El nuevo modelo de financiación para Cataluña y la recaudación fiscal es la madre del cordero de esta legislatura, siendo el principal punto del acuerdo entre el PSC y ERC, que permitió a Salvador Illa llegar al Govern de la Generalitat. Por ahora, la cuestión se encuentra estancada en Madrid, donde los republicanos ya han ido directamente y han presentado una proposición de ley para que Cataluña pueda recaudar el IRPF sin haber llegado antes a un acuerdo con el PSOE y la ministra María Jesús Montero. En Catalunya, sin embargo, este jueves el Parlament ha validado el decreto del Govern de medidas urgentes para adaptar l'Agència Tributària de Catalunya "a las necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular", aprobado por el Ejecutivo a la vuelta de vacaciones y pactado con Esquerra. Los republicanos han advertido que no empezarán a negociar presupuestos hasta que no se resuelva la cuestión de la financiación, hecho que, si se cumple, dejaría al Govern de Illa sin cuentas aprobadas los dos primeros años de legislatura.
Este decreto, presentado por la consejera de Economoa, Alícia Romero, ante la cámara catalana, ha sido aprobado con 72 votos a favor, 27 en contra y 34 abstenciones. Así, lo han validado los partidos de la bancada izquierda, ya que a la mayoría de investidura conformada por PSC, ERC y los comuns, se les ha sumado la CUP, que ha afirmado que "todo avance es positivo". En cambio, Junts se ha abstenido en la votación, asegurando que el decreto es un parche que no resuelve el gran problema que sufre el país, el déficit fiscal, y reiterando su apuesta por un concierto económico para Cataluña. PP, Vox y Alianza Catalana se han opuesto al decreto para adaptar la ATC a las "nuevas necesidades".
Un reto que no se resuelve "en un día"
En la presentación del decreto, que establece un contrato programa de la ATC con el Govern y medidas para darle más autonomía con el objetivo de que sea más ágil en su actuación y para crear nuevos cuerpos tributarios profesionales, la consellera Romero ha defendido que "hay que adaptar la agencia para este objetivo, con un salto cualitativo y cuantitativo" para tomar el reto que supone el reto que supone alejada, como mínimo, hasta 2028. Sacando pecho de las medidas que ya se han tomado para adecuar la ATC, como nuevas contrataciones de personales, ha defendido que hay que ir más allá porque "necesitamos a muchas más personas, una plataforma que sea capaz de asumir toda la información". "Esto no se hace en un día", ha advertido Romero, desde el atril del Parlament, recordando que el ente no tiene ni un solo informático y tan solo 30 inspectores, unas cifras que, tal y como ha ido avanzando el Govern en los últimos meses, imposibilitan una gestión inmediata del impuesto.
Romero ha recordado que el modelo de financiación está caducado desde 2014 (obviando que en estos 11 años, en 7 había un gobierno socialista en La Moncloa), lo que demuestra que es necesaria una nueva financiación para el conjunto del Estado y que reconozca las singularidades del país. La consellera también ha recordado que es imprescindible que existan cambios legislativos en el Congreso, en referencia a las modificaciones necesarias en diferentes normas que permitan la delegación de la gestión de impuestos estatales, como es el IRPF, tal y como recoge la propuesta de ley presentada por ERC y que, de momento, no cuenta con el apoyo del PSOE. Los republicanos han dejado caer que aunque hay un entendimiento con los socialistas catalanes en esta cuestión, este no se reproduce en Madrid. "Esperamos que podamos tener las modificaciones legislativas y permitan desarrollar el autogobierno. Mientras, queremos adecuar el ATC para que pueda recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF de forma progresiva", ha resuelto Romero.