Los grupos parlamentarios de Junts, Esquerra Republicana, Comuns y CUP han anunciado este lunes que elevarán a la Fiscalía las incomparecencias de los exdelegados del Gobierno Enric Millo y Maria Eugènia en la comisión de investigaciones del Parlamento sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales. El representante del gobierno del Estado en Catalunya del 2016 al 2018, Josep Enric Millo, y quien lo fue entre el 2022 y el 2023, Maria Eugènia Gay, estaban citados este lunes en la Comisión de Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de los Países Catalanes y sobre el Espionaje con Software Espía por parte del Reino de España.

Esta es la segunda vez que la mesa los convocaba, después de que el martes 23 de septiembre Millo y Gay desatendieran por primera vez la convocatoria en el Parlament para dar explicaciones del espionaje mientras eran delegados del gobierno español en Catalunya. En vista de este segundo incumplimiento, y tal como establece el artículo 68 del reglamento del Parlament, la comisión ha aprobado elevar las incomparecencias a la Mesa del Parlament, que a su vez será la responsable de fundamentar jurídicamente la denuncia ante la Fiscalía.

Los cuatro grupos parlamentarios quieren denunciar, de esta manera, el “desprecio y el desinterés” por parte de antiguos miembros del gobierno español y representantes del PP y PSC para dar explicaciones sobre las vulneraciones de derecho del Estado a través del espionaje y las infiltraciones policiales. En este sentido, Junts, Esquerra, Comuns y CUP se comprometen a emprender “las medidas jurídicas y legales pertinentes” en caso de que este incumplimiento se extienda en comparecencias futuras en la misma comisión parlamentaria.

Ya en junio del 2023, la comisión del Catalangate vivió una situación similar, cuando Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo y Maria Eugènia Gay desatendieron por segunda vez la citación del Parlament para dar explicaciones sobre el espionaje con Pegasus. Aquella vez, solo Rajoy envió un burofax alegando dictámenes del Consejo de Estado para justificar su ausencia. Ante la reiterada incomparecencia, ERC, Junts y la CUP acordaron llevar el caso a la Fiscalía, y los comunes apoyaron, amparándose también en el artículo 68 del reglamento del Parlamento. Aquel episodio marcó un precedente que ahora se repite, reforzando el argumento de los grupos que denuncian un patrón de “desprecio” hacia las instituciones catalanas.