Dentro de tres días hará dos años de las elecciones generales del 23 de julio del 2023, y el gobierno de Pedro Sánchez llega a este aniversario sacudido por varios escándalos de corrupción que han salpicado el entorno del PSOE y sus socios. En este contexto, la prensa conservadora mantiene un pulso diario contra la Moncloa, presentando un relato de erosión implacable. Sin embargo, estos mismos medios minimizan los casos que afectan al PP, como la imputación reciente del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La estrategia es clara: retratar a Montoro como una figura aislada, desvinculada del partido, para preservar la imagen de renovación que intenta proyectar a Alberto Núñez Feijóo. Pero la realidad es más incómoda: tanto el gobierno como la oposición arrastran sombras que ponen en cuestión su compromiso con la transparencia y la ética. El Mundo acaba la semana celebrando (a su manera) esta efeméride de los dos años del 23-J. "El Gobierno diseña un 'reseteo' en verano para agotar la legislatura entre dudas: 'Podemos durar dos meses o dos años'", titula el diario este domingo. El diario conservador se refiere a estos dos años como "dos vueltas de calendario marcadas por una intensidad política fuera de medida" y recuerda que "el gobierno de Pedro Sánchez ha vivido en esta primera mitad de legislatura una sucesión vertiginosa de crisis: la amnistía, el caso Koldo, las tensiones con Junts y ERC, las imputaciones de familiares del presidente, y la erosión creciente de su entorno más próximo". Según El Mundo, Sánchez acumula más obstáculos personales e institucionales que ninguno de sus antecesores y, sin embargo, "todavía ocupa la Moncloa", apunta sorprendido el diario. Por todo eso, explica, en la Moncloa "confían en llegar vivos al otoño de 2025, mientras planean un 'reset' político en septiembre para dar sentido a lo que queda de mandato, centrándose en vivienda y regeneración democrática". Ahora bien, asegura que "la sensación general es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento".
Por su parte, el ABC entrevista a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, que vive escondida en algún lugar de Caracas. La conversación con el diario ha sido extensa y se ha hablado mucho de cómo trabaja desde la clandestinidad, pero el titular escogido es contra el socialismo español: "Negociar con secuestradores, como hace Zapatero, es una manera de avalarlos". El ABC pregunta a Machado qué le parece la actitud que el gobierno de España toma con el régimen de Maduro, y esta no se corta ni un pelo: "Lamentable pero previsible: España ha optado por no adoptar una posición firme ante los crímenes del régimen de Maduro, a pesar de las graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado reconocidas por organismos internacionales". Seguidamente, la periodista le pregunta si cree que Zapatero está "blanqueando a Maduro" y si lo hace por "intereses económicos", y Machado recuerda que "durante mucho tiempo, José Luis Rodríguez Zapatero se presentó como mediador neutral en el conflicto venezolano, afirmando que eso le permitía dialogar con el régimen de Maduro." Ahora bien, lamenta que con el tiempo "ha quedado claro que aquella interlocución beneficiaba más al régimen que a las víctimas". "Negociar con quien secuestra sin condenar sus crímenes es legitimarlos, y utilizar vidas humanas como moneda de cambio para intereses oscuros es profundamente inmoral", sentencia.
Con respecto a El País, asegura que "Hacienda concluye que Montoro impulsó la rebaja fiscal a las gasistas 'contra el criterio de los técnicos'". El diario recuerda que Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda entre 2011 y 2018, está siendo investigado por haber impulsado reformas fiscales que habrían beneficiado empresas que pagaban comisiones en el despacho que él mismo había fundado: Equipo Económico. Según la Fiscalía Anticorrupción y la misma Agencia Tributaria, Montoro habría tramitado estas reformas con urgencia y opacidad, y en contra del criterio técnico. Las empresas contrataban este bufete para conseguir acceso directo a Hacienda e influir en la legislación que los favorecía fiscalmente. La causa, recuerda, se centra especialmente en el sector gasista, que habría abonado casi 800.000 euros a Equipo Económico entre 2011 y 2019. Estas empresas obtuvieron dos rebajas fiscales importantes durante el mandato de Montoro: una bonificación del 85% al impuesto eléctrico y otra al impuesto de actividades económicas. Los correos intervenidos muestran como, después de fracasar por la vía parlamentaria, decidieron contratar el bufete fundado por Montoro para que, como decía uno de los mensajes: "la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro". ¿Qué dicen el resto de portadas de este domingo?