Así, de una manera sigilosa, sutil y previsora, sabe actuar el Estado español cuando le interesa. Y desde el primer momento se ha comportado de esta manera, cuando estalló el 18 de abril de 2022, un Lunes de Pascua, el conocido como Catalangate. Todo fue a raíz de que un portal de investigación canadiense, Citizen Lab, hizo pública una lista de 65 independentistas catalanes espiados entre 2017 y 2020 con dos softwares, Pegasus y Candiru, que solo pueden comprar los Estados. Era relativamente fácil llegar a la conclusión de que detrás de la investigación ilegal contra los independentistas catalanes estaba, en consecuencia, el Estado español en alguna de sus ramas: la justicia, el CNI u otros servicios oficiales.

Han transcurrido tres años largos desde aquel vergonzoso descubrimiento, que hizo correr ríos de tinta, más en uno de los bandos, el independentista, el afectado, que en el otro, el del gobierno socialista, el beneficiado, ya que cuando eso sucedió el PP ya estaba en la oposición. Por en medio una cuestión nada menor: el independentismo catalán ha estado en su conjunto, estos últimos años Junts y Esquerra y antes solo los segundos, apoyando con más o menos intensidad a Pedro Sánchez. Lo obtenido para poder tirar de este hilo, en el que aparecían políticos infestados tan relevantes como tres presidents de la Generalitat —Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès y el núcleo duro del president Carles Puigdemont—, el caso más grave en Europa, se reduce a un cese de la entonces directora del CNI y el reconocimiento, en una comisión de secretos oficiales del Congreso, de los servicios de inteligencia españoles de haber espiado, con autorización judicial, a 18 cargos y líderes independentistas sin aclarar si se usó el programa Pegasus.

Muy poco, ciertamente. Parece como si se hubiera querido correr un tupido velo y de este tema se habla lo mínimo posible. Este domingo, una muy buena información publicada en nuestro diario por Mayte Piulachs nos recuerda que estamos a punto de que muchas de las investigaciones judiciales en marcha dejen de existir como tales, ya que a la docena que están activas sobre el espionaje al independentismo catalán con la infección de sus móviles con el software Pegasus se les acaba el tiempo. Porque la mayoría se produjeron entre los años 2019 y 2020, y el delito de revelación de secretos —el principal en estas causas— prescribe a los 5 años de haberse sucedido los hechos. En la mayoría de causas este plazo se cumplirá el próximo mes de octubre.

Parece como si se hubiera querido correr un tupido velo y de este tema se habla lo mínimo posible

Cierto que cada causa tiene su propio ritmo y en unas se ha investigado algo y en otras se ha mirado de ir pasando el tiempo. Los afectados ya hicieron su trabajo y la mayoría de miembros de ERC, la CUP, Junts, Òmnium Cultural y la ANC presentaron querellas en los juzgados de Barcelona y Madrid contra directores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la empresa israelí NSO Group, titular del software Pegasus, y directores de la Guardia Civil. ¿Qué supondría la prescripción? Pues que no se podrá imputar a ningún cargo público ni privado más y las causas se tendrán que archivar o llevar a juicio con los indicios alcanzados hasta ahora.

Tan poco que el Catalangate desaparecería de los juzgados casi sin dejar rastro. No es que no haya caso, obviamente, sino que el Estado español ha querido deliberadamente que no lo haya. Para unos será una lástima, para otros una vergüenza y para otros el final previsto de la lucha contra el Estado.