“El país sufre las consecuencias de una mala gestión por parte de los que han tenido y tienen las competencias. Los diferentes gobiernos españoles, una mala gestión y la negación del problema han llevado al colapso. El estado no ha podido o no ha querido controlar este fenómeno, lo queremos hacer nosotros”. Así ha defendido Míriam Nogueras la proposición de ley impulsada por el PSOE y Junts para traspasar las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya. La norma es un compromiso que se remonta a enero de 2024, a cambio del aval de los juntaires a los primeros tres decretos de la legislatura, y se materializó hace seis meses, poco después de que los juntaires retiraran la petición de que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Ahora bien, la votación está abocada al fracaso a causa del rechazo frontal de Podemos (y las reticencias de algunos sectores de Sumar). “La supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana, que es un factor de cohesión e integración social extraordinario”, ha verbalizado Míriam Nogueras.
Míriam Nogueras ha defendido la idoneidad del traspaso de competencias con la voluntad de poder “aumentar el autogobierno”, poder hacer una “gestión eficiente y de proximidad” y poder “controlar el actual desbordamiento”. “Este no es un debate sobre las políticas concretas que se tienen que aplicar en materia de inmigración, eso lo decidirán los catalanes, ni ustedes, ni hoy, ni aquí”, ha querido dejar claro. “Estamos proponiendo más poder político para Catalunya”, ha reiterado. Y ha acusado a los que han decidido “no intervenir” o “dar la espalda al problema” de “dejar la puerta abierta al colapso”, “radicalizar la sociedad” y “destruir el estado del bienestar de Catalunya que tanto ha costado de construir”.
“Las clases populares y medias que han trabajado y pagado impuestos toda la vida hoy no reciben los servicios públicos que necesitan, el sistema ha gripado. El problema no es que un recién llegado de familia sin recursos reciba ayudas, el problema es que mucha población de clase media y trabajadora, si lo necesita, hoy queda excluido”, ha verbalizado. Y ha puesto datos encima de la mesa. En los últimos quince años, “uno de cada cuatro inmigrantes llegado a España se han instalado en Catalunya”, que ha pasado de los seis a los ocho millones: “El país y los servicios han quedado saturados”, ha lamentado. “Más del 40% de los inmigrantes en Catalunya no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir”, ha añadido. Además, ha puesto la lupa en las escuelas: “No hay sistema educativo que pueda digerir estas cifras y menos si no hay los recursos para hacerlo. No hay aulas de acogida que garanticen el conocimiento de la lengua catalana y el conjunto del sistema educativo se está resintiendo”.
José Zaragoza defiende el traspaso dentro del “paraguas” de la Constitución: “Sigue dando sus frutos”
En el turno de presentación y defensa de la iniciativa, también ha intervenido el socialista José Zaragoza, que ha centrado su discurso en lanzar dardos contra el PP, un partido al que ha presentado como el “pionero” en el traspaso de competencias con el Pacto del Majestic que firmaron José María Aznar y Jordi Pujol en 1996 y que incluía, por ejemplo, el despliegue de los Mossos, las competencias de tráfico o la cesión del 30% del IRPF: “Si el PP vota en contra, no es porque no esté de acuerdo, si no estuvieran en los escaños de la oposición votarían a favor”, ha expresado.
El diputado del PSC ha justificado que lo que se vota hoy es una “medida constitucional” y que la Carta Magna “sigue dando sus frutos” y “continúa siendo” el “paraguas democrático” y ha subrayado que “siempre se trabajará conforme a la ley estatal”. Asimismo, ha defendido las bondades de la delegación de las competencias aduciendo que “permite ser más eficientes”, “mejorar la integración” y “reducir las duplicidades”. “No se trata de quitar competencias a nadie, se llama colaborar”, ha destacado. Y ha acabado, casi a modo de nota a pie de página, con un mensaje a Podemos: “Defienden mucho la España plural, pero hoy van a votar en contra de colaboración entre una autonomía y el estado, todavía estamos a tiempo de que este siglo sea un espacio de dignidad y esperanza”.
Míriam Nogueras arremete contra Podemos: “Siempre escogen la extrema España”
La líder de Junts en Madrid también ha cargado contra Podemos, que en los últimos días ha mantenido un duro enfrentamiento dialéctico contra esta iniciativa: “Es tan anticatalana y centralista la extrema derecha como lo es la extrema izquierda, siempre escogen la extrema España”, ha proclamado al final de su discurso. “Lo que puede pasar hoy es que el populismo de los dos extremos coincidan”, ha verbalizado. Asimismo, ha preguntado a Pablo Iglesias, que ayer envió al partido independentista “un poquito a la mierda”, si “cree que la gente de Esquerra Republicana es racista por querer que Catalunya tenga las competencias”.
Los días previos a la votación de la ley han estado marcados por una guerra dialéctica de alto voltaje entre Junts y Podemos. El fin de semana, el secretario general de los juntaires, Jordi Turull, tildó a los morados de “catalanófobos y anticatalanistas”, una expresión que enfureció a Podemos. El portavoz Pablo Fernández estalló y sostuvo que lo que había dicho Turull era “infame, una estupidez y una absoluta gilipollez”. “A este personaje le tendría que caer la cara de vergüenza”, añadió.
Mossos en la frontera y gestión de las expulsiones
Cuando anunció el acuerdo, Junts reivindicó que, con esta ley, Catalunya podría “desarrollar un modelo propio y una política integral”, dado que en “todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración”, las instituciones catalanas tendrían una “posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”.
Las principales novedades de la proposición de ley de Junts y el PSOE son que los Mossos d’Esquadra actuarán en la frontera y estarán presentes en puertos y aeropuertos, que la Generalitat expedirá el documento de identidad para los extranjeros, que Catalunya gestionará las expulsiones y devoluciones de extranjeros y los Centros de Internamiento de Extranjeros y que se configurará una “ventanilla única” de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Además, Catalunya podrá exigir el catalán para evitar la expulsión. La ley estipula que, en materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”.