Este miércoles, 1 de octubre, se cumple el octavo aniversario de la celebración del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, con el independentismo desmovilizado en la calle y en las principales instituciones catalanas. La persecución policial y judicial también se ha amortiguado con la aplicación de la ley de amnistía del procés, en vigor desde junio de 2024. No obstante, la norma del olvido penal continúa bloqueada para el Govern de Carles Puigdemont, quien continúa en el exilio desde 2017 porque el Tribunal Supremo no le quiere aplicar la ley del olvido penal, tampoco a su equipo condenado por sedición e indultada la pena de prisión, pero no la inhabilitación, como al exvicepresidente del Govern y actual presidente de ERC, Oriol Junqueras. Paralelamente, hay activistas pendientes de juicio porque los tribunales no les han querido aplicar la amnistía al asegurar que su confrontación, de base ideológica, nada tiene que ver con el 1-O. Así, en este año y pico de la ley de amnistía, los agentes de la policía española y la Guardia Civil son los máximos beneficiados. Solo cuatro serán juzgados por haber herido de gravedad a Roger Español, al reventarle el ojo derecho con el disparo de una pelota de goma, lanzada en los alrededores de un centro de votación del 1-O en Barcelona.
La formación Alerta Solidària, que defiende a buena parte de los activistas independentistas, es quien ha mantenido al día un recuento de las personas y casos amnistiados. Los casos revisados por jueces y tribunales han superado el medio millar de personas. De las 539 personas investigadas, se ha concedido la amnistía a 173 manifestantes, 129 agentes de policía y 66 políticos o cargos pública. La última amnistía destacada otorgada, y para sorpresa de todo el mundo, fue a los 40 excargos del Govern por la organización del 1-O, con dos excepciones, el 11 de junio pasado. Por el contrario, los cinco síndicos electorales del 1-O continúan en un callejón sin salida, aunque la ley de amnistía es bien clara, que se tiene que aplicar en el momento en que esté el procedimiento.
Imágenes que no se olvidan
A pesar de la desmovilización, las violentas actuaciones de los agentes de la policía española y de la Guardia Civil contra ciudadanos que esperaban votar, nunca se olvidarán. Incluso, personas en contra del 1-O calificaron de intolerable estas actuaciones, y al mediodía el Gobierno ordenó detener las intervenciones en los centros de votación. La imagen de una mujer con un boquete sangrante en la cabeza por un golpe de porra de un agente de la policía, en la escuela Mediterrània de Barcelona, se hizo viral, así como las personas que eran lanzadas escaleras abajo de un centro, incluso una mujer arrastrada de los pelos por un polícia. Todas estas agresiones han sido amnistiadas, a pesar de que entidades cívicas han presentado recursos en contra.
Más juristas críticos con el Supremo
La terquedad del Tribunal Supremo para no amnistiar a los líderes de Junts y ERC por la malversación del 1-O ha sido abiertamente criticada por juristas. Uno de los últimos es el exfiscal jefe de Catalunya, José María Mena, en un artículo en El País, donde escribe habitualmente. Mena ya calificó de excesivas las penas de 9 a 13 años de prisión impuesta por el alto tribunal a los líderes del procés. Y ahora acusa al tribunal, hasta ahora presidido por Manuel Marchena, “de inventarse un insólito supuesto de ahorro punible” para no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont, Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. Recuerda que el Supremo los condenó por administración desleal, pero ahora el tribunal sostiene que tuvieron “beneficios de carácter personal”, que es el supuesto que la ley fija para no amnistiar. Y con su ironía, Mena califica "de exquisito” el tribunal, con sus motivaciones, donde razonan que se beneficiaron porque no gastaron ni un euro de su bolsillo. Y la necesidad de excusarse de que no hace un razonamiento extravagante, se delata, según Mena.
Para escuchar un nuevo razonamiento judicial sobre la amnistía de la malversación con poder de cambio, solo resta la del Tribunal Constitucional (TC), que ahora admitirá a trámite los recursos de amparo pendientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también tiene que dar su parecer sobre la consulta del Tribunal de Cuentas por el gasto del 1-O, y de la Audiencia Nacional por la causa contra los 12 CDR, acusados de terrorismo. El primer paso será el 13 de noviembre, cuando el abogado general del TJUE anuncie sus conclusiones.
El juicio a los policías que lesionaron a Español
Pronto, la Audiencia de Barcelona también tiene que anunciar la fecha del juicio al escopetero y a los tres superiores de la policía española, acusados de mutilar a Roger Español. El activista, con la acusación de Irídia, les pide 13 años de prisión a cada uno.
Por su parte, Alerta Solidària ha denunciado que la Audiencia de Barcelona ha programado el juicio a cuatro activistas, entre ellos Adri, por una protesta contra la policía española, al rehusarles aplicar la ley de amnistía. El juicio se ha programado para noviembre, aunque la sala de apelaciones del TSJC tiene pendiente de resolver sus recursos. La confrontación ideológica es descartada en la amnistía, por parte de la Fiscalía y tribunales, cuando es contra simbología española, según diferentes resoluciones.
Y a pesar de la desmovilización, la Assemblea Nacional de Catalana (ANC) ha organizado varios actos para conmemorar el aniversario del 1-O, así como las asambleas territoriales del país. Por ejemplo, el 3 de octubre los presidentes de los Países Catalanes, Quim Torra (presidente de la Generalitat Catalunya, 2018-2020), Josep Lluís Albinyana (presidente del Consell del País Valencià,1978-79) y Cristòfol Soler (presidente del Govern Balear 1995-1996) participarán en un debate sobre el compromiso independentista, en el auditorio de la Fundació Conservatori Liceu.