La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha comprometido a "seguir mejorando y consolidando el autogobierno catalán" en caso de que este martes el Congreso de los Diputados tumbe, previsiblemente, la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración a causa de la suma de los votos en contra de Podemos, PP y Vox. No ha aclarado si el ejecutivo de Pedro Sánchez podría recuperar algunas de sus medidas a través de un decreto ley. Preguntada por el futuro de la legislatura —en tanto que esta iniciativa es uno de los grandes pactos de socialistas y juntaires este mandato— la también ministra de Educación ha insistido en que la voluntad es gobernar hasta 2027. Y que las derrotas forman parte de la normalidad de un parlamento fragmentado.
Fuentes de la Moncloa confirman que el Gobierno hará alguna maniobra para conseguir que se pongan en marcha algunas de las medidas incluidas en la norma que caerá este martes; aunque no concretan la manera. Este lunes, en una rueda de prensa desde la sede de Ferraz, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dejó entrever que las dos formaciones podrían estar preparando un Plan B. "Veremos qué pasa y entonces podremos avanzar o no alguna cosa más", afirmó ante los periodistas.
El Govern, preparado
Por su parte, el Govern de la Generalitat ha asegurado que está preparado para asumir las nuevas competencias de inmigración, pero ha evitado avanzar si reclamará su delegación en caso de que, como está previsto, no prospere la iniciativa. En este sentido, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, se ha remitido al compromiso del gobierno español en el sentido de que la propuesta "no quedará en un cajón".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Paneque ha negado que la proposición de ley tenga ningún contenido racista, ha defendido el papel de los Mossos, y ha asegurado que se trata de una ley buena para Catalunya y para el conjunto del Estado y que será una "pérdida" si se confirma el rechazo en el Congreso, por lo cual ha aconsejado a Podemos que ajuste las expresiones al contenido de los textos en vez de valorar las propuestas en función de quien las propone, en este caso, Junts per Catalunya.
Votación en el Congreso
Si no se produce ningún giro de guion, Podemos se aliará este martes con el PP y Vox y tumbará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de PSOE y Junts per Catalunya para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Se trata de uno de los acuerdos más importantes pendientes de cumplir por parte del Gobierno con los independentistas. El argumentario de los morados para hundir esta iniciativa se basa en repetir por activa y por pasiva que es una medida racista, y que el partido de Carles Puigdemont intenta con esta ley competir electoralmente con Aliança Catalana.
Pero la voluntad de Junts de conseguir estas competencias viene de lejos. Ya las exigió antes de que el partido de Sílvia Orriols tuviera representación en el Parlament, y mucho antes del sondeo publicado el domingo por La Vanguardia que sitúa a la extrema derecha catalana en una competición para convertirse en segunda fuerza política. La exposición de motivos de la norma, además, no describe la inmigración como dice Podemos. El texto apunta que es responsabilidad de los gobiernos "evitar posibles efectos" de la inmigración que "pudieran representar un riesgo". Y de hecho se señala que los "riesgos" están "alimentados por la desinformación y los bulos que pueden aprovechar las ideologías radicales de diferente signo que buscan erosionar los valores sobre los que se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa; un radicalismo que comprende desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los que la democracia tiene que reaccionar y actuar sin miramientos".
Disputa entre Junts y Podemos
Ante la posición fundamentalmente centralista de Podemos de negarse a delegar unas competencias a una comunidad autónoma, que no a un partido político, Junts per Catalunya ha elevado el tono contra los morados. El secretario general de la formación, Jordi Turull, los ha tachado sin ambages de "catalanófobos y anticatalanistas". La respuesta del partido de Ione Belarra e Irene Montero ha sido poner el grito en el cielo. El portavoz Pablo Fernández aseveró este lunes que es "infame, una estupidez y una absoluta gilipollez" que se les acuse en estos términos, después de haber sido "el único partido español" que visitó a los presos políticos en los centros penitenciarios y que se opuso a la aplicación del 155 en 2017. "A este personaje se le tendría que caer la cara de vergüenza", manifestó en rueda de prensa. También el exlíder de este partido, Pablo Iglesias, envió a los independentistas "a la mierda".