Esquerra Republicana ha dado este viernes el paso de desafiar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentando en el Congreso de los Diputados la ley para que Catalunya gestione íntegramente el IRPF. Después de los obstáculos a la financiación singular que está poniendo la ministra socialista y candidata a las próximas elecciones en Andalucía, el grupo parlamentario capitaneado por Gabriel Rufián presenta una propuesta para "dotar a la Generalitat del marco legal para pasar de los actuales 5.000 millones a recaudar hasta 30.000 millones de euros anuales". La iniciativa registrada por el partido de Oriol Junqueras modifica la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos catalana para dotar la Agencia Tributaria de Catalunya del marco legal necesario.
El Ministerio de Hacienda advierte desde hace semanas que rechazan la propuesta de los republicanos porque implica que Catalunya gestione el 100% del IRPF, aunque este fuera el compromiso alcanzado en el pacto de investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, en el que se hablaba de "recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar" toda la contribución fiscal de los catalanes. Esquerra se ha ido quejando repetidamente de que el doble papel de Montero como ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía la inhabilita como negociadora en esta cuestión. La falta de acuerdo entre ambas partes ha provocado que ERC haya registrado la ley en solitario, y sin un acuerdo previo con el PSOE como se pretendía en un primer momento. El aviso de Oriol Junqueras, de todos modos, es claro: como socios imprescindibles tanto en el Parlament como en el Congreso, los republicanos no aprobarán ni los presupuestos catalanes ni los españoles si no se producen avances en la financiación singular.
"Hasta que no se resuelva la cuestión de la recaudación y del nuevo modelo de financiación, Esquerra Republicana no negociará unos nuevos presupuestos con los socialistas ni en el Parlament ni en el Congreso", reitera el presidente del partido, Oriol Junqueras, en declaraciones recogidas en un comunicado. En el escrito también se insiste en que los socialistas catalanes y españoles "lo tienen muy fácil" porque "si cumplen con Catalunya la legislatura es transitable". "Si no, será complicado", sentencia.
Paralelamente, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Gabriel Rufián, remarcado que esta propuesta "es un acto de valentía política" y exige al PSOE y al PSC que cumplan el acuerdo de investidura de Illa. También recuerda que, al tratarse de una ley orgánica, hará falta mayoría absoluta para aprobarla, y apela a Junts per Catalunya y a las fuerzas del bloque de investidura a apoyarla: "Si están a favor de que Catalunya recaude el IRPF y su gente viva mejor, que vote a favor de esta ley".
Junqueras fija la nueva financiación como prioridad
Precisamente, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha fijado el nuevo sistema de financiación como la gran prioridad del curso político. El grupo parlamentario republicano se ha reunido este viernes en Vacarisses para iniciar el curso político y fijar sus prioridades. El presidente republicano ha acusado el Estado español "de inmovilismo" con el sistema de financiación, cosa que, afirma, "perjudica la sociedad catalana y su economía". “No hay negociación presupuestaria, ni habrá, al menos, hasta que el PSOE cumpla con los compromisos adoptados en materia de modelo de financiación y de recaudación fiscal”, ha advertido Junqueras, que considera que todo ello ligó al futuro de las escuelas, hospitales o el tejido productivo.
Junqueras también ha puesto sobre la mesa la necesidad de una gobernanza catalana a las instituciones de Catalunya, poniendo de ejemplo el aeropuerto del Prat o Rodalies. “El que correspondería es que Catalunya -su sociedad, su tejido empresarial y sindical y sus instituciones- pudieran decidir sobre el modelo aeroportuario y sobre cómo se destinan los recursos que genera nuestro aeropuerto”, ha dicho el líder republicano. Junqueras también ha exigido en el gobierno español que encuentre las herramientas para "convencer" el resto de Estados para conseguir la oficialidad de la Unión Europea.