El Catalangate todavía trae cola. El Parlamento Europeo ha reiterado que España tiene que garantizar una investigación "a fondo, justa y efectiva" sobre los casos de espionaje con Pegasus. Entre ellos se incluye lo que se conoce como Catalangate, una ofensiva de espionaje que afectó a una sesentena de líderes independentistas, y se pone un foco especial sobre aquellas 47 personas donde no está del todo claro quién autorizó la acción. En un informe aprobado este jueves —por 391 votos a favor, 130 en contra y 20 abstenciones— en el pleno de Estrasburgo sobre la vulneración de derechos fundamentales, los eurodiputados han emitido recomendaciones específicas en el Estado español, Hungría, Polonia, Grecia y Chipre, donde consideran que los estándares europeos no se están cumpliendo. "Los derechos individuales no se pueden poner en riesgo permitiendo un acceso ilimitado a la vigilancia", señalan en el documento.
El informe votado este jueves reitera la "preocupación" de la Eurocámara con respecto al uso de programas como Pegasus por espiar "individuos y personalidades de alto perfil, como periodistas, políticos, blogueros, defensores de los derechos humanos, políticos y otros actores". En este sentido, subrayan que el uso "ilegítimo" de estas herramientas "afecta a la integridad de los procesos de decisión, minando así la democracia de la UE y poniendo de manifiesto la necesidad urgente de una mayor transparencia y responsabilidad legal hacia la industria."
De hecho, los parlamentarios califican las prácticas de espionaje "de alarmantes" y advierten que un "abuso" puede acabar afectando negativamente "a los derechos fundamentales, la democracia y los procesos electorales". En la misma línea, la Eurocámara insiste en que hacen falta investigaciones "creíbles" y cambios legislativos para afrontar el problema y, en el caso español, exigen "remedios legales reales" para las personas afectadas. "Escándalos como este dañan la imagen de la UE y hay que dirigirlos, para restaurar la reputación y credibilidad del Parlamento para preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas," concluye el informe.
Los documentos de Aragonès, desclasificados
Hace un mes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya declaró que el Gobierno desclasificará información sobre las escuchas al independentismo catalán con el software Pegasus si un juez solicita documentos concretos y "si es oportuno y razonable a la ley". Hay más de media docena de jueces de Barcelona que investigan este espionaje por parte del Gobierno a líderes políticos y sociales, pero solo el magistrado que investiga la querella presentada por el presidente Pere Aragonès lo ha pedido de forma concreta. En respuesta, el Gobierno acabó desclasificando estos documentos.