querellas de los afectados de ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC, están repartidas en una decena de juzgados de Barcelona, que a paso de tortuga duplican y triplican las acciones sin ningún avance claro.
Las comisiones rogatorias internacionales a Israel y Luxemburgo para que la empresa NSO, propietaria de Pegasus, aclare si vendió este software al Estado español y el contenido de lo sustraído no han recibido ninguna respuesta. En este tiempo, la Fiscalía no ha sido proactiva a pedir pruebas y a aclarar quién ordenó este espionaje.
Paralelamente, un juzgado de Madrid investiga la afectación del móvil de Gonzalo Boye, abogado de president en el exilio. Y un grupo de empresarios catalanes recientemente ha presentado una querella también contra la Guardia Civil. La Audiencia Nacional, sin embargo, la ha rechazado y sostiene que se tiene que presentar en los juzgados de los partidos judiciales donde viven los afectados.
Periciales de Mossos, clave
La única revelación importante es que los especialistas de los Mossos d'Esquadra han certificado en periciales lo que reveló Citizen Lab: el espionaje a independentistas catalanes es cierto, y las sospechas contra el Gobierno más evidentes. Es el caso del espionaje negado a los eurodiputados Jordi Solè y Diana Riba, del diputado Josep Maria Jové, y de Carles Riera la CUP, así como de Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie, dirigentes de la ANC. La pericial de los Mossos a responsables de Òmnium continúa pendiente de entregarse al juzgado.
No hay que olvidar que los espionajes, siempre con el gobierno del PSOE, fueron en momentos clave, como la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, y de la planificación de la respuesta de la sociedad civil ante la sentencia del procés, como fue Tsunami Democràtic.
Paralelamente, la Audiencia de Barcelona ha sido decisiva y ha ordenado que los juzgados imputen a la entonces directora del CNI. Será la tercera imputación de Paz Estebán. El tribunal ha ordenado indicios clave: los afectados recibieron los mismos SMS maliciosos que se usó con espiados admitidos por el Gobierno como el president Pere Aragonès; en la misma época, entre los años 2019 a 2020, y la información extraída en los móviles se enviaba a los mismos dominios de internet, que ni la policía catalana ni Citizen Lab saben donde está. No obstante, si NSO ha aclarado que solo vende Pegasus a Estados u organismos estatales, todo parece evidente.
¿Investigación sin amparo legal?
La investigación del espionaje al president Pere Aragonès es la más avanzada ya que el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, es lo único que de buen inicio imputó a la exdirectora del CNI, que ya fue al juzgado, aunque se acogió a su derecho a no declarar porque no se le había eximido del secreto que obliga la ley que rige el centro. En las otras causas de los republicanos, que dirige el abogado Andreu Van den Eynde, se ha pedido que el Gobierno la libere de guardar secreto.
Además, el magistrado ha exigido al CNI que aclara si también espió Aragonès en el 2018, tal como han evidenciado las periciales, y que sería sin amparo del juez del Supremo, ya que solo se han aportado de dos años después. Este extremo podría implicar la imputación del entonces director del CNI Félix Roldan.
Finalmente, el centro Irídia ha asumido la causa del espionaje a Andreu van den Eynde, como un litigio estratégico, ya que es la vulneración del derecho de defensa. El penalista recuerda que fue espiado cuándo preparaba con otros abogados la respuesta al proceso penal contra los líderes independentistas. Irídia, junto con Elies Campo, de Citizen Lab y con los padres espiados, y Van den Eynde han realizado charlas para exigir que los gobiernos dejen de espiar a sus ciudadanos y que se prohíba Pegasus en la Unión Europea.
Por ahora, tres años después del estallido del megacaso del CatalanGate, hay muchos indicios que apuntan al Estado español, pero ninguna investigación seria ni ningún resarcimiento a los afectados, tal como ordenó el Parlamento Europeo, en enero de 2024.
