"En el tema del padrón tiene que haber un cambio. No es lógico que puedas empadronar a una persona que dice que vive en el río. Pero no es lógico para la persona, porque te estás haciendo trampas en el solitario. Vas creando bolsas de marginalidad", este es la primera vez que el secretario general de Junts, Jordi Turull, pedía cambios en el sistema del padrón. Y es que es un debate vivo y polémico en el mundo municipal, hasta el punto que varios ayuntamientos han exigido cambios en esta cuestión ante algunas problemáticas que se encuentran en el día a día, como por ejemplo que en una misma vivienda se empadronen más de una decena de personas. El caso es que la normativa estatal obliga a empadronar a toda persona que viva en un municipio y su objetivo es registrar de forma administrativa a sus vecinos y sus datos constituyen como prueba de la residencia en este municipio.
¿Qué es el padrón?
Según el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de laso Entidades Locales (RD 1690/1986), toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el cual reside habitualmente y aquellos que no tengan un domicilio solo se podrá llevar a término las inscripciones al padrón después de haberlo puesto en conocimiento de los servicios sociales. El padrón facilita unos derechos, pero también unos deberes, como ser elector y elegible, participar en la gestión municipal, utilizar los servicios públicos municipales o contribuir de forma económica. A la hora de inscribirse en el padrón, se exige que el ciudadano lleve "un título que legitime la ocupación de la vivienda" y, al mismo tiempo, de acuerdo con el artículo 16.2 LBRL, se puede denegar el acceso al padrón municipal si la persona no dispone de alguno de los documentos necesarios para acreditar los datos que tienen que constar.
Ante esta situación, hay varios ayuntamientos que se han puesto duros en la cuestión del empadronamiento. Según un informe de la Xarxa d'Entitats pel Padró del 2024 los municipios de Alcanar, Arbúcies, Agramunt, Arenys de Mar, Badalona, Balenyà, Barcelona, Bellpuig, Calafell, Cornellà, el Masnou, Figueres, Igualada, l'Hospitalet de Llobregat, Llagostera, Lleida, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Olot, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripoll, Sabadell, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Farners, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa, Tremp, Vic y Vilanova i la Geltrú son los que ponen más dificultades.
Según la misma entidad, las principales vulneraciones se basan en la falta de información y los protocolos "poco claros" para solicitar el padrón y consideran que "no hacen públicos" los circuitos que se tienen que poder seguir para poder empadronarse y los requisitos a cumplir. Además, también denuncian que los formularios de empadronamiento tampoco contemplan la totalidad de situaciones en qué se encuentran las personas con que solicitan el empadronamiento y que se encuentran en exclusión social, como puede ser el realquiler de habitaciones, el sinhogarismo o las infraviviendas.
Junts apuesta por prohibir el empadronamiento a los ocupas y que la Generalitat se haga cargo
El caso es que los juntaires plantean reformas a la ley 7/1985 y en el Decreto 1690/1986 para exigir un título habilitante y blindar la verificación de la residencia con el objetivo de "no aceptar que de una ocupación de un inmueble se pueda derivar la condición de ciudadanía municipal a través del padrón" y que la Generalitat asuma los casos no empadronables. De hecho, ponen el ejemplo del Ayuntamiento de Martorell, que, con su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts), aseguran que "ha encabezado con persistencia la oposición contra el empadronamiento de ocupas (aquellos que no posean un justo título para habitar el inmueble)". De hecho, Fonollosa en más de una ocasión ha defendido que no se puede empadronar ocupas porque "de un delito no pueden nacer derechos" y que solo empadronará ocupas si un juez se lo ordena. Por eso, el Ayuntamiento martorellenc enfrenta una demanda judicial interpuesta por varios vecinos con el apoyo de entidades sociales.
Otro ejemplo que ponen los juntaires es Sant Vicenç de Castellet, que, aseguran, ha sido el primer municipio de Catalunya al desarrollar una ordenanza reguladora del padrón municipal, "con la voluntad de ser proactivos en la detección del fraude y estableciendo un protocolo de verificación de los datos y un régimen sancionador para luchar contra las ilegalidades". También ponen de ejemplo Figueres, que ha incrementado los recursos destinados al procedimiento del empadronamiento a través de unos agentes verificadores que se personan a los domicilios para hacer las comprobaciones sobre la veracidad de la residencia. De hecho, Figueres anunció que había dado de baja a 804 personas del padrón en un año, insinuando que todos los casos eran fraudulentos.
El ejemplo de Sant Cugat: aplicar estrictamente la ley y órdenes de inspecciones en viviendas ocupadas
Otro Ayuntamiento que se ha movido en la cuestión de los empadronamientos es Sant Cugat del Vallès, con su alcalde, Josep Maria Vallés (Junts). Los juntaires apuestan por ampliar de tres a diez años el tiempo de empadronamiento necesario en un municipio por optar en una vivienda pública. El exconseller Jordi Puigneró, actual teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Buen Gobierno y Ciudad Digital, admite que "venimos de unos años en los cuales ha habido una dejadez política en la cuestión de los empadronamientos". "En Sant Cugat hemos decidido poner orden y aplicar la ley con una lectura estricta", defiende Jordi Puigneró en unas declaraciones en El Nacional.cat, desde donde asegura que se producen "empadronamientos ficticios o ocupaciones".
Puigneró considera que el empadronamiento también tiene que ir relacionado a un arraigo y hablar de unos derechos y unos deberes. "Queremos que todos aquellos servicios, como el hecho de acceder en una vivienda, sean para las personas que están arraigadas en la ciudad y sean las primeras a poder quedarse, ante una persona que lleva poco tiempo en la ciudad", defensa Puigneró, que defiende unas políticas a fin de que la ciudadanía no se marche de la ciudad. El concejal del Ayuntamiento de Sant Cugat apuesta por cumplir la ley a través de una lectura estricta. "Si antes te podías empadronar con un simple recibo de un banco, ahora se necesita un contrato de propiedad o de alquiler. También hemos detenido los empadronamientos en cadena", ha dicho Puigneró, que defiende la propuesta de Junts. De hecho, el concejal también explica que han dado órdenes de hacer inspecciones periódicas en las viviendas ocupadas para comprobar si residen en él, pero admite que los ocupas, con la ley en la mano, sí que se pueden empadronar.
El alcalde de Calella pide una "reforma completa" de la ley
Otro alcalde que pide cambios es el de Calella. Marc Buch considera que el sistema de padrón está pensado para los años 80' y se ha convertido en una herramienta por generar "circunstancias que no son normales". "No se puede tolerar que se tenga que aceptar empadronar a una persona en un banco o una cueva. Hace falta una reforma completa. Si tú vienes con un visado de turista no tiene ningún sentido que te puedas empadronar", critica Buch, que considera "insostenible" el crecimiento demográfico actual. El alcalde de Calella recuerda que cuando una persona se empadrona accede a todos los derechos, pero el servicio público es cada vez de "menos calidad". "No tenemos capacidad de absorber la demanda y a personas que están en una situación compleja", dice Buch en declaraciones a El Nacional.cat. El alcalde calellenc explica que la ley también dice que para poder trabajar tienes que poder estar empadronado, y por eso pide un cambio drástico de la ley. Para empadronarte, la ley exige un título de propiedad, un contrato de alquiler o que el propietario de vivienda te da permiso. Por el contrario, la ley también te dice que si demuestras que vives en un sitio te tienen que empadronar, a toda costa, indiferentemente del título", dice Buch.
El Parlament defiende multar en los ayuntamientos que nieguen el padrón
La otra cara de la moneda son PSC, ERC, Comuns y CUP. El Parlament de Catalunya aprobó una moción de los republicanos en la cual reclamaban sanciones a los ayuntamientos que denieguen el padrón y consideran que la denegación del empadronamiento por parte de algunos municipios supone una "vulneración de derechos". El texto defendía que el padrón municipal "tiene que ser un reflejo fiel de la realidad, por lo tanto, que tienen que estar inscritas todas las personas que residan habitualmente en un municipio, independientemente de su situación administrativa o tipo de vivienda". El texto aprobado apostaba por reforzar la colaboración con entidades y defensora del pueblo para "identificar y denunciar" los casos de dilación temporal o denegación del empadronamiento "a menudo motivados por razones discriminatorias". La moción defendía que se tiene que condenar y rechazar "la estigmatización y criminalización de las personas migradas" y añade que a menudo se hace con noticias falsas y datos manipulados para "atizar el miedo".
Con todo, varios ayuntamientos gobernados por el PSC consultados por El Nacional.cat apuestan para seguir cumpliendo la normativa actual. Un ejemplo es la consellera de Tarragona de Hacienda, Servicios Internos y Tecnología y Educación, Isabel Mascaró, que asegura no tener "ningún problema al cumplir la normativa actual". "Seguimos el decálogo para garantizar el empadronamiento en Catalunya establecido por la Generalitat", asegura. Una línea similar a la del alcalde de Vilafranca, FranCisco Romero, quien defiende seguir la normativa vigente. "No tenemos ninguna queja ni reclamación que nos conste al respecto", asegura. Por su parte, el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, también defiende cumplir la ley como ayuntamiento y cree que son los partidos políticos con representación en el Congreso quién tienen que decidir si se tiene que hacer algún cambio legal. Ahora bien, critica sobre todo los bancos para tener una "bolsa de pisos vacíos que generan ocupaciones". "Liberamos los pisos y pongámoslos en condiciones de habitabilidad, porque el padrón es una consecuencia", defiende.
ERC defiende cumplir la ley pero también unas "reglas del juego" más claras
A su vez, el alcalde de Amposta, Adam Majó, de ERC, niega a ElNacional.cat que el sistema de empadronamientos actuales presente grandes problemas y considera hace falta explicar a la ciudadanía que los ayuntamientos empadronan a los vecinos porque es su deber como institución. Con todo, también explica que en su ciudad se ha creado una Comisión de Empadronamiento, que se reúne cuando se presentan situaciones en que es difícil decidir si se debe o no empadronar una persona, "casos excepcionales", subraya. Los hechos que normalmente generan dudas son cuando las personas no tienen documentación o se encuentran en situación irregular. Con respecto a los ocupaciones, el alcalde de la capital del Montsià recuerda la situación "complicada" que se dió pocos años atrás cuando se ocuparon decenas de viviendas que estaban vacías a raíz del boom inmobiliario. En este sentido, advierte que en Amposta no empadronan a personas que ocupan casas privadas, mientras que en los casos de casas de bancos se hacía un empadronamiento de forma "selectiva". Esta crisis se resolvió y considera que sus vecinos entendieron la acción del gobierno municipal, porque en las elecciones del 2023, ERC volvió a ganar por mayoría absoluta. Con todo, coincide en que en algunos casos la responsabilidad recae demasiado sobre los ayuntamientos, "como en todo aquello que no está lo suficientemente bien regulado". "Se nos pide resolver situaciones que a menudo no tenemos las herramientas para resolver y se nos cargan las críticas del padrón cuando lo que hacemos es cumplir la ley", reflexiona, asegurando que más que modificar el sistema actual del padrón lo que se necesita es una mirada mucho más amplia y "global".
Jordi Viñas es alcalde de Salt por ERC y también diputado republicano en el Parlament. En los últimos meses, su municipio ha sido noticia por los disturbios y enfrentamientos entre vecinos y la policía para intentar evitar el desalojo del imán de la ciudad y su familia. Viñas recuerda que, ahora mismo, el padrón es la vía para que muchos ciudadanos tengan garantizados los derechos básicos y que, aunque a veces puede suponer una sobrecarga para|por los trabajadores municipales, es su deber cumplirlo. Preguntado por como se podría mejorar el sistema, considera que la clave es un trabajo conjunto con las entidades sociales y también un pacto político amplio. Así, el alcalde de Salt destaca que si bien su ayuntamiento hace "efectivo" el derecho al empadronamiento, también hay otros que lo dificultan. Por eso, reclama unos criterios que fijen unas "reglas del juego" más claras. El debate está vivo en el mundo municipal catalán y las soluciones són complejas.