El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha tumbado con una amplia mayoría una moción presentada por Junts que pretendía impulsar una regulación específica del padrón municipal mediante la redacción de una ordenanza propia. La propuesta, que solo ha recibido el apoyo del PP, ha sido rechazada por el resto de grupos, que han alegado motivos legales para oponerse. Según se ha explicado durante el debate, el padrón es un registro administrativo de residencia regulado por la legislación estatal, y no puede ser utilizado por cuestiones relacionadas con la legalidad urbanística o contractual, como planteaba Junts. Esta iniciativa se suma a un debate más amplio, que, en los últimos meses, se ha extendido por varios ayuntamientos catalanes sobre la flexibilización de criterios en el empadronamiento. Durante la sesión, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha cargado duramente contra la formación independentista y les ha reprochado que "dejen de traer propuestas que intentan tapar las vergüenzas ante una Aliança per Catalunya que les come el terreno".

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En el texto presentado, Junts expresaba su preocupación por el hecho de que "la simple declaración de residencia en un domicilio, aunque sea fruto de una ocupación delincuencial, genere automáticamente derechos plenos", como el acceso a la escolarización o a la sanidad pública. Otro de los puntos polémicos de la propuesta planteaba "incorporar el arraigo como criterio de preferencia en las bases de adjudicación de vivienda pública municipal", una medida que ha sido criticada desde varios frentes. Desde ERC, Carles Farré ha defendido que "la vivienda pública tiene que ir a quien más lo necesita, no a quien lleva más años viviendo en Tarragona". Por su parte, Judit Gómez, de Vox, ha ido más allá en su crítica, afirmando que "el arraigo es un coladero de regularizaciones masivas" y advirtiendo que "no hay vivienda para todos".

El debate sobre el padrón municipal no es exclusivo de Tarragona y también ha generado polémica en otros puntos del territorio catalán. Uno de los casos más sonados ha sido el de Sant Cugat del Vallès, donde, según informó RAC1 este miércoles, el ayuntamiento ha detectado que 324 personas extranjeras se habían empadronado en el municipio entre la última semana de julio y el 18 de agosto. Ante las sospechas de irregularidades, el consistorio ha optado por congelar temporalmente los procedimientos y detener los empadronamientos mientras se llevan a cabo inspecciones para verificar la legalidad. Todo apunta a que se trata de casos fraudulentos, ya que en una decena de investigaciones cerradas hasta ahora se ha constatado que los contratos aportados eran falsos y que los solicitantes se habían atribuido direcciones ficticias con documentos manipulados. La problemática no es nueva, porque Sant Cugat protagonizó un episodio similar a finales de julio, cuando el teniente de alcaldía de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, anunció la baja masiva de más de 4.000 personas del padrón. El miembro de Junts acusó a la CUP —socio de gobierno en la anterior legislatura— de "no haber hecho los deberes" en la gestión de este registro.

¿Qué es el padrón?

El padrón municipal es el registro administrativo que acredita la residencia habitual de una persona en un determinado municipio y, según el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales (RD 1690/1986), toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el municipio donde reside habitualmente. En el caso de las personas sin domicilio fijo, su inscripción solo se puede formalizar si se ha puesto previamente en conocimiento de los servicios sociales. Esta inscripción no solo facilita el acceso a derechos como el de voto, la participación en la gestión municipal o el uso de los servicios públicos, sino que también comporta determinados deberes, incluida la contribución económica a los servicios locales. Para empadronarse, hay que acreditar "un título que legitime la ocupación de la vivienda" y la normativa, concretamente el artículo 16.2 de la Ley de bases de régimen local (LBRL), permite denegar el acceso al padrón si la persona no puede acreditar de manera fehaciente los datos exigidos.