Jueces y tribunales han revisado la causa penal contra cerca de medio millar de personas para aplicarles o no la ley de amnistía del procés, que este viernes cumplirá el primer año de su aprobación, después de un choque político en el Congreso y el Senado. De las 499 personas investigadas o juzgadas, 328 han sido amnistiadas y se les ha concedido el archivo de su procedimiento penal; se han denegado a 103 encausados y 68 se han derivado a otros tribunales, según los datos facilitados por la organización de la Izquierda Independentista Alerta Solidaria, este martes. De los 328 beneficiarios, 173 son manifestantes, 129 agentes de la policía española, la Guardia Civil y Mossos, y finalmente, 26 políticos. En este recuento no se han incluido los 40 excargos políticos investigados por la organización del 1-O a quien recientemente, y por sorpresa, la Fiscalía ha pedido que se les amnistíe y se está pendiente de la resolución de la Audiencia de Barcelona.
La aplicación de la ley de amnistía empezó el 11 de junio pasado, con su entrada en vigor, después de la aprobación. Hasta hace pocos meses, los agentes de la policía española eran los más beneficiados con respecto a la aplicación a la ley de amnistía. Ahora, hay más manifestantes amnistiados, pero los agentes de los cuerpos policías salen todavía ganando porque solo en 4 casos se les ha denegado el archivo de su caso, que es la causa por la mutilación del ojo derecho del activista Roger Español. Por el contrario, hay 76 manifestantes y 23 políticos a quienes se les ha denegado la amnistía, según los datos de Alerta Solidaria. Y Finalmente, hay 52 cargos políticos y 16 manifestantes (como los CDR, acusados de terrorismo), que tienen la amnistía congelada a la espera de que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde diferentes tribunales han derivado su causa.
"Solo favorecen al Estado"
"El baile de cifras muestra la extraordinaria eficacia de la ley respecto de los policías y las dificultades que encontramos en el lado independentista. Se nos prometía la panacea y no ha sido así", ha manifestado Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidaria a este diario. Y ha añadido: "Más grave todavía, más allá de los números, la ley de amnistía, junto con otras medidas, ha contribuido a pacificar el país a fuerza de calmar el independentismo y, peor, lejos de las promesas de Junts y ERC, no ha servido para avanzar en el reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni para frenar la represión. Nosotros no hemos olvidado estas promesas y no normalizamos que se nos engañe con pactos que solo favorecen al Estado".
La oposición del Supremo
La ley se aprobó, el 30 de mayo de 2024, con los 177 votos a favor del PSOE, Sumó, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, que se impusieron a los 172 en contra del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Desde entonces, la ley de amnistía del procés no solo agrandó la fuerte división entre los dos grupos políticos españoles, PSOE-PP, sino que la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo, han expresado su rechazo frontal a aplicarla.
Es una guerra inédita, entre el poder legislativo y el judicial, que perjudica a los principales líderes políticos de Junts y de ERC, como el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.
Además, a finales de junio, el Tribunal Constitucional (TC) hará pública su primera sentencia sobre la ley de amnistía, por el recurso presentado por el grupo del PP, que puede aprobarla. Sin embargo, su aplicación tiene que ser por el tribunal. Es decir, el Supremo tiene la última palabra.